Provincial Osorno: Fallo de la ANFP obliga a millonario pago a Blanco y Negro
El Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ordenó a Deportes Provincial Osorno el pago obligatorio de USD 56.877 a Blanco y Negro S.A. en un plazo máximo de 15 días.
La resolución judicial deportiva, gatillada por un requerimiento relacionado a los derechos de formación del futbolista Carlos Soto, acoge parcialmente la demanda interpuesta por la concesionaria que administra a Colo-Colo tras meses de litigio.
A través de un comunicado oficial emitido en Osorno, junio de 2026, la dirigencia del club calificado como el "Toro" advirtió que el dictamen representa un duro golpe que atenta de forma directa contra su continuidad operativa y financiera.
Frente a este adverso escenario económico, la directiva de Deportes Provincial Osorno confirmó que redoblará los esfuerzos institucionales, mientras evalúa de forma exhaustiva las herramientas legales y los pasos concretos a seguir.
De manera paralela, la institución ratificó que mantendrá las acciones legales ya iniciadas ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) impugnando la procedencia de dichos cobros.
La resolución judicial deportiva, gatillada por un requerimiento relacionado a los derechos de formación del futbolista Carlos Soto, acoge parcialmente la demanda interpuesta por la concesionaria que administra a Colo-Colo tras meses de litigio.
A través de un comunicado oficial emitido en Osorno, junio de 2026, la dirigencia del club calificado como el "Toro" advirtió que el dictamen representa un duro golpe que atenta de forma directa contra su continuidad operativa y financiera.
Frente a este adverso escenario económico, la directiva de Deportes Provincial Osorno confirmó que redoblará los esfuerzos institucionales, mientras evalúa de forma exhaustiva las herramientas legales y los pasos concretos a seguir.
De manera paralela, la institución ratificó que mantendrá las acciones legales ya iniciadas ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) impugnando la procedencia de dichos cobros.
