Gobierno propone Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos

Gobierno de Chile
Proyecto de Ley está en el Congreso

La iniciativa busca darle un correcto y oportuno acceso a la justicia de todas las personas, unificando en un mismo servicio a las distintas Corporaciones de Asistencia Judicial y creando la Defensoría de Víctimas de Delitos.

El proyecto de ley, que fue presentado por el Presidente Piñera y los ministros de Justicia y del Interior, considera la oferta programática de las Corporaciones de Asistencia Judicial con la defensoría de víctimas de delitos e incluye programas especializados, como el Programa Mi Abogado y el Defensor del Adulto Mayor y una línea de acción en el ámbito de los Derechos Humanos.

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El Intendente Carlos Geisse aseguró que “la presentación de este proyecto nos permite cumplir con uno de los compromisos de la Agenda Social del Gobierno que es garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las personas, sin distinción, con una mejor justicia enfocada en las necesidades jurídicas ciudadanas”.

Hoy la asistencia jurídica que presta el Estado de forma gratuita está dispersa en diversos órganos y con distintos énfasis. En materia penal, existe la Defensoría Penal Pública, DPP, que defiende a los imputados por delitos y opera como contraparte del Ministerio Público. En tanto, en materias civiles, laborales y de familia, existen cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, CAJ.

El Seremi de Justicia y DD.HH. Alex Meeder dijo que “uno de los aprendizajes del año 2020 es la urgencia de acercar la justicia a las personas, facilitándoles el acceso que no es otra cosa que proveer los medios para que las personas puedan resolver sus necesidades y conflictos legales, lo que supone otorgar asesoría, defensa y representación jurídica para que las personas sepan cuáles son sus derechos, cómo ejercerlos y recurran a los mecanismos para resolverlos, como los tribunales, pero también otros como la mediación. Esto lo vimos en el caso de las pensiones de alimentos, pero también en temas de arriendo, suspensión del empleo, despidos y violencia intrafamiliar”, argumentó.

Según datos de la Fiscalía nacional, en 2019 se iniciaron más de un 1,8 millones de procedimientos o investigaciones en el país. De ellos, solo un 13% llegó al final de un proceso judicial, y más de la mitad terminaron en archivo provisional o por decisión de no perseverar, entre otras causales.

Durante el año 2019, las corporaciones de asistencia judicial dieron orientación legal a 650.496 personas y patrocinaron judicialmente a 177.609 personas para la defensa de sus derechos ante Tribunales de Justicia.

Sin embargo, no existe una institución que defienda a las víctimas de delitos, por lo que éstas no reciben defensa jurídica o recurren a las mismas corporaciones de asistencia judicial, que entregan una oferta limitada. Durante 2019, éstas corporaciones atendieron solo a 3.355 personas en materias penales, y presentaron acciones judiciales en 1.917 casos, aunque el número total de víctimas de delitos violentos es cercano a 95.000 por año.

Comunicado de Prensa / Fuente: Evelyn Miller