Proclama por los derechos y la dignidad del Pueblo Mapuche : La incompleta democracia

Partido Comunista de Chile,  Comisión de Pueblos Originarios:

El 5 de octubre está grabado en la historia de Chile como uno de los momentos en que la voluntad popular desplegó toda su fuerza y unidad para derrotar a la dictadura. Fruto de un proceso de protestas, movilizaciones y acumulación de fuerzas que dio forma a una contundente mayoría social que optó por poner término a 17 años de terror y persecución, demandando la realización de una democracia que incluyera a todas y todos.

Desde el mismo 11 de septiembre de 1973 la resistencia a la dictadura cobró miles de vidas, de quienes con valor y sacrificio defendieron los principios de la democracia y la justicia social. El pueblo mapuche no estuvo ajeno a esta realidad, cientos de sus mujeres y hombres comprometidos con la idea de un país justo e igualitario, perdieron la vida; muchos más fueron torturados, encarcelados y su derechos económicos, sociales y culturales conculcados. El racismo y la persecución hacia las comunidades indígenas, en todas sus expresiones, fue una constante de la dictadura cívico militar. Su propósito, docilizar a un pueblo consiente de su dignidad y que nunca se ha puesto de rodillas.

Tras el plebiscito el Acuerdo de Nueva Imperial del año 1989 selló el compromiso de los pueblos originarios, y del pueblo mapuche en especial, para apoyar la naciente democracia post dictadura; dicho compromiso y posteriores acuerdos, de alcanzar derechos políticos propios de una democracia que reconoce y respeta a los pueblos originarios, no han sido honrado por los sucesivos gobiernos democráticos.

Si para una gran mayoría de chilenas y chilenos la democracia en Chile sigue siendo insuficiente, para el pueblo mapuche es incompleta y carece de plena legitimidad. De acuerdo con el último CENSO el 12,9 % de quienes habitamos Chile, es decir cerca de un millón ochocientas mil personas somos parte de un Pueblo Originario, sin embargo, ello no se expresa en el carácter de la actual Constitución y su ordenamiento político, desprovista de legitimidad de origen y contenido, puesto que los nueve pueblos que habitamos Chile no existimos en la Constitución.

A 30 años del plebiscito del año 1988 nuestras demandas de Reconocimiento Constitucional, de Participación Política mediante Escaños Reservados en el Congreso, de Derechos Territoriales y de la existencia de un Estado Plurinacional tienen plena vigencia y más urgencia que nunca y sólo pueden ser alcanzadas con la generación de una Nueva Constitución.

Si la democracia en nuestro país no interpreta a una mayoría importante de chilenas y chilenos, dada la incapacidad de ésta de resguardar y perseguir el bienestar y el interés popular, en el caso del pueblo mapuche dicha democracia nos invisibiliza y no permite expresión real de Tratados Internacionales a los que Chile ha suscrito y que está obligado a implementar.

No puede haber una democracia que ignore los derechos plenos de las Primeras Naciones que anteceden a la conformación del Estado de Chile, pues será siempre fuente de desafección, frustración colectiva y fundamento para prolongar una histórica ruptura y tensión entre el Estado y los pueblos originarios.

Por el contrario, el Chile en construcción debe poner al centro la idea de una República Inclusiva, justa y democrática en el sentido más integral, generando las bases constitucionales e institucionales para que los pueblos en base a la libre determinación seamos los protagonistas de nuestro propio desarrollo.

La derecha y el empresariado han estigmatizado al pueblo mapuche y sus justas reivindicaciones de tierra como terroristas. Hoy en el territorio mapuche prevalecen y se imponen, a través de la violencia y militarización del Estado y su policía, los intereses del empresariado, en particular de las empresas forestales, cuya espuria propiedad de la tierra y explotación irracional amenaza nuestro sistema de vida y cosmovisión.

El Plan Impulsa Araucanía anunciado por el gobierno de derecha se orienta a instalar una cuarta oleada de asimilación; buscando debilitar el derecho colectivo de las comunidades consagrado en la ley indígena, para profundizar la acumulación del gran empresariado.

Un camino de desarrollo, prosperidad y bienestar colectivo para el pueblo mapuche no puede sostenerse en la profundización de políticas asistencialistas, las que en el pasado y presente han acentuado la dependencia y clientelismo. Se requiere una solución política para un conflicto que se arrastra por siglos, la que sin complejos y con voluntad debe poner al centro la deliberación política de los nueve pueblos originarios que habitan Chile.

Es bueno que quienes no siendo mapuches defiendan en el Congreso los derechos del pueblo mapuche, pero es un derecho político esencial que el pueblo mapuche tenga su propia voz a través de sus propios representantes en el Parlamento y en todas las instancias de representación popular. Este será un paso fundacional para una nueva democracia, que nos incluya a todos y todas.

Por lo anterior, la alianza política que se construya, con partidos de izquierda y de centro, con movimientos sociales y organizaciones de pueblos originarios, que esperamos desplace en el futuro próximo al gobierno de derecha, no puede edificarse sin una solución definitiva que reconozca, genere y ceda espacios de poder político a los primeros habitantes de este país. Al respecto, la Consulta Constituyente Indígena realizada durante los años 2016 y 2017, de acuerdo con los estándares del Convenio 169 de la OIT, fija un piso de reconocimiento por parte del Estado de Chile, que debe ser base y guía para las transformaciones que un próximo gobierno debe acometer.

Por ello, en el marco de la celebración de los 30 años del Plebiscito del No, decimos nuevamente No a la exclusión y el racismo, decimos No a la usurpación de nuestras tierras, y reafirmamos nuestra vocación de lucha para que el pueblo mapuche alcance todos sus derechos fundamentales.

Fuente: Yuri Humberto Godoy Montero

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