Abren investigación penal contra más de 25.000 funcionarios públicos por viajes al extranjero con licencia médica
El Ministerio Público, actuando de oficio, ha iniciado una exhaustiva investigación penal que involucra a 25.078 funcionarios públicos y de entidades financiadas por el Estado, quienes habrían salido del país entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencia médica. La indagatoria, encabezada por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, surge tras un revelador informe de la Contraloría General de la República y busca determinar la posible comisión de delitos de fraude al fisco y la eventual emisión de licencias médicas falsas o fraudulentas por parte de profesionales de la salud.
La decisión de la Fiscalía Nacional se activó tras la publicación del noveno Consolidado de Información Circularizada por parte de la Contraloría General de la República (CGR). Dicho documento encendió las alarmas al cifrar en 25.078 los funcionarios que abandonaron el territorio nacional durante sus periodos de reposo médico. En total, estos empleados públicos hicieron uso de 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y un 31% a afiliados de Instituciones de Salud Previsional (Isapres).
El informe de la CGR, que se sustenta en datos proporcionados por la Policía de Investigaciones (PDI) respecto a los movimientos migratorios, detalla que durante los periodos cubiertos por estas licencias médicas, los funcionarios investigados realizaron un total de 59.575 movimientos internacionales. Un dato que ha llamado la atención de los investigadores es la concentración de estos viajes principalmente entre los meses de septiembre y diciembre de los años analizados.
Dentro de los casos que están siendo minuciosamente revisados, el reporte de Contraloría destaca situaciones particularmente anómalas: 125 funcionarios registraron entre 16 y 30 entradas o salidas del país durante la vigencia de sus licencias. Más preocupante aún resulta que un grupo reducido de solo 13 funcionarios concentra el 25% del total de los permisos médicos emitidos bajo sospecha.
Entre las instituciones con mayor número de funcionarios involucrados en estas prácticas irregulares figuran la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), con 2.280 licencias; la Fundación Integra, con 1.934; y la Municipalidad de Arica, con la sorprendente cifra de 719.234 licencias médicas asociadas a salidas del país de sus funcionarios. Además, el informe de la CGR detectó un caso flagrante de un funcionario del área de la salud que se habría otorgado una licencia médica a sí mismo para luego viajar al extranjero durante dicho periodo de supuesto reposo.
La magnitud de estas revelaciones ha generado un repudio transversal y una rápida reacción por parte de las autoridades. El ministro del Interior y Seguridad Pública, Álvaro Elizalde, anunció que el Gobierno ha instruido la realización de sumarios administrativos internos en todas las reparticiones públicas mencionadas en el informe de Contraloría. Adicionalmente, todos los antecedentes han sido remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que este organismo analice y determine las eventuales acciones civiles y penales que correspondan. "Queremos ser muy enfáticos, nosotros condenamos estos hechos. El gobierno viene impulsando medidas para evitar el abuso en materia de licencias médicas”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde el Congreso Nacional, parlamentarios de oposición han elevado la voz exigiendo medidas drásticas. Han solicitado formalmente al CDE que se querelle contra todos los funcionarios y profesionales de la salud que resulten responsables. El diputado Tomás Lagomarsino, integrante de la comisión de Salud de la Cámara Baja, calificó la situación como una clara "malversación de recursos fiscales". Por su parte, el jefe de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Henry Leal, aseguró que se oficiará a cada ministerio y municipalidad implicada para "perseguir la devolución hasta el último peso de los recursos que fueron defraudados".
La investigación penal ya se encuentra en manos de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, que deberá profundizar en las responsabilidades individuales. Esta nueva causa se suma a investigaciones previas que el Ministerio Público ya venía desarrollando por la emisión masiva de licencias médicas fraudulentas. El foco de la actual pesquisa está puesto no solo en los funcionarios que habrían incumplido el deber de reposo inherente a una licencia médica, sino también en los médicos que podrían haber emitido estos permisos sin el debido fundamento clínico o, incluso, de manera concertada y fraudulenta, existiendo sospechas de vinculación con redes criminales dedicadas a la venta de licencias médicas falsas.
El perjuicio fiscal estimado por estas prácticas, considerando solo el pago de subsidios por incapacidad laboral, supera los 26 mil millones de pesos. Cabe recordar que la Fiscalía ya ha formalizado en otras causas a decenas de compradores de licencias fraudulentas, entre los que se encontraban empleados de instituciones como JUNJI e Integra, lo que evidencia un problema preexistente y extendido.
Si bien es posible que algunos de los casos investigados puedan tener una justificación médica válida, como la necesidad de realizar tratamientos específicos en el extranjero que no estén disponibles en Chile, la masividad de los casos, la concentración de permisos en ciertos periodos y la reiteración de viajes por parte de algunos funcionarios sugieren la existencia de un modus operandi extendido destinado a defraudar al Estado mediante el uso indebido de las licencias médicas.
Este escándalo ha reabierto el debate sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del uso de licencias médicas en el sector público, así como la necesidad de imponer sanciones ejemplificadoras para quienes defraudan la fe pública y los recursos que pertenecen a todos los chilenos.
La investigación penal se encuentra en una etapa inicial y se espera que en las próximas semanas y meses se realicen diversas diligencias, como la toma de declaraciones, el análisis de documentación médica y financiera, y la revisión de los registros migratorios detallados. No se descarta que el número de implicados pueda aumentar y que se proceda a la formalización de cargos contra funcionarios y profesionales de la salud, en un caso que ya se perfila como uno de los mayores escándalos de probidad administrativa de los últimos años en Chile. La comunidad espera que las instituciones funcionen con celeridad y transparencia para sancionar a los responsables y recuperar los fondos fiscales comprometidos.
