Critican decisión de no perseverar en 1.509 causas por violaciones a DDHH durante el "estallido social"
A través de una declaración conjunta, siete partidos progresistas expresaron su rechazo a la decisión del Ministerio Público de no perseverar en 1.509 investigaciones por violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del estallido social de 2019. La medida fue calificada como una grave denegación de justicia y una señal de impunidad para los responsables.
Un grupo de partidos políticos de orientación progresista manifestó su “profunda preocupación y enérgica condena” frente a la decisión del Ministerio Público de cerrar 1.509 causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante el estallido social de octubre de 2019. La declaración pública fue firmada por la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Humanista, el Partido Liberal de Chile, el Frente Amplio, el Partido Radical, el Partido Socialista de Chile y el Partido Comunista de Chile.
Según expusieron, la medida constituye una “evidente denegación de justicia” y pone en riesgo el principio de responsabilidad estatal frente a actos ilícitos cometidos contra la población civil. “La denegación de justicia socava la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para garantizar la protección de sus derechos fundamentales”, indica el texto.
La declaración se refiere también a una carta enviada al Fiscal Nacional por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales, la cual integra, entre otras, a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y a la ANEF. En ella se denuncia que la decisión “constituye un acto flagrante de denegación de justicia”, acusando una “clara voluntad institucional por la impunidad”.
Desde la Fiscalía, en tanto, se ha respondido que el término de estas causas corresponde a una atribución legal y se debe a la falta de antecedentes suficientes para fundar acusaciones formales.
No obstante, los firmantes del documento recalcaron que la decisión implica consecuencias mayores. “Permite que la impunidad se instale, enviando un mensaje peligroso de permisividad ante posibles abusos y generando un clima de indefensión para las víctimas”, señalan, agregando que la falta de justicia efectiva puede facilitar la repetición de hechos similares.
Además, destacaron que esta resolución afecta compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a los países a garantizar recursos judiciales efectivos para las víctimas, incluso cuando las violaciones sean cometidas por funcionarios en ejercicio.
Los partidos recordaron que diversos organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, documentaron múltiples vulneraciones cometidas en Chile durante el estallido social. Estas entidades coincidieron en la necesidad de sancionar a los responsables y adoptar medidas preventivas.
En ese contexto, los firmantes hicieron un llamado al Ministerio Público para que reevalúe su decisión. “Que, en el ejercicio de sus facultades legales, revierta esta medida y cumpla con la obligación de lograr verdad, justicia y reparación por las graves violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social”, concluye el comunicado, fechado en Santiago en abril de 2025.
Fuente información: https://x.com/PCdeChile/status/1912551693687857214
Un grupo de partidos políticos de orientación progresista manifestó su “profunda preocupación y enérgica condena” frente a la decisión del Ministerio Público de cerrar 1.509 causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante el estallido social de octubre de 2019. La declaración pública fue firmada por la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Humanista, el Partido Liberal de Chile, el Frente Amplio, el Partido Radical, el Partido Socialista de Chile y el Partido Comunista de Chile.
Según expusieron, la medida constituye una “evidente denegación de justicia” y pone en riesgo el principio de responsabilidad estatal frente a actos ilícitos cometidos contra la población civil. “La denegación de justicia socava la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para garantizar la protección de sus derechos fundamentales”, indica el texto.
La declaración se refiere también a una carta enviada al Fiscal Nacional por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales, la cual integra, entre otras, a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y a la ANEF. En ella se denuncia que la decisión “constituye un acto flagrante de denegación de justicia”, acusando una “clara voluntad institucional por la impunidad”.
Desde la Fiscalía, en tanto, se ha respondido que el término de estas causas corresponde a una atribución legal y se debe a la falta de antecedentes suficientes para fundar acusaciones formales.
No obstante, los firmantes del documento recalcaron que la decisión implica consecuencias mayores. “Permite que la impunidad se instale, enviando un mensaje peligroso de permisividad ante posibles abusos y generando un clima de indefensión para las víctimas”, señalan, agregando que la falta de justicia efectiva puede facilitar la repetición de hechos similares.
Además, destacaron que esta resolución afecta compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a los países a garantizar recursos judiciales efectivos para las víctimas, incluso cuando las violaciones sean cometidas por funcionarios en ejercicio.
Los partidos recordaron que diversos organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, documentaron múltiples vulneraciones cometidas en Chile durante el estallido social. Estas entidades coincidieron en la necesidad de sancionar a los responsables y adoptar medidas preventivas.
En ese contexto, los firmantes hicieron un llamado al Ministerio Público para que reevalúe su decisión. “Que, en el ejercicio de sus facultades legales, revierta esta medida y cumpla con la obligación de lograr verdad, justicia y reparación por las graves violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social”, concluye el comunicado, fechado en Santiago en abril de 2025.
Grave retroceso democrático: el Ministerio Público cierra 1.509 causas por violaciones a los DD.HH. durante el estallido social. Desde el PCCh, junto a fuerzas progresistas, denunciamos esta impunidad institucionalizada. #JusticiaParaLasVíctimas pic.twitter.com/SGnHYpvwgk
— Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) April 16, 2025
Para entender mejor
- Ministerio Público: Organismo autónomo encargado de dirigir la investigación de delitos, formular acusaciones y representar al Estado ante los tribunales en materias penales.
- No perseverar: Decisión del fiscal de cerrar una causa penal cuando considera que no existen antecedentes suficientes para formular una acusación ante un tribunal.
- Violaciones a los derechos humanos: Incluyen actos cometidos por agentes del Estado que atentan contra la integridad física o psíquica de las personas, como torturas, apremios ilegítimos o uso excesivo de la fuerza.
- Estallido social: Ola de protestas iniciada en octubre de 2019 en Chile, que derivó en manifestaciones masivas, disturbios y una crisis institucional, donde se registraron múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Tratado internacional suscrito por Chile, que establece obligaciones para los Estados en materia de respeto y protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho a un recurso judicial efectivo.
Fuente información: https://x.com/PCdeChile/status/1912551693687857214
