Acusación Constitucional contra Ministro de Educación: Una Mirada desde el Profesorado
Recientemente, parlamentarios del más amplio arco opositor presentaron una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer. Como es de conocimiento público, tres son los cargos que los diputados le formulan al secretario de Estado: omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales, infringir la Constitución y desconocer un poder del Estado, cargos que, si prospera el libelo en la Cámara, deberán ser votados por el Senado, que actúa como juez.
La acusación busca, principalmente, interpelar al titular del MINEDUC por su discreto desempeño en la regulación y sanción del lucro en la educación superior, y en particular, en el bullado y lamentable episodio de la Universidad del Mar.
Los principales ejes de la acusación contra Beyer son categóricos, y dan cuenta de “falta de probidad administrativa; omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales —en particular la de fiscalizar las actividades del sector- y no ejercer el control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia.
Pese a que desde la derecha –y también algunos ex funcionarios de educación vinculados sobre todo al PPD- se cuestionó la oportunidad y mérito de la presentación, es bueno recordar que las autoridades tienen un mandato constitucional y no pueden hacer oídos sordos frente a ello: en el caso de Beyer, ese deber dice relación con velar por el derecho a la educación, derecho que en el caso de la Universidad del Mar, se vulneró.
Para el profesorado, la acusación contra Beyer y su eventual salida del MINEDUC no sólo es pertinente, sino que además necesaria, no sólo por el tema del lucro, aun más por su deficiente gestión al frente de esa importante cartera. En estas breves líneas, me permito apuntar cinco elementos contundentes por los cuales los profesores adherimos a la acusación contra Beyer:
Al interior del MINEDUC de Beyer funciona una Unidad de Currículum y Evaluación que presenta un notable desorden y desorientación, que mantiene en la incertidumbre a todos los establecimientos educacionales del país.
Hoy existen cinco currículos nacionales diferentes: Bases y Programas de Educación Preescolar, Bases y Programas de Estudio de 1º a 4º Básico, Bases (en todas las asignaturas de 5º y 6º), pero Programas de Estudios en algunas asignaturas de 5º y 6º básico, Ajustes Currículares de 7º Básico a 3º Medio, y Programas de la Reforma Antigua en 4º medio. Tal dispersión, evidentemente, produce desconcierto y no solo incertidumbre, pues, esta herramienta (el currículo) es la piedra angular para alcanzar una educación de calidad. Ni que hablar de orientación desde esa cartera a las escuelas y liceos.
Errores y desprolijidades en la gestión y administración de iniciativas como el Programa Yo Elijo mi PC, donde existen alumnos y alumnas que –pese a contar con todos los requisitos- aun no han podido acceder a su computador, situación que llega al 15% en algunas regiones del país.
Probablemente el grueso de los ciudadanos no lo sepa, pero el MINEDUC se encuentra sometido actualmente a una investigación sumaria administrativa de la Contraloría General de la República debido al negligente diseño, fiscalización, supervisión y monitoreo del proceso de compras de los textos escolares 2012, investigación sumaria que se generó porque esa cartera no respondió en el tiempo establecidos los descargos que realizo el ente contralor.
Entre las irregularidades halladas en el Programa de Recursos Educativos-Textos Escolares, se encuentra el no cobro de multas a proveedores que entregaron los libros fuera de plazo, por lo que se ordenó el inicio de un sumario administrativo. Todo en el marco de una serie de deficiencias de control interno que el órgano contralor critica duramente. La investigación, que abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de mayo 2012, no deja en buen pie la labor de la Subsecretaría -liderada por Fernando Rojas- en torno al programa que establece la entrega gratuita de libros para los estudiantes y profesores de los establecimientos educacionales municipales y subvencionados del país, en vista de una larga lista de deficiencias.
Un tema preocupante, fue el hecho de que a lo menos en 106 casos, el MINEDUC recepcionó textos fuera del plazo establecido para la entrega de los mismos, de acuerdo a los convenios suscritos con los proveedores. Estos atrasos contemplan la aplicación de multas, pese a lo cual éstas nunca fueron cobradas, situación que “denota deficiencias de control interno y faltas a los principios de eficiencia y eficacia que regulan los actos de la administración del Estado”. En total, el no cobro de de estas multas “ocasionó un perjuicio al patrimonio fiscal por la suma de M$ 35.217.
Se suma a lo anterior, el fracaso absoluto del Programa Vocación de Profesor, para motivar que los alumnos con 600 puntos (Igual o superior), opten por las carreras de pedagogías y estudien gratis. Nada han dicho, pero casi el 50% de los millonarios recursos destinados no fueron utilizados y están ahí empozados ¿Por qué?, sencillo y simple, la vocación no se compra ni vende, lo que trae consigo que fueron muy pocos los que optan a este programa.
Tan claro como lo anterior parece la evidente ausencia de control jerárquico de parte de Beyer a órganos de su dependencia, como son la División de Educación Superior del ministerio y el Servicio de Información de Educación Superior.
Es así que en el documento acusatorio preparado por los diputados se plantea que “al jefe de la División de Educación Superior le constaban las vulneraciones a la prohibición del lucro que rige a las universidades” y que “dicho jefe superior de la división señaló que no había evidencia que le permitiera denunciar o investigar dichos ilícitos. Es más, señala la posibilidad de que el ministerio pueda ejercer ciertas iniciativas en el evento que estas vulneraciones se produjeran, lo que se contradice abiertamente con lo mencionado por el actual Ministro en varias ocasiones en torno a mencionar que su cartera no dispondría de las facultades necesarias para hacerlo”.
Las facultades jurídicas para haber podido evitar estas flagrantes vulneraciones se hubieran podido prevenir y remediar si es que hubiera actuado conforme le ordena el sistema jurídico. No obstante ello, y debido a la omisión del Ministro de fiscalizarlas, esta División permaneció en la inactividad”.
Aquí resulta evidente que el ministro ha incurrido en una falta personal, por cuanto, su omisión genera una completa desprotección del derecho a la educación consagrado en nuestra Constitución.
Aun más: Las contravenciones a la ley eran flagrantes, a tal punto que se convirtieron en hechos públicos y notorios. Por consiguiente, era de responsabilidad del Ministro, instruir a sus subalternos requerir la utilización de todas las herramientas legales con tal de detener esta completa impunidad que se estaba cometiendo.
El resultado final de esta acusación en la sala es aún una incógnita. Pero más allá de lo contingente, centenares de estudiantes de la Universidad del Mar y sus familias seguirán esperando una respuesta adecuada –que no llegará- de parte de un ministro que prometió, pero que a la larga actuó de manera negligente. Por ello, el Parlamento, y especialmente sus senadores, deben entender que depende de ellos también el que no sigan millones de niños, jóvenes y adultos, sus familias, docentes, escuelas y liceos bajo una administración que presenta indicadores de gestión lamentables y por debajo de todo estándar mínimo de calidad.
Como vemos no solo por la acusación constitucional Beyer debe irse, su labor en el MINEDUC es francamente deficiente, en todos los frentes de esta cartera y por consiguiente también en lo político y técnico.
