El agua un derecho universal: Osorno despertó una demanda social
Por Fredy Wömpner, Economista Director Instituto Humanismo Cristiano.
Si revisamos la historia de la humanidad desde tiempo inmemoriales han existido recursos naturales que han fomentado el desarrollo de grandes civilizaciones en torno a su utilización y aprovechamiento. En consecuencia sabemos de la importancia de la sal, el salitre, el carbón, el petróleo, el cobre y la misma agua, donde el recurso hídrico es por lejos el más importante por ser indispensable para la sobrevivencia humana. Por esta razón civilizaciones milenarias como la Sumeria, Egipcia, India, etcétera, se caracterizaron por sustentar su desarrollo y florecimiento en torno al aprovechamiento del agua de conocidos ríos en cuyo entorno se asentaron.
Al respecto lo que la historia milenaria de humanidad nos está enseñando es el valor estratégico y fundamental que tiene el recurso hídrico para cualquier pueblo, por lo que su provisión, aseguramiento, uso eficiente, equitativo y masivo debería ser una prioridad en la política pública de cualquier nación. Por todo esto conviene preguntarnos si verdaderamente nuestro país tiene una política en relación al recurso hídrico que este a la altura de los desafíos actuales y futuros, más aun cuando la superpoblación mundial, el cambio climático y el calentamiento global son una realidad patente que apunta rápidamente a acrecentar la demanda de este elemento, por la desforestación, desertificación, derretimientos de zonas de hielos milenarios y casquetes polares, etétera, todos efectos o consecuencias en la naturaleza que harán que el agua sea cada vez más escaza y de mayor demanda entre la población.
La respuesta a esta interrogante dependerá de la posición política que se tenga al respecto, pero en mi opinión todo parece indicar que como país tenemos grandes debilidades para tomar una posición estratégica y visionaria en lo que asegurar la disposición del recurso hídrico se refiere, ejemplo de ello es que los intentos de modificar el Código de Aguas, no han tenido éxito hasta el momento y una iniciativa parlamentaria que fue presentada en marzo del 2011 aún sigue detenida en el parlamento.
El agua es un elemento vital de gran importancia para el desarrollo de la sociedad: es un derecho humano. Sin embargo, en Chile el 80% de los derechos de aguas está en manos de privados. El Código que norma el uso de los recursos hídricos permite que se regulen de acuerdo al mercado y la Constitución establece que: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. Sin embargo, no lo garantiza de forma explícita, viéndose perjudicados algunos sectores de la población que no tienen acceso. La carencia de agua, la falta de abastecimiento continúo para usos personales y domésticos y la negación a su acceso atenta directamente contra la vida de las personas. También lo son su uso no adecuado y su insalubridad.
A pesar que fue el Código de Aguas de 1981 el que permitió al Estado ceder los derechos de agua a empresas privadas, fue en los gobiernos posteriores que se terminó por consolidar este sistema, privatizando a las empresas de agua potable, sin consultar directamente a la ciudadanía sobre un tema tan relevante y sensible como este.
Lo preocupante no es el sistema de concesiones de empresas sanitarias y de agua potable en sí, sino la falta de regulación que existe sobre estas empresas. El Estado no salvaguarda la igualdad de derechos pues hay ciudadanos que consumen agua a través de la red de agua potable y otros que están siendo abastecidos a través de camiones aljibes.
El modelo de desarrollo concentra este recurso en pocas manos con gran poder económico y este se regula principalmente bajo criterios de responsabilidad económica. Hasta el día de hoy el denominado “mercado de aguas” se ha regido como un mercado cualquiera donde el propietario privado de derechos de agua, los puede arrendar, comprar y vender como cualquier bien inmueble.
Por otro lado, no se paga por adquirir derechos de agua y quienes tienen derechos de uso de agua pueden cambiar el uso que le dan al agua de forma libre. Todo siempre a costa de las personas, que ante la enorme libertad de los privados y la prácticamente nula intervención o regulación del Estado se encuentran vulnerados.