Fuente información: Agencia MI
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La decisión de la Fiscalía Nacional se activó tras la publicación del noveno Consolidado de Información Circularizada por parte de la Contraloría General de la República (CGR). Dicho documento encendió las alarmas al cifrar en 25.078 los funcionarios que abandonaron el territorio nacional durante sus periodos de reposo médico. En total, estos empleados públicos hicieron uso de 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y un 31% a afiliados de Instituciones de Salud Previsional (Isapres).
El informe de la CGR, que se sustenta en datos proporcionados por la Policía de Investigaciones (PDI) respecto a los movimientos migratorios, detalla que durante los periodos cubiertos por estas licencias médicas, los funcionarios investigados realizaron un total de 59.575 movimientos internacionales. Un dato que ha llamado la atención de los investigadores es la concentración de estos viajes principalmente entre los meses de septiembre y diciembre de los años analizados.
Dentro de los casos que están siendo minuciosamente revisados, el reporte de Contraloría destaca situaciones particularmente anómalas: 125 funcionarios registraron entre 16 y 30 entradas o salidas del país durante la vigencia de sus licencias. Más preocupante aún resulta que un grupo reducido de solo 13 funcionarios concentra el 25% del total de los permisos médicos emitidos bajo sospecha.
Entre las instituciones con mayor número de funcionarios involucrados en estas prácticas irregulares figuran la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), con 2.280 licencias; la Fundación Integra, con 1.934; y la Municipalidad de Arica, con la sorprendente cifra de 719.234 licencias médicas asociadas a salidas del país de sus funcionarios. Además, el informe de la CGR detectó un caso flagrante de un funcionario del área de la salud que se habría otorgado una licencia médica a sí mismo para luego viajar al extranjero durante dicho periodo de supuesto reposo.
La magnitud de estas revelaciones ha generado un repudio transversal y una rápida reacción por parte de las autoridades. El ministro del Interior y Seguridad Pública, Álvaro Elizalde, anunció que el Gobierno ha instruido la realización de sumarios administrativos internos en todas las reparticiones públicas mencionadas en el informe de Contraloría. Adicionalmente, todos los antecedentes han sido remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que este organismo analice y determine las eventuales acciones civiles y penales que correspondan. "Queremos ser muy enfáticos, nosotros condenamos estos hechos. El gobierno viene impulsando medidas para evitar el abuso en materia de licencias médicas”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde el Congreso Nacional, parlamentarios de oposición han elevado la voz exigiendo medidas drásticas. Han solicitado formalmente al CDE que se querelle contra todos los funcionarios y profesionales de la salud que resulten responsables. El diputado Tomás Lagomarsino, integrante de la comisión de Salud de la Cámara Baja, calificó la situación como una clara "malversación de recursos fiscales". Por su parte, el jefe de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Henry Leal, aseguró que se oficiará a cada ministerio y municipalidad implicada para "perseguir la devolución hasta el último peso de los recursos que fueron defraudados".
La investigación penal ya se encuentra en manos de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, que deberá profundizar en las responsabilidades individuales. Esta nueva causa se suma a investigaciones previas que el Ministerio Público ya venía desarrollando por la emisión masiva de licencias médicas fraudulentas. El foco de la actual pesquisa está puesto no solo en los funcionarios que habrían incumplido el deber de reposo inherente a una licencia médica, sino también en los médicos que podrían haber emitido estos permisos sin el debido fundamento clínico o, incluso, de manera concertada y fraudulenta, existiendo sospechas de vinculación con redes criminales dedicadas a la venta de licencias médicas falsas.
El perjuicio fiscal estimado por estas prácticas, considerando solo el pago de subsidios por incapacidad laboral, supera los 26 mil millones de pesos. Cabe recordar que la Fiscalía ya ha formalizado en otras causas a decenas de compradores de licencias fraudulentas, entre los que se encontraban empleados de instituciones como JUNJI e Integra, lo que evidencia un problema preexistente y extendido.
Si bien es posible que algunos de los casos investigados puedan tener una justificación médica válida, como la necesidad de realizar tratamientos específicos en el extranjero que no estén disponibles en Chile, la masividad de los casos, la concentración de permisos en ciertos periodos y la reiteración de viajes por parte de algunos funcionarios sugieren la existencia de un modus operandi extendido destinado a defraudar al Estado mediante el uso indebido de las licencias médicas.
Este escándalo ha reabierto el debate sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del uso de licencias médicas en el sector público, así como la necesidad de imponer sanciones ejemplificadoras para quienes defraudan la fe pública y los recursos que pertenecen a todos los chilenos.
La investigación penal se encuentra en una etapa inicial y se espera que en las próximas semanas y meses se realicen diversas diligencias, como la toma de declaraciones, el análisis de documentación médica y financiera, y la revisión de los registros migratorios detallados. No se descarta que el número de implicados pueda aumentar y que se proceda a la formalización de cargos contra funcionarios y profesionales de la salud, en un caso que ya se perfila como uno de los mayores escándalos de probidad administrativa de los últimos años en Chile. La comunidad espera que las instituciones funcionen con celeridad y transparencia para sancionar a los responsables y recuperar los fondos fiscales comprometidos.
Fuente información: Agencia MI
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