Contraloría detecta irregularidades en convenios entre Fundación Daya y municipalidades
La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una serie de irregularidades en los convenios suscritos entre la Fundación Daya y 13 municipalidades de Chile para implementar el "Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia". Entre los hallazgos más destacados se encuentra la falta de permisos oficiales del laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco, así como el incumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios.
Según el informe final N° 247 de 2024, la CGR auditó los convenios firmados entre enero de 2015 y diciembre de 2023, los cuales involucraron a las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla. El programa tenía un costo total de $423.426.000, de los cuales $359.025.625 fueron transferidos a la Fundación Daya para la implementación del proyecto.
Uno de los principales problemas detectados fue que el laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco a base de cannabis no contaba con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) en el momento de la firma de los convenios. Dicha autorización fue obtenida recién en 2018, dos años después de que se realizaran las transferencias de recursos. Además, la CGR constató que 9 de las 13 municipalidades no recibieron las dosis del fitofármaco acordadas, mientras que otras dos solo obtuvieron una parte.
A pesar de estos incumplimientos, varios de los municipios afectados no exigieron el cumplimiento de los convenios ni la restitución de los fondos transferidos, ni tomaron acciones judiciales al respecto. La auditoría también reveló serias deficiencias en las rendiciones de cuentas por parte de las municipalidades, incluyendo la falta de comprobantes de ingreso y egreso de fondos, duplicidad de rendiciones y aceptación de gastos por montos superiores a los transferidos.
Otro hallazgo significativo fue que el ISP no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni le concedió el registro sanitario, lo que impidió que se produjeran suficientes dosis para cubrir el tratamiento de los 2.300 pacientes estipulados en los convenios.
Ante estas irregularidades, la CGR ha anunciado el inicio de un sumario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Además, los resultados de la investigación serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado, con el fin de que se tomen las acciones legales pertinentes. Este caso pone en evidencia la necesidad de un mayor control y supervisión en la implementación de programas de salud pública que involucran fondos estatales y la colaboración con entidades privadas.
Fuente información: https://www.contraloria.cl/web/cgr/-/municipios-y-fundacion-daya
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Según el informe final N° 247 de 2024, la CGR auditó los convenios firmados entre enero de 2015 y diciembre de 2023, los cuales involucraron a las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla. El programa tenía un costo total de $423.426.000, de los cuales $359.025.625 fueron transferidos a la Fundación Daya para la implementación del proyecto.
Uno de los principales problemas detectados fue que el laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco a base de cannabis no contaba con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) en el momento de la firma de los convenios. Dicha autorización fue obtenida recién en 2018, dos años después de que se realizaran las transferencias de recursos. Además, la CGR constató que 9 de las 13 municipalidades no recibieron las dosis del fitofármaco acordadas, mientras que otras dos solo obtuvieron una parte.
A pesar de estos incumplimientos, varios de los municipios afectados no exigieron el cumplimiento de los convenios ni la restitución de los fondos transferidos, ni tomaron acciones judiciales al respecto. La auditoría también reveló serias deficiencias en las rendiciones de cuentas por parte de las municipalidades, incluyendo la falta de comprobantes de ingreso y egreso de fondos, duplicidad de rendiciones y aceptación de gastos por montos superiores a los transferidos.
Otro hallazgo significativo fue que el ISP no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni le concedió el registro sanitario, lo que impidió que se produjeran suficientes dosis para cubrir el tratamiento de los 2.300 pacientes estipulados en los convenios.
Ante estas irregularidades, la CGR ha anunciado el inicio de un sumario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Además, los resultados de la investigación serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado, con el fin de que se tomen las acciones legales pertinentes. Este caso pone en evidencia la necesidad de un mayor control y supervisión en la implementación de programas de salud pública que involucran fondos estatales y la colaboración con entidades privadas.
Fuente información: https://www.contraloria.cl/web/cgr/-/municipios-y-fundacion-daya
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