En Chile se lucra con el agua, la que debería ser un bien nacional de uso y dominio público, menoscabando de esta forma los derechos humanos de chilenas y chilenos. Se paga el agua que se usa, la que se deshecha y la que se recicla, llegando incluso a ser una de las más caras de América Latina. Lo interesante es que a pesar de que no exista una buena regulación Estatal, sí existe un subsidio estatal, entonces, es un servicio del primer mundo, con precios del primer mundo para personas con sueldos del tercer mundo en un país con desigualdades del tercer mundo también.
Recordemos que son bienes nacionales de uso público aquellos cuyo dominio pertenece a toda la nación. Dichos bienes se caracterizan por estar fuera del comercio y por lo mismo son imprescriptibles e inalienables. Pese a lo anterior, bajo el marco creado por el Código de Aguas actual, los derechos de aprovechamiento sí están en el comercio, y sí son alienables y prescriptibles, lo que resulta incompatible con su condición de bienes nacionales de uso público.
Al mismo tiempo, la Dirección General de Aguas (DGA) está obligada a constituir los derechos una vez cumplidos los requisitos formales establecidos para tales efectos por el Código de Aguas, sin reservar ninguna facultad a la autoridad para establecer prioridades que favorezcan el interés común.
Por otro lado debemos recordar que el sistema de concesiones que se llevó a cabo hace exactamente 20 años se basó en el discurso de que las empresas concesionarias debían hacer importantes inversiones para las cuales el estado no tenía los recursos necesarios. Visto en retrospectiva esto resulta muy cuestionable si recordamos también que después se utilizaron gran cantidad de recursos en recuperar la operación de ferrocarriles de Arica a Puerto Montt, iniciativa que resultó un fracaso y despilfarro de recursos públicos.
Pero lo anterior no es lo más cuestionable, sino que lo que realmente resulta inaceptable es que muchas de las empresas concesionarias no cumplieron a cabalidad con el compromiso de las inversiones requeridas, y ejemplo de ello es que en el caso de Osorno, la investigación que lleva la fiscalía ha recabado antecedentes que muestran la precariedad en que operaba la planta de la empresa de agua potable de la ciudad y su funcionamiento con un carácter casi artesanal.
Por otro lado, según un estudio de Ciper Chile en el 2014, la empresa Aguas del Valle sólo invirtió un 49% del mínimo recomendado, mientras que Essbio y Esval invirtieron un 75% y 64% de esta magnitud, respectivamente. A esto se suman las denuncias que en febrero de 2017 hacía el intendente de la región Metropolitana, Claudio Orrego, quien aseguraba que la empresa Aguas Andinas no había realizado las inversiones necesarias para evitar que los efectos de los sistemas frontales que azotaron a la zona terminaran en los 3 cortes masivos de suministro que afectaron a más de 7 millones de santiaguinos. Entonces por lo visto la justificación de la necesidad de inversiones no era lo suficientemente válida para convertir al vital elemento en bien de consumo. Y si pensamos en el trasfondo de todo esto y en las posibles soluciones a la carencia o abuso de algunas industrias en la comercialización de los bienes de consumo como lo que ha pasado con la proliferación de las farmacias populares a manos de algunos municipios, como única respuesta frente a los fuertes poderes económicos que parecen controlarlo todo y aprovechar las deficiencias en el funcionamiento de una economía social de mercado, resultaría desconsolador pensar en que finalmente sean los municipios los únicos que terminen aportando soluciones con criterio social en temas de abastecimiento de agua potable.
Por ultimo si pensamos en el futuro de Chile para el próximo siglo, debemos resguardar la propiedad y aprovechamiento eficiente y equitativo de nuestros recursos minerales y en especial en relación en primer lugar al agua como recurso vital, pero también con respecto al litio y al cobalto que han experimentado una suerte parecida en nuestro país.
En este sentido los habitantes de la ciudad de Osorno con su descontento y movilización a favor del derecho universal al agua, han tocado la fibra medular de nuestro modelo económico y social.
