La pandemia de las tomas: de la usurpación a la necesidad social

Matías Cornejo Gagliardi
Por Matías Cornejo Gagliardi, Egresado de Derecho UdeC.

En relación con la toma de viviendas que se reporta en los últimos días, se ha escuchado mucho que el problema del delito de usurpación, esto es, la ocupación de un bien inmueble, como argumento para combatir este conflicto social, es la penalidad con la que se sanciona este delito, afirmándose que no es suficiente para disuadir el delincuente. 

Misma tesis, afirmada por los dos últimos gobiernos, respecto de otros tipos penales aún más comunes como el hurto y robo. Tenemos la "ley de agenda corta" promulgada durante el mandato de la expresidenta Michelle Bachelet y la reciente "ley antisaqueo" -que no solo habla de saqueos- promulgada por el presidente Sebastián Piñera.

El objetivo materializado en estas leyes era agravar las penas, así como facilitar la pena efectiva -esto es que queden privados de libertad- y mejorar su persecución penal, todo enmarcado en esta ola de populismo penal que se vive actualmente -populismo penal entendido como la creencia que en el Derecho Penal se encuentra la solución para los problemas sociales-.

Lectoras y lectores les agrego, si bien hay estudios de la materia como la “Teoría de los incentivos económicos” que señala que los delincuentes, como todas las personas en las diferentes acciones que realizan, hacen un análisis costo-beneficio de delinquir. Las penas podrían, entonces, tener un poder disuasivo, ya que disminuyen los incentivos para cometer delitos. En este sentido la pena sería el costo que el delincuente tiene por delinquir. Agregan, que el poder disuasivo de la pena depende de su severidad.

Aquí lo importante, si bien no deja de ser un tema exento de discusión, estudios recientes son contestes en señalar que no hay evidencia suficiente de que los delitos disminuyan porque aumente la pena. Estos indican, que aun cuando la hay, esta disminución es marginal y a un costo económico muy elevado para el estado. Eso se debería a que las personas delinquen por varios motivos, de modo que la dureza del posible castigo no entra en las consideraciones del delincuente, pues estiman esa sanción futura como algo distante y poco probable.

Además, hay investigaciones criminológicas que sugieren que, para el caso de Chile, que ya presenta altas tasas de prisión, un eventual aumento penitenciario puede traducirse en más delincuencia. Hay estudios internacionales que señalan que:

!) El aumento de penas tiene efectos, pero que estos no son estadísticamente significativos, y que la disuasión ocurre más usualmente en los casos de infracciones administrativas, más que en los delitos.

2) Que los sujetos con una motivación para delinquir, generalmente no consideran la penalidad futura asociada a su comportamiento delictivo, al ser considerada como un evento distante y quizás poco probable. 

3) Los infractores se preocupan, más que de la pena probable, de la mayor certeza sobre la posibilidad de ser capturado y, por último;

4) Que los factores que sí ayudan a disminuir los delitos, son aquellos de disuasión focalizada, es decir, patrullaje focalizado, encuentros con oficiales de libertad condicional, Plan Cuadrante, etcétera.

Por su parte, Lidia Aparici Martí, en su obra “Políticas y Estrategias de Prevención del Delito y de la Inseguridad” concluye que el sistema penal, en general, es efectivo en la reducción de la delincuencia, pero que, al analizar la severidad de la pena y el número de delitos cometidos, se observa que el aumento de la primera no produce un descenso de los segundos. Lo anterior, se debería a que las personas delinquen por diversos motivos, de modo que la dureza del posible castigo no entra en las consideraciones del delincuente.

El foco no debe desviarse de lo fundamental, Las Políticas Sociales, es importante que atendamos a las políticas públicas, pues no basta con establecer nuevos delitos y tampoco aumentar las penas, sino que es importante tratar programas de prevención de delitos diseñados para establecerse en el tiempo. 
Abandonar el populismo penal y diseñar estrategias orientadas a la raíz del conflicto, hacerse cargo de las necesidades básicas de los ciudadanos, reduciendo así todas aquellas tensiones sociales que nos puedan conducir a la comisión de hechos punibles.