¿Hacia dónde avanza la participación ciudadana y el liderazgo de los dirigentes sociales en las organizaciones locales?
por Michelle Partarrieu Vistoso
Presidenta Comunal PS Osorno
A inicios de los 60 comienza a tomar fuerza el proceso de transformación social en nuestro país, con las demandas de reivindicación de los derechos del pueblo, las enormes desigualdades sociales en los sectores más desposeídos de la población y el precario acceso a derechos sociales esenciales, entre ellos la vivienda. Factores diversos como la migración campesina a las urbes pobladas incrementaban los nichos de pobreza y hacinamiento en las ciudades, haciendo necesaria una política de Estado que orientara los espacios de participación y ordenamiento de las fuerzas comunitarias que allí se concentraban. Desde entonces creció la necesidad de materializar la organización social en torno a proyectos colectivos que dieran voz a esos requerimientos bajo un marco normativo que permitiera su implementación y desarrollo.
Fue el Presidente Frei Montalva quien dentro de su política de promoción popular, en 1968 promulgó la Ley N° 16.880 que estableció un marco legal para las organizaciones sociales y comunitarias de la sociedad civil. Proceso que más tarde se robusteció con el esfuerzo decidido del Presidente Salvador Allende y su Gobierno de la Unidad Popular, situando en el centro de su agenda el fomento, la articulación y la integración activa de la participación social a través de las agrupaciones comunitarias y sociales organizadas.
Han trascurrido casi 50 años desde que se dieran los primeros pasos para incorporar decididamente a la comunidad organizada en la vida nacional con el rol de promover y defender sus aspiraciones e intereses frente a la institucionalidad gubernamental. Esto pese a que en 1974 el régimen militar interviniera las organizaciones sociales impactando negativamente durante 15 años en la construcción de identidad social y colectiva de las asociaciones comunitarias. Los Gobiernos democráticos posteriores a la dictadura han trabajado por recuperar y sacar adelante políticas de integración y participación social activa.
Hoy la sociedad civil organizada en agrupaciones territoriales y funcionales constituyen el vehículo a través del cual son canalizadas las demandas comunitarias; como tal representan una fuerza empoderada en sus derechos y obligaciones frente a la comunidad y las autoridades, como entes sociales llamados a dirigir el desarrollo de sus unidades territoriales y vecinales. Son la expresión articulada de organización y participación de la comunidad en pos del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y vecinos. Es ahí donde el rol que cumplen los y las dirigentes sociales cobra relevancia a la hora de encabezar los procesos de desarrollo comunitario, pues surge la interrogante acerca de ¿cómo están preparados para enfrentar estos nuevos ciclos de transformación política y social pensando en el proceso de descentralización a los cuales deben integrarse como motores activos del desarrollo local y regional? Se estima que son más de 10 mil los dirigentes sociales en la Región de Los Lagos, siendo las mujeres el segmento mayoritario que integra la participación social, pues su número se eleva a cerca de ocho mil mujeres dirigentas.
El desafío real que se nos presenta en la actualidad es plantear cómo se construye una participación vinculante con las organizaciones sociales y sus dirigentes, que no descanse sólo en el diálogo social jerarquizado y en apariencias participativo; en la administración de un programa gubernamental o en la oferta pública de fondos concursables, sino que se traduzca en políticas de Estado que descentralicen y doten de mayor autonomía a los dirigentes y dirigentas sociales, haciéndolos participes de una construcción conjunta de su territorio a partir de su experiencia empírica.
Así también, otro desafío será incorporar nuevas fuerzas vivas al recambio progresivo de las dirigencias sociales re encantando a los jóvenes, pues hasta ahora su participación es escasa. Se estima que el 52.1% de los jóvenes ha participado de alguna organización, aunque solo el 9.6% lo han hecho en calidad de dirigentes.
Se requiere entonces de políticas que estén dirigidas a continuar la importante labor de las organizaciones sociales y asociaciones de interés público, pero no únicamente orientadas en la entrega de herramientas e instrumentos de capacitación que permitan optimizar la gestión social, sino que trascienda la formalidad y que asuma a la dirigencia social como un proceso participativo y transformador, en el que el aprendizaje y la conceptualización esté basado en la experiencia práctica de las propias personas y grupos, apuntando a una formación consciente entre las diversas realidades locales, capacidades y competencias de sus dirigentes y dirigentas, que priorice el autoconocimiento y no solo de manera formal o instrumental en el discurso público y la actividad política. De este modo el objetivo de la participación comunitaria es involucrar a la comunidad en el análisis de sus problemas, aumentar la responsabilidad del ciudadano como sujeto, sobre una base comunitaria empoderada.
El 07 de Agosto, día del dirigente y la dirigenta social se funda con el propósito de reconocer y valorar la inestimable función social que cumplen miles de hombres y mujeres que entregan a sus comunidades esfuerzo y dedicación en la labor social en forma voluntaria. Reconozcámoslos, celebrémoslo, pero también proyectemos este reconocimiento hacia los desafíos futuros que quedan por construir, para crecer bajo un proceso permanente de incorporación plena de individuos y grupos a la vida social comunal, que vaya más allá del desarrollo material de la comunidad; que promueva el desarrollo cultural y humano de quienes la componen, con mayor autonomía organizacional y política para los procesos sociales venideros, pensando en la urgente descentralización y el fortalecimiento de las capacidades locales y territoriales.