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ESSAL y su supuesto “Código de Ética” publicado en su página web
https://www.paislobo.cl/2019/07/essal-y-su-supuesto-codigo-de-etica.html
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Fuente de la información: Fredy Wömpner
Si revisamos la historia de la humanidad desde tiempo inmemoriales han existido recursos naturales que han fomentado el desarrollo de grandes civilizaciones en torno a su utilización y aprovechamiento. En consecuencia sabemos de la importancia de la sal, el salitre, el carbón, el petróleo, el cobre y la misma agua, donde el recurso hídrico es por lejos el más importante por ser indispensable para la sobrevivencia humana. Por esta razón civilizaciones milenarias como la Sumeria, Egipcia, India, etcétera, se caracterizaron por sustentar su desarrollo y florecimiento en torno al aprovechamiento del agua de conocidos ríos en cuyo entorno se asentaron.
Al respecto lo que la historia milenaria de humanidad nos está enseñando es el valor estratégico y fundamental que tiene el recurso hídrico para cualquier pueblo, por lo que su provisión, aseguramiento, uso eficiente, equitativo y masivo debería ser una prioridad en la política pública de cualquier nación. Por todo esto conviene preguntarnos si verdaderamente nuestro país tiene una política en relación al recurso hídrico que este a la altura de los desafíos actuales y futuros, más aun cuando la superpoblación mundial, el cambio climático y el calentamiento global son una realidad patente que apunta rápidamente a acrecentar la demanda de este elemento, por la desforestación, desertificación, derretimientos de zonas de hielos milenarios y casquetes polares, etétera, todos efectos o consecuencias en la naturaleza que harán que el agua sea cada vez más escaza y de mayor demanda entre la población.
La respuesta a esta interrogante dependerá de la posición política que se tenga al respecto, pero en mi opinión todo parece indicar que como país tenemos grandes debilidades para tomar una posición estratégica y visionaria en lo que asegurar la disposición del recurso hídrico se refiere, ejemplo de ello es que los intentos de modificar el Código de Aguas, no han tenido éxito hasta el momento y una iniciativa parlamentaria que fue presentada en marzo del 2011 aún sigue detenida en el parlamento.
El agua es un elemento vital de gran importancia para el desarrollo de la sociedad: es un derecho humano. Sin embargo, en Chile el 80% de los derechos de aguas está en manos de privados. El Código que norma el uso de los recursos hídricos permite que se regulen de acuerdo al mercado y la Constitución establece que: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. Sin embargo, no lo garantiza de forma explícita, viéndose perjudicados algunos sectores de la población que no tienen acceso. La carencia de agua, la falta de abastecimiento continúo para usos personales y domésticos y la negación a su acceso atenta directamente contra la vida de las personas. También lo son su uso no adecuado y su insalubridad.
A pesar que fue el Código de Aguas de 1981 el que permitió al Estado ceder los derechos de agua a empresas privadas, fue en los gobiernos posteriores que se terminó por consolidar este sistema, privatizando a las empresas de agua potable, sin consultar directamente a la ciudadanía sobre un tema tan relevante y sensible como este.
Lo preocupante no es el sistema de concesiones de empresas sanitarias y de agua potable en sí, sino la falta de regulación que existe sobre estas empresas. El Estado no salvaguarda la igualdad de derechos pues hay ciudadanos que consumen agua a través de la red de agua potable y otros que están siendo abastecidos a través de camiones aljibes.
El modelo de desarrollo concentra este recurso en pocas manos con gran poder económico y este se regula principalmente bajo criterios de responsabilidad económica. Hasta el día de hoy el denominado “mercado de aguas” se ha regido como un mercado cualquiera donde el propietario privado de derechos de agua, los puede arrendar, comprar y vender como cualquier bien inmueble.
Por otro lado, no se paga por adquirir derechos de agua y quienes tienen derechos de uso de agua pueden cambiar el uso que le dan al agua de forma libre. Todo siempre a costa de las personas, que ante la enorme libertad de los privados y la prácticamente nula intervención o regulación del Estado se encuentran vulnerados.
