Nueva Constitución: dos objetivos y una condición
Por Carlos Delgado Álvarez, Director Director de la Sede de la Universidad de Los Lagos en Chiloé.
El proceso de elaboración de una Nueva Constitución para nuestro país indudablemente significará el fin de una época marcada por la fuerte presencia de una estructura institucional coherentemente diseñada para mantener un régimen político y económico que ha favorecido a un sector de la sociedad, en el cual ha concentrado el poder, la riqueza y los privilegios; dando paso a lo que podríamos denominar como un estadio de mayor democratización, especialmente como consecuencia del desencanto generado por el abuso de los poderosos en distintas esferas de la sociedad, por la desmesura en la ostentación de la filosofía predominante del tener, por las inequidades injustificables basadas en la arbitrariedad y por la segregación social expresada en la configuración de nuestras ciudades, escuelas e instituciones donde el mérito era un espejismo o promesa tan seductora como decepcionante.
Si bien una nueva constitución constituye un hito político de envergadura histórica, más aún en nuestra sociedad donde nunca antes la ciudadanía ha participado en un proceso de esta trascendencia, también es necesario señalar que ella no resolverá todos los problemas que plantearon su discusión, pero que si abren un camino de deliberación que permitirá la búsqueda de soluciones ya no impuestas o condicionadas por vetos minoritarios, sino acordadas, convenidas o consensuadas a través de voluntades mayoritarias.
Hay que tener claridad inicial de que este será un proceso profundamente político que involucrará una disputa por el poder político y la deliberación por la supremacía de ciertos valores e instituciones sociales. No tener claridad y conciencia de que será un proceso de discusión colmado de obstáculos que impedirán el acuerdo, puede llevar tempranamente a la frustración y terminar el periodo sin un nuevo texto constitucional. Desarmar los atávicos traumas será uno de los primero desafíos que deben abordarse y ello debe comenzar en la campaña para el plebiscito de abril, incluyendo luego la elección de los delegados constituyentes.
En este sentido, nos parece esencial enunciar ahora cuáles debieran ser los objetivos del proceso de elaboración constitucional. A mi parecer, el primero y más importante dice relación con la reconciliación nacional pendiente en varios temas dicotómicos que hemos una y otra vez postergado a pesar de los esfuerzos que en algunos tiempos se han realizado: la reconciliación política signada por las violaciones a los derechos humanos es una herida en el alma nacional como se ha señalado y que aún sigue pendiente; la reconciliación con nuestros pueblos originarios, lo que implica un reconocimiento a nuestra diversidad étnica y cultural; la reconciliación entre la capital central y las regiones del país, esfuerzos tantas veces postergado e insuficientemente abordado; la reconciliación entre los sectores sociales que conviven segregados como desconocidos en las ciudades, en las empresas, en las instituciones educativas, sanitarias y espacios recreativos, entre otros. Si nos encontramos en este trance conflictivo, no podemos dar la espalda a los temas que nos dividen, a aquellos que han desatado la crisis que nos tiene en el momento de construcción de un nuevo pacto, por lo que todo el proceso debe estar diseñado de forma tal que favorezca la emergencia de un sentido de una identidad nacional común a través de un proceso inclusivo donde todos se sientan formando parte y no solo quienes lo están activamente, pues este debe volcarnos como comunidad a mirar el futuro y no luego de su culminación, a realizar balances de cuanto hemos ganado o perdido.
El segundo debe ser promover y asegurar una amplia participación en todo el proceso, ello es esencial para fortalecer la legitimidad del nuevo compromiso, pero también como oportunidad histórica debe marcar la historia del proceso mismo y no dar cabida a que se recuerde en el futuro que esta es la Constitución de un moderno Mariano Egaña, de un nuevo José Maza o de otro Jaime Guzmán. Los expertos deben vencer la desconfianza que tradicionalmente han tenido en la ciudadanía para entender los temas complejos y deben encontrar cuál es su mejor lugar en el proceso y no pretender remplazar al soberano ni al proceso deliberativo constituyente que hemos iniciado ni en los posteriores mecanismos legislativos. Para aspirar a una democracia duradera, debemos realizar esfuerzos por construir confianza en la capacidad y criterio del pueblo.
Asociado a lo anterior, es condición necesaria abordar la formación cívica para la participación en el proceso constituyente y que el papel del grueso de la ciudadanía no se remita a los actos electorales considerados. Se debe garantizar que el proceso de deliberación sea informado y trasparente, especialmente en estos tiempos donde las redes sociales constituyen importantes sino únicas fuentes de información de grandes sectores ciudadanos. La formación cívica puede ser un catalizador de la manipulación e intentos de entorpecimiento de acuerdos y consensos, por lo que debiéramos tomarnos en serio este proceso que bien puede asumir el Servicio Electoral convocando a universidades y organizaciones de la sociedad civil, de modo que la participación no sea considerada como momentos excepcionales de simple suma de intereses y demandas, sino que se perciba como un continuo que ofrezca oportunidades de opinión permanente y significativa durante todo el proceso, que contribuya a la creación de un ambiente de confianza y transmita transparencia e integridad del proceso deliberativo y de la actuación de los constituyentes.
Seguramente usted espera alcanzar otros objetivos y que estos queden plasmados en el nuevo texto constitucional, tal vez usted tenga una agenda de prioridades de cambio social, quizás quiera incorporar otros valores nacionales e incluso aspira a que se refleje en él un nuevo tipo de sociedad y funcionamiento de las instituciones públicas, todo ello debe ser objeto de debate sin duda, pero para que ello ocurra, se alcance y permanezca, se debe trabajar y lograr desde ahora un ambiente de mayor reconciliación, asegurar una participación sustantiva de la ciudadanía y desplegar un proceso preparación cívica para asegurar lo anterior.