Fuente: m_partarrieu@hotmail.com
Presidenta Comunal PS Osorno
A inicios de los 60 comienza a tomar fuerza el proceso de transformación social en nuestro país, con las demandas de reivindicación de los derechos del pueblo, las enormes desigualdades sociales en los sectores más desposeídos de la población y el precario acceso a derechos sociales esenciales, entre ellos la vivienda. Factores diversos como la migración campesina a las urbes pobladas incrementaban los nichos de pobreza y hacinamiento en las ciudades, haciendo necesaria una política de Estado que orientara los espacios de participación y ordenamiento de las fuerzas comunitarias que allí se concentraban. Desde entonces creció la necesidad de materializar la organización social en torno a proyectos colectivos que dieran voz a esos requerimientos bajo un marco normativo que permitiera su implementación y desarrollo.
Fue el Presidente Frei Montalva quien dentro de su política de promoción popular, en 1968 promulgó la Ley N° 16.880 que estableció un marco legal para las organizaciones sociales y comunitarias de la sociedad civil. Proceso que más tarde se robusteció con el esfuerzo decidido del Presidente Salvador Allende y su Gobierno de la Unidad Popular, situando en el centro de su agenda el fomento, la articulación y la integración activa de la participación social a través de las agrupaciones comunitarias y sociales organizadas.
Han trascurrido casi 50 años desde que se dieran los primeros pasos para incorporar decididamente a la comunidad organizada en la vida nacional con el rol de promover y defender sus aspiraciones e intereses frente a la institucionalidad gubernamental. Esto pese a que en 1974 el régimen militar interviniera las organizaciones sociales impactando negativamente durante 15 años en la construcción de identidad social y colectiva de las asociaciones comunitarias. Los Gobiernos democráticos posteriores a la dictadura han trabajado por recuperar y sacar adelante políticas de integración y participación social activa.
Hoy la sociedad civil organizada en agrupaciones territoriales y funcionales constituyen el vehículo a través del cual son canalizadas las demandas comunitarias; como tal representan una fuerza empoderada en sus derechos y obligaciones frente a la comunidad y las autoridades, como entes sociales llamados a dirigir el desarrollo de sus unidades territoriales y vecinales. Son la expresión articulada de organización y participación de la comunidad en pos del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y vecinos. Es ahí donde el rol que cumplen los y las dirigentes sociales cobra relevancia a la hora de encabezar los procesos de desarrollo comunitario, pues surge la interrogante acerca de ¿cómo están preparados para enfrentar estos nuevos ciclos de transformación política y social pensando en el proceso de descentralización a los cuales deben integrarse como motores activos del desarrollo local y regional? Se estima que son más de 10 mil los dirigentes sociales en la Región de Los Lagos, siendo las mujeres el segmento mayoritario que integra la participación social, pues su número se eleva a cerca de ocho mil mujeres dirigentas.
El desafío real que se nos presenta en la actualidad es plantear cómo se construye una participación vinculante con las organizaciones sociales y sus dirigentes, que no descanse sólo en el diálogo social jerarquizado y en apariencias participativo; en la administración de un programa gubernamental o en la oferta pública de fondos concursables, sino que se traduzca en políticas de Estado que descentralicen y doten de mayor autonomía a los dirigentes y dirigentas sociales, haciéndolos participes de una construcción conjunta de su territorio a partir de su experiencia empírica.
Así también, otro desafío será incorporar nuevas fuerzas vivas al recambio progresivo de las dirigencias sociales re encantando a los jóvenes, pues hasta ahora su participación es escasa. Se estima que el 52.1% de los jóvenes ha participado de alguna organización, aunque solo el 9.6% lo han hecho en calidad de dirigentes.
Se requiere entonces de políticas que estén dirigidas a continuar la importante labor de las organizaciones sociales y asociaciones de interés público, pero no únicamente orientadas en la entrega de herramientas e instrumentos de capacitación que permitan optimizar la gestión social, sino que trascienda la formalidad y que asuma a la dirigencia social como un proceso participativo y transformador, en el que el aprendizaje y la conceptualización esté basado en la experiencia práctica de las propias personas y grupos, apuntando a una formación consciente entre las diversas realidades locales, capacidades y competencias de sus dirigentes y dirigentas, que priorice el autoconocimiento y no solo de manera formal o instrumental en el discurso público y la actividad política. De este modo el objetivo de la participación comunitaria es involucrar a la comunidad en el análisis de sus problemas, aumentar la responsabilidad del ciudadano como sujeto, sobre una base comunitaria empoderada.
El 07 de Agosto, día del dirigente y la dirigenta social se funda con el propósito de reconocer y valorar la inestimable función social que cumplen miles de hombres y mujeres que entregan a sus comunidades esfuerzo y dedicación en la labor social en forma voluntaria. Reconozcámoslos, celebrémoslo, pero también proyectemos este reconocimiento hacia los desafíos futuros que quedan por construir, para crecer bajo un proceso permanente de incorporación plena de individuos y grupos a la vida social comunal, que vaya más allá del desarrollo material de la comunidad; que promueva el desarrollo cultural y humano de quienes la componen, con mayor autonomía organizacional y política para los procesos sociales venideros, pensando en la urgente descentralización y el fortalecimiento de las capacidades locales y territoriales.
Fuente: m_partarrieu@hotmail.com