En Chile se lucra con el agua, la que debería ser un bien nacional de uso y dominio público, menoscabando de esta forma los derechos humanos de chilenas y chilenos. Se paga el agua que se usa, la que se deshecha y la que se recicla, llegando incluso a ser una de las más caras de América Latina. Lo interesante es que a pesar de que no exista una buena regulación Estatal, sí existe un subsidio estatal, entonces, es un servicio del primer mundo, con precios del primer mundo para personas con sueldos del tercer mundo en un país con desigualdades del tercer mundo también.
Recordemos que son bienes nacionales de uso público aquellos cuyo dominio pertenece a toda la nación. Dichos bienes se caracterizan por estar fuera del comercio y por lo mismo son imprescriptibles e inalienables. Pese a lo anterior, bajo el marco creado por el Código de Aguas actual, los derechos de aprovechamiento sí están en el comercio, y sí son alienables y prescriptibles, lo que resulta incompatible con su condición de bienes nacionales de uso público.
Al mismo tiempo, la Dirección General de Aguas (DGA) está obligada a constituir los derechos una vez cumplidos los requisitos formales establecidos para tales efectos por el Código de Aguas, sin reservar ninguna facultad a la autoridad para establecer prioridades que favorezcan el interés común.
Por otro lado debemos recordar que el sistema de concesiones que se llevó a cabo hace exactamente 20 años se basó en el discurso de que las empresas concesionarias debían hacer importantes inversiones para las cuales el estado no tenía los recursos necesarios. Visto en retrospectiva esto resulta muy cuestionable si recordamos también que después se utilizaron gran cantidad de recursos en recuperar la operación de ferrocarriles de Arica a Puerto Montt, iniciativa que resultó un fracaso y despilfarro de recursos públicos.
Pero lo anterior no es lo más cuestionable, sino que lo que realmente resulta inaceptable es que muchas de las empresas concesionarias no cumplieron a cabalidad con el compromiso de las inversiones requeridas, y ejemplo de ello es que en el caso de Osorno, la investigación que lleva la fiscalía ha recabado antecedentes que muestran la precariedad en que operaba la planta de la empresa de agua potable de la ciudad y su funcionamiento con un carácter casi artesanal.
Por otro lado, según un estudio de Ciper Chile en el 2014, la empresa Aguas del Valle sólo invirtió un 49% del mínimo recomendado, mientras que Essbio y Esval invirtieron un 75% y 64% de esta magnitud, respectivamente. A esto se suman las denuncias que en febrero de 2017 hacía el intendente de la región Metropolitana, Claudio Orrego, quien aseguraba que la empresa Aguas Andinas no había realizado las inversiones necesarias para evitar que los efectos de los sistemas frontales que azotaron a la zona terminaran en los 3 cortes masivos de suministro que afectaron a más de 7 millones de santiaguinos. Entonces por lo visto la justificación de la necesidad de inversiones no era lo suficientemente válida para convertir al vital elemento en bien de consumo. Y si pensamos en el trasfondo de todo esto y en las posibles soluciones a la carencia o abuso de algunas industrias en la comercialización de los bienes de consumo como lo que ha pasado con la proliferación de las farmacias populares a manos de algunos municipios, como única respuesta frente a los fuertes poderes económicos que parecen controlarlo todo y aprovechar las deficiencias en el funcionamiento de una economía social de mercado, resultaría desconsolador pensar en que finalmente sean los municipios los únicos que terminen aportando soluciones con criterio social en temas de abastecimiento de agua potable.
Por ultimo si pensamos en el futuro de Chile para el próximo siglo, debemos resguardar la propiedad y aprovechamiento eficiente y equitativo de nuestros recursos minerales y en especial en relación en primer lugar al agua como recurso vital, pero también con respecto al litio y al cobalto que han experimentado una suerte parecida en nuestro país.
En este sentido los habitantes de la ciudad de Osorno con su descontento y movilización a favor del derecho universal al agua, han tocado la fibra medular de nuestro modelo económico y social.
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ESSAL y su supuesto “Código de Ética” publicado en su página web
https://www.paislobo.cl/2019/07/essal-y-su-supuesto-codigo-de-etica.html
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Fuente de la información: Fredy Wömpner