Fuente de la información: Carlos Delgado Álvarez
El proceso de elaboración de una Nueva Constitución para nuestro país indudablemente significará el fin de una época marcada por la fuerte presencia de una estructura institucional coherentemente diseñada para mantener un régimen político y económico que ha favorecido a un sector de la sociedad, en el cual ha concentrado el poder, la riqueza y los privilegios; dando paso a lo que podríamos denominar como un estadio de mayor democratización, especialmente como consecuencia del desencanto generado por el abuso de los poderosos en distintas esferas de la sociedad, por la desmesura en la ostentación de la filosofía predominante del tener, por las inequidades injustificables basadas en la arbitrariedad y por la segregación social expresada en la configuración de nuestras ciudades, escuelas e instituciones donde el mérito era un espejismo o promesa tan seductora como decepcionante.
Si bien una nueva constitución constituye un hito político de envergadura histórica, más aún en nuestra sociedad donde nunca antes la ciudadanía ha participado en un proceso de esta trascendencia, también es necesario señalar que ella no resolverá todos los problemas que plantearon su discusión, pero que si abren un camino de deliberación que permitirá la búsqueda de soluciones ya no impuestas o condicionadas por vetos minoritarios, sino acordadas, convenidas o consensuadas a través de voluntades mayoritarias.
Hay que tener claridad inicial de que este será un proceso profundamente político que involucrará una disputa por el poder político y la deliberación por la supremacía de ciertos valores e instituciones sociales. No tener claridad y conciencia de que será un proceso de discusión colmado de obstáculos que impedirán el acuerdo, puede llevar tempranamente a la frustración y terminar el periodo sin un nuevo texto constitucional. Desarmar los atávicos traumas será uno de los primero desafíos que deben abordarse y ello debe comenzar en la campaña para el plebiscito de abril, incluyendo luego la elección de los delegados constituyentes.
En este sentido, nos parece esencial enunciar ahora cuáles debieran ser los objetivos del proceso de elaboración constitucional. A mi parecer, el primero y más importante dice relación con la reconciliación nacional pendiente en varios temas dicotómicos que hemos una y otra vez postergado a pesar de los esfuerzos que en algunos tiempos se han realizado: la reconciliación política signada por las violaciones a los derechos humanos es una herida en el alma nacional como se ha señalado y que aún sigue pendiente; la reconciliación con nuestros pueblos originarios, lo que implica un reconocimiento a nuestra diversidad étnica y cultural; la reconciliación entre la capital central y las regiones del país, esfuerzos tantas veces postergado e insuficientemente abordado; la reconciliación entre los sectores sociales que conviven segregados como desconocidos en las ciudades, en las empresas, en las instituciones educativas, sanitarias y espacios recreativos, entre otros. Si nos encontramos en este trance conflictivo, no podemos dar la espalda a los temas que nos dividen, a aquellos que han desatado la crisis que nos tiene en el momento de construcción de un nuevo pacto, por lo que todo el proceso debe estar diseñado de forma tal que favorezca la emergencia de un sentido de una identidad nacional común a través de un proceso inclusivo donde todos se sientan formando parte y no solo quienes lo están activamente, pues este debe volcarnos como comunidad a mirar el futuro y no luego de su culminación, a realizar balances de cuanto hemos ganado o perdido.
El segundo debe ser promover y asegurar una amplia participación en todo el proceso, ello es esencial para fortalecer la legitimidad del nuevo compromiso, pero también como oportunidad histórica debe marcar la historia del proceso mismo y no dar cabida a que se recuerde en el futuro que esta es la Constitución de un moderno Mariano Egaña, de un nuevo José Maza o de otro Jaime Guzmán. Los expertos deben vencer la desconfianza que tradicionalmente han tenido en la ciudadanía para entender los temas complejos y deben encontrar cuál es su mejor lugar en el proceso y no pretender remplazar al soberano ni al proceso deliberativo constituyente que hemos iniciado ni en los posteriores mecanismos legislativos. Para aspirar a una democracia duradera, debemos realizar esfuerzos por construir confianza en la capacidad y criterio del pueblo.
Asociado a lo anterior, es condición necesaria abordar la formación cívica para la participación en el proceso constituyente y que el papel del grueso de la ciudadanía no se remita a los actos electorales considerados. Se debe garantizar que el proceso de deliberación sea informado y trasparente, especialmente en estos tiempos donde las redes sociales constituyen importantes sino únicas fuentes de información de grandes sectores ciudadanos. La formación cívica puede ser un catalizador de la manipulación e intentos de entorpecimiento de acuerdos y consensos, por lo que debiéramos tomarnos en serio este proceso que bien puede asumir el Servicio Electoral convocando a universidades y organizaciones de la sociedad civil, de modo que la participación no sea considerada como momentos excepcionales de simple suma de intereses y demandas, sino que se perciba como un continuo que ofrezca oportunidades de opinión permanente y significativa durante todo el proceso, que contribuya a la creación de un ambiente de confianza y transmita transparencia e integridad del proceso deliberativo y de la actuación de los constituyentes.
Seguramente usted espera alcanzar otros objetivos y que estos queden plasmados en el nuevo texto constitucional, tal vez usted tenga una agenda de prioridades de cambio social, quizás quiera incorporar otros valores nacionales e incluso aspira a que se refleje en él un nuevo tipo de sociedad y funcionamiento de las instituciones públicas, todo ello debe ser objeto de debate sin duda, pero para que ello ocurra, se alcance y permanezca, se debe trabajar y lograr desde ahora un ambiente de mayor reconciliación, asegurar una participación sustantiva de la ciudadanía y desplegar un proceso preparación cívica para asegurar lo anterior.
Fuente de la información: Carlos Delgado Álvarez
