Al descubierto: el impacto del colapso financiero que golpea al Estado chileno
El Gobierno enfrenta su peor crisis fiscal: pagos retrasados y deudas récord para 2025.
Durante el último trimestre de 2024, el gobierno de Chile enfrentó una severa estrechez fiscal que se tradujo en retrasos en los pagos a funcionarios públicos y un aumento sin precedentes en deudas aplazadas para 2025. Según una investigación de CIPER Chile, el Ministerio de Hacienda no transfirió $89 mil millones a diez gobiernos regionales, a pesar de que esos fondos estaban comprometidos en la Ley de Presupuesto. Además, 31 instituciones estatales acumularon $2,6 billones en gastos ejecutados pendientes de pago, lo que refleja serios problemas de liquidez dentro del aparato estatal.
Esta crisis afectó directamente a ministerios y servicios públicos, generando retrasos en el pago de bonos a funcionarios y la postergación de obligaciones financieras. Según fuentes anónimas consultadas por CIPER Chile, funcionarios de administración y finanzas de distintos ministerios describieron la situación como "algo nunca antes visto". El déficit de caja llevó al gobierno a trasladar deudas de 2024 a 2025, incrementando la presión sobre el presupuesto del año siguiente y agravando la incertidumbre en la gestión de recursos.
Uno de los puntos críticos revelados por la investigación es que, en 2023, el Ministerio de Hacienda recurrió a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) para solicitar la transferencia de $3,4 billones al Tesoro Público. Este dinero se destinó a cubrir gastos de programas como la Pensión Garantizada Universal (PGU), debido a una recaudación fiscal menor a la proyectada. La falta de recursos también impactó otros sectores clave, como la salud y el transporte, obligando a aplazar pagos a prestadores de servicios privados y a congelar tarifas de transporte público.
El Ministerio de Hacienda explicó que esta crisis se debe a una caída en la recaudación tributaria no minera y a la devolución de impuestos a contribuyentes. A esto se suman compromisos acumulados desde 2019 que no contaban con financiamiento adecuado, como el aumento en la PGU, los costos asociados a la pandemia de COVID-19, y deudas con generadoras eléctricas. Estos factores han generado un escenario de gran presión sobre las finanzas públicas, limitando la capacidad del gobierno para responder a sus compromisos sin recurrir a medidas excepcionales.
La investigación de CIPER Chile pone en evidencia la fragilidad de la gestión fiscal y la necesidad urgente de medidas estructurales para evitar que esta situación se repita. Los expertos advierten que si el gobierno no implementa cambios en la administración de recursos y en la recaudación fiscal, los problemas de liquidez podrían volverse recurrentes, afectando el funcionamiento del Estado y generando mayores incertidumbres económicas en el país.
Fuente información: https://www.ciperchile.cl/2025/02/27/las-cifras-de-la-estrechez-fiscal-del-gobierno-retrasos-en-pagos-a-funcionarios-y-peak-historico-en-deudas-aplazadas-para-el-2025/
Durante el último trimestre de 2024, el gobierno de Chile enfrentó una severa estrechez fiscal que se tradujo en retrasos en los pagos a funcionarios públicos y un aumento sin precedentes en deudas aplazadas para 2025. Según una investigación de CIPER Chile, el Ministerio de Hacienda no transfirió $89 mil millones a diez gobiernos regionales, a pesar de que esos fondos estaban comprometidos en la Ley de Presupuesto. Además, 31 instituciones estatales acumularon $2,6 billones en gastos ejecutados pendientes de pago, lo que refleja serios problemas de liquidez dentro del aparato estatal.
Esta crisis afectó directamente a ministerios y servicios públicos, generando retrasos en el pago de bonos a funcionarios y la postergación de obligaciones financieras. Según fuentes anónimas consultadas por CIPER Chile, funcionarios de administración y finanzas de distintos ministerios describieron la situación como "algo nunca antes visto". El déficit de caja llevó al gobierno a trasladar deudas de 2024 a 2025, incrementando la presión sobre el presupuesto del año siguiente y agravando la incertidumbre en la gestión de recursos.
Uno de los puntos críticos revelados por la investigación es que, en 2023, el Ministerio de Hacienda recurrió a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) para solicitar la transferencia de $3,4 billones al Tesoro Público. Este dinero se destinó a cubrir gastos de programas como la Pensión Garantizada Universal (PGU), debido a una recaudación fiscal menor a la proyectada. La falta de recursos también impactó otros sectores clave, como la salud y el transporte, obligando a aplazar pagos a prestadores de servicios privados y a congelar tarifas de transporte público.
El Ministerio de Hacienda explicó que esta crisis se debe a una caída en la recaudación tributaria no minera y a la devolución de impuestos a contribuyentes. A esto se suman compromisos acumulados desde 2019 que no contaban con financiamiento adecuado, como el aumento en la PGU, los costos asociados a la pandemia de COVID-19, y deudas con generadoras eléctricas. Estos factores han generado un escenario de gran presión sobre las finanzas públicas, limitando la capacidad del gobierno para responder a sus compromisos sin recurrir a medidas excepcionales.
La investigación de CIPER Chile pone en evidencia la fragilidad de la gestión fiscal y la necesidad urgente de medidas estructurales para evitar que esta situación se repita. Los expertos advierten que si el gobierno no implementa cambios en la administración de recursos y en la recaudación fiscal, los problemas de liquidez podrían volverse recurrentes, afectando el funcionamiento del Estado y generando mayores incertidumbres económicas en el país.
Fuente información: https://www.ciperchile.cl/2025/02/27/las-cifras-de-la-estrechez-fiscal-del-gobierno-retrasos-en-pagos-a-funcionarios-y-peak-historico-en-deudas-aplazadas-para-el-2025/
