Conflicto por tierras: Conadi no logra adquirir predios en Los Ríos
Junta de acreedores rechaza compra de terrenos de Chilterra por parte de Conadi en Paillaco.
En una decisión que genera amplio debate, la junta de acreedores de la empresa Chilterra S.A. rechazó una propuesta para que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) adquiriera terrenos de la compañía en la región de Los Ríos. Este fallo deja en suspenso un proceso que buscaba saldar deudas millonarias y ha levantado preocupaciones sobre el uso de recursos públicos y el impacto en las comunidades locales.
Chilterra, actualmente en proceso de liquidación judicial bajo la Ley de Quiebras y Reemprendimiento, acumula una deuda de más de 30.000 millones de pesos con 18 acreedores, de los cuales cinco concentran la mayor parte. La propuesta rechazada incluía la venta de 3.700 hectáreas a Conadi para ser entregadas a comunidades indígenas, pero varios elementos controvertidos hicieron que la junta de acreedores descartara esta opción.
El Gerente de la Asociación Campo Seguro, Francisco Muñoz, destacó que la propuesta generaba inquietudes tanto por los antecedentes de ocupaciones productivas como por irregularidades legales. Entre los puntos más críticos, se encontraba una rebaja del 30% de la deuda para Chilterra, el pago de una comisión del 10% a un intermediario no identificado y la eventual llegada de comunidades desde la Araucanía a la zona de Paillaco, lo que podría exacerbar conflictos.
Muñoz subrayó que la ocupación productiva de los terrenos en cuestión limitaría la participación de otros interesados en la compra, afectando la transparencia del proceso. Además, cuestionó el uso de recursos de Conadi para pagar deudas privadas y recordó antecedentes de conflictos violentos en regiones vecinas tras adquisiciones similares.
La negativa de la junta de acreedores obliga a un proceso de venta pública o remate de los terrenos. Sin embargo, la ley prohíbe a Conadi participar en subastas, lo que deja en duda su capacidad para adquirir estas tierras en el futuro. Mientras tanto, las comunidades locales y autoridades de la región de Los Ríos han expresado su preocupación por el impacto social y económico de la llegada de comunidades externas.
El caso ha reavivado críticas al desempeño de Conadi en la compra de terrenos, con llamados a garantizar un uso responsable y sin presiones indebidas. Según Muñoz, es fundamental que las autoridades actúen con cautela para evitar perpetuar conflictos y asegurar que los recursos públicos beneficien directamente a las comunidades acreditadas.
Fuente información: Rocío Gambra
En una decisión que genera amplio debate, la junta de acreedores de la empresa Chilterra S.A. rechazó una propuesta para que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) adquiriera terrenos de la compañía en la región de Los Ríos. Este fallo deja en suspenso un proceso que buscaba saldar deudas millonarias y ha levantado preocupaciones sobre el uso de recursos públicos y el impacto en las comunidades locales.
Chilterra, actualmente en proceso de liquidación judicial bajo la Ley de Quiebras y Reemprendimiento, acumula una deuda de más de 30.000 millones de pesos con 18 acreedores, de los cuales cinco concentran la mayor parte. La propuesta rechazada incluía la venta de 3.700 hectáreas a Conadi para ser entregadas a comunidades indígenas, pero varios elementos controvertidos hicieron que la junta de acreedores descartara esta opción.
El Gerente de la Asociación Campo Seguro, Francisco Muñoz, destacó que la propuesta generaba inquietudes tanto por los antecedentes de ocupaciones productivas como por irregularidades legales. Entre los puntos más críticos, se encontraba una rebaja del 30% de la deuda para Chilterra, el pago de una comisión del 10% a un intermediario no identificado y la eventual llegada de comunidades desde la Araucanía a la zona de Paillaco, lo que podría exacerbar conflictos.
Muñoz subrayó que la ocupación productiva de los terrenos en cuestión limitaría la participación de otros interesados en la compra, afectando la transparencia del proceso. Además, cuestionó el uso de recursos de Conadi para pagar deudas privadas y recordó antecedentes de conflictos violentos en regiones vecinas tras adquisiciones similares.
La negativa de la junta de acreedores obliga a un proceso de venta pública o remate de los terrenos. Sin embargo, la ley prohíbe a Conadi participar en subastas, lo que deja en duda su capacidad para adquirir estas tierras en el futuro. Mientras tanto, las comunidades locales y autoridades de la región de Los Ríos han expresado su preocupación por el impacto social y económico de la llegada de comunidades externas.
El caso ha reavivado críticas al desempeño de Conadi en la compra de terrenos, con llamados a garantizar un uso responsable y sin presiones indebidas. Según Muñoz, es fundamental que las autoridades actúen con cautela para evitar perpetuar conflictos y asegurar que los recursos públicos beneficien directamente a las comunidades acreditadas.
Fuente información: Rocío Gambra
