¿Quién Fiscaliza a la Fiscalía?

Paulina Ruiz Tapia
Por Paulina Ruiz Tapia, Presidenta del Directorio Nacional de la Federación Nacional Funcionarios Ministerio Público.

Funcionarios proponen reformas al Ministerio Público ad portas a la redacción de la Nueva Constitución. El Ministerio Público presenta desde su creación, diversas anomalías que deben ser corregidas con urgencia. A modo de ejemplo, es alarmante que en varios niveles de cargos directivos, simplemente no existe la concursabilidad.

Esto contrasta enormemente con las exigencias a las que están sometidos los funcionarios, a la hora de aspirar a una instancia de desarrollo laboral dentro de la Institución. Puestos que determinan la operación de las fiscalías y el futuro de sus trabajadores, son designados tanto por el Fiscal Nacional y Fiscales Regionales, como “cargos de confianza”, sin presentar ni oponer antecedentes en un concurso o selección oficial, como dicta el espíritu de la modernización del Estado.

En esa lógica tenemos a todas las direcciones ejecutivas, jefaturas de recursos humanos y las unidades de gestión denominadas UGI. Asimismo, un cargo tan estratégico en la persecución penal, como lo es el puesto de Fiscal Jefe en una Unidad de Investigación, entra en la misma lógica señalada anteriormente, es decir, tampoco hay un proceso de concurso oficial.

Simultáneamente, se observa una práctica reiterativa dentro del Ministerio Público, y que entre sus miembros se conoce coloquialmente como "la silla musical": distintas Jefaturas se rotan de región en región dentro de la Organización, luego de haber finalizado su período en alguna de ellas. Lo anterior, contando también con la posibilidad de asignar puestos por confianza, y generando el consiguiente estancamiento de muchos trabajadores susceptibles de optar por carrera funcionaria a esas posiciones.

Respecto de las políticas Institucionales de integridad, género y sanción al maltrato laboral, se requieren acciones efectivas y no efectistas. En estos aspectos, es fundamental lograr cambios reales en la cultura organizacional y demostrar sanciones ejemplificadoras en los casos que así lo ameriten.

La mayoría de las personas que denuncian algún tipo de maltrato al interior de la Institución son mujeres. Actualmente una jefatura investigada por maltrato laboral, puede incluso ser contratada en una modalidad extraordinaria, luego de haber renunciado a un alto puesto, tal y como ha sucedido recientemente en la Fiscalía Oriente.

Sobre el funcionamiento de la denominada Academia del Ministerio Público, hemos observado falta de equidad en la naturaleza y distribución de las capacitaciones entre los distintos estamentos, y la ausencia de distintos elementos que permitan generar conocimientos emanados desde la propia entidad.

Desde nuestra perspectiva, no basta con aglutinar cursos impartidos por distintas Organizaciones Académicas para luego asignarlos. Como es de público conocimiento, el Ministerio Público ha estado exento desde sus inicios, a fiscalizaciones externas en estos aspectos, como en muchos otros, y nuestra Federación lo ha hecho notar históricamente.

Pero no se trata de restar autonomía a la persecución penal, como se ha esgrimido cuando se trata de proponer mecanismos de control para el Órgano Persecutor, hablamos de cumplir con los standares de rigurosidad y transparencia que demanda y merece la ciudadanía, en un país que además, ha enfrentado situaciones muy complejas en los últimos meses.

Es así, como a propósito de la inminente redacción de una nueva Carta Fundamental para Chile, ha llegado el momento para abordar el fin de los cargos de confianza, la denominada "silla musical", y la revisión del mecanismo de nombramiento para todos los altos cargos del Ministerio Público.

También, se hace necesaria la revisión de los sistemas de trabajo, medida fundamental y necesaria para establecer si los modelos actuales son los adecuados para la realidad nacional e institucional, y si se están logrando los resultados esperados por la ciudadanía.

Requerimos un enfoque de fortalecimiento que supere las unidades de tramitación masiva de causas, y ponga su énfasis en los equipos investigativos, que han quedado en segundo plano en las últimas propuestas.

Finalmente, toda gestión pública deber abrirse a una evaluación oportuna de su labor, por lo que proponemos reducir los períodos de ocho a cinco años para los puestos de Fiscal Nacional y Fiscal Regional, y hacerlos extendibles por un período más de igual duración en caso de haber obtenido un desempeño satisfactorio.