Chilterra: Junta de Acreedores rechaza propuesta y evita polémica compra de terrenos por CONADI
ONG Campo Seguro celebra rechazo de propuesta de reorganización de Chilterra y alerta sobre eventual compra de terrenos por parte de CONADI
En el marco del proceso judicial de reorganización de Chilterra S.A., se presentó una controvertida propuesta ante la Junta de Acreedores, la cual contemplaba la venta de terrenos a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). La propuesta sugería destinar estas propiedades a comunidades indígenas, mayoritariamente de la Región de La Araucanía, pese a la falta de antecedentes válidos que acreditaran derechos ancestrales sobre los terrenos en cuestión, según denunció la ONG Campo Seguro.
El documento judicial planteaba que los predios serían adquiridos por CONADI como parte de un acuerdo para saldar la deuda de Chilterra con sus acreedores. Sin embargo, la organización Campo Seguro, que ha monitoreado el caso de cerca, cuestionó la legitimidad de la medida, señalando que las comunidades beneficiarias no correspondían, en su mayoría, a la Región de Los Ríos, donde se ubican los terrenos. Además, argumentaron la inexistencia de antecedentes históricos, como Títulos de Merced, que justificaran las reivindicaciones.
El gerente de la ONG Campo Seguro, Francisco Muñoz, destacó la decisión de la Junta de Acreedores de rechazar la propuesta durante la sesión del lunes 23 de diciembre. Según Muñoz, esta resolución evita "el mal uso de recursos estatales en una figura comercial ficticia" y prioriza un proceso ordenado para la venta de los predios con el fin de saldar la deuda de manera justa.
Muñoz agregó que la organización continuará monitoreando el caso, en especial el cumplimiento de la legislación vigente por parte de CONADI, advirtiendo que en ocasiones anteriores la entidad no ha respetado la normativa. Asimismo, Campo Seguro no descarta recurrir a la Contraloría General de la República para supervisar este proceso de venta de terrenos.
Uno de los puntos más controvertidos del caso es la intención de beneficiar con la compra de tierras a comunidades indígenas de regiones distintas a la ubicación de los terrenos, una acción que para Campo Seguro no solo carece de fundamento, sino que también cuestiona el uso eficiente de los recursos públicos.
Campo Seguro ha sido un actor crítico en este proceso, insistiendo en la necesidad de transparencia y apego a la normativa en el manejo de los recursos estatales y en las adquisiciones de terrenos destinadas a fines comunitarios.
Fuente información: comunicacionescamposeguro@gmail.com
En el marco del proceso judicial de reorganización de Chilterra S.A., se presentó una controvertida propuesta ante la Junta de Acreedores, la cual contemplaba la venta de terrenos a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). La propuesta sugería destinar estas propiedades a comunidades indígenas, mayoritariamente de la Región de La Araucanía, pese a la falta de antecedentes válidos que acreditaran derechos ancestrales sobre los terrenos en cuestión, según denunció la ONG Campo Seguro.
El documento judicial planteaba que los predios serían adquiridos por CONADI como parte de un acuerdo para saldar la deuda de Chilterra con sus acreedores. Sin embargo, la organización Campo Seguro, que ha monitoreado el caso de cerca, cuestionó la legitimidad de la medida, señalando que las comunidades beneficiarias no correspondían, en su mayoría, a la Región de Los Ríos, donde se ubican los terrenos. Además, argumentaron la inexistencia de antecedentes históricos, como Títulos de Merced, que justificaran las reivindicaciones.
El gerente de la ONG Campo Seguro, Francisco Muñoz, destacó la decisión de la Junta de Acreedores de rechazar la propuesta durante la sesión del lunes 23 de diciembre. Según Muñoz, esta resolución evita "el mal uso de recursos estatales en una figura comercial ficticia" y prioriza un proceso ordenado para la venta de los predios con el fin de saldar la deuda de manera justa.
Muñoz agregó que la organización continuará monitoreando el caso, en especial el cumplimiento de la legislación vigente por parte de CONADI, advirtiendo que en ocasiones anteriores la entidad no ha respetado la normativa. Asimismo, Campo Seguro no descarta recurrir a la Contraloría General de la República para supervisar este proceso de venta de terrenos.
Uno de los puntos más controvertidos del caso es la intención de beneficiar con la compra de tierras a comunidades indígenas de regiones distintas a la ubicación de los terrenos, una acción que para Campo Seguro no solo carece de fundamento, sino que también cuestiona el uso eficiente de los recursos públicos.
Campo Seguro ha sido un actor crítico en este proceso, insistiendo en la necesidad de transparencia y apego a la normativa en el manejo de los recursos estatales y en las adquisiciones de terrenos destinadas a fines comunitarios.
Fuente información: comunicacionescamposeguro@gmail.com
