Coerción en universidades, el caso estadounidense y el futuro educativo chileno
Por Juanclaudio García Filún, Vicepresidente Nacional Juventud Evópoli.
“Ningún gobierno, independientemente de qué partido esté en el poder, debería dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”, afirmó como respuesta Alan Garber, Presidente interino de la Universidad de Harvard, la histórica casa de estudios estadounidense, a las autoridades gubernamentales de dicho país, esto luego de ser conocidas las exigencias del gobierno del Presidente Donald Trump a dicha universidad para mantener en cauce los fondos federales entregados a la institución.
Entre las demandas se incluyen la aplicación de medidas disciplinarias más severas contra estudiantes manifestantes, la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión, y el monitoreo de estudiantes extranjeros considerados “hostiles a valores estadounidenses”. Estas presiones no solo afectan a Harvard, sino también, a más de cien universidades tradicionales que, ante la amenaza de perder cuantiosos recursos federales, han cedido a medidas que rozan lo inconstitucional.
Esta escalada de tensiones entre la academia y el gobierno estadounidense, histórico representante de la democracia occidental, invita a una profunda reflexión: ¿qué sucede con el conocimiento y su difusión cuando las principales instituciones académicas son capturadas por los intereses del Estado? La respuesta es contundente: las universidades dejan de ser espacios de pensamiento crítico y desarrollo intelectual para convertirse en instrumentos del poder gubernamental, el que adquiere la capacidad de imponer sus ideas y que rompe con la esencia pluralista y universal que representan las universidades.
En este contexto, resulta inquietante el impulso oficialista en Chile por intentar que las casas de estudio del sector privado (muchas sin fines de lucro) que están adscritas a la gratuidad, sean sostenidas casi exclusivamente con fondos públicos, evidenciado en el proyecto de ley FES del gobierno, el cual debilita la autonomía financiera universitaria al fijar los montos de los aranceles y al establecer las vacantes disponibles por carrera. Medidas como estas, ya advertido por expertos, generarían al largo plazo una dependencia excesiva de las instituciones de educación superior que se adhieran al FES, y por tanto, una merma en la capacidad de estas para definir sus proyectos educativos, quedando a la merced de las decisiones gubernamentales y las prioridades del Estado.
Si bien es fundamental avanzar en mecanismos que permitan reducir la alta morosidad de los egresados y la mejora de los recursos públicos invertidos no puede considerarse como alternativa un proyecto que termina por sacrificar la autonomía fiscal y educativa de las universidades, y que abre camino a situaciones similares a la de EE. UU. Se requiere trabajar en políticas responsables que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema de educación superior, y que, a diferencia del FES, fortalezcan la capacidad de las diversas casas de estudio a definir sus proyectos educativos, proyectos que reflejen la pluralidad de los valores y las ideas.
Juanclaudio García Filún
Vicepresidente Nacional Juventud Evópoli
Fuente información: jclaudio.gold@gmail.com
“Ningún gobierno, independientemente de qué partido esté en el poder, debería dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”, afirmó como respuesta Alan Garber, Presidente interino de la Universidad de Harvard, la histórica casa de estudios estadounidense, a las autoridades gubernamentales de dicho país, esto luego de ser conocidas las exigencias del gobierno del Presidente Donald Trump a dicha universidad para mantener en cauce los fondos federales entregados a la institución.
Entre las demandas se incluyen la aplicación de medidas disciplinarias más severas contra estudiantes manifestantes, la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión, y el monitoreo de estudiantes extranjeros considerados “hostiles a valores estadounidenses”. Estas presiones no solo afectan a Harvard, sino también, a más de cien universidades tradicionales que, ante la amenaza de perder cuantiosos recursos federales, han cedido a medidas que rozan lo inconstitucional.
Esta escalada de tensiones entre la academia y el gobierno estadounidense, histórico representante de la democracia occidental, invita a una profunda reflexión: ¿qué sucede con el conocimiento y su difusión cuando las principales instituciones académicas son capturadas por los intereses del Estado? La respuesta es contundente: las universidades dejan de ser espacios de pensamiento crítico y desarrollo intelectual para convertirse en instrumentos del poder gubernamental, el que adquiere la capacidad de imponer sus ideas y que rompe con la esencia pluralista y universal que representan las universidades.
En este contexto, resulta inquietante el impulso oficialista en Chile por intentar que las casas de estudio del sector privado (muchas sin fines de lucro) que están adscritas a la gratuidad, sean sostenidas casi exclusivamente con fondos públicos, evidenciado en el proyecto de ley FES del gobierno, el cual debilita la autonomía financiera universitaria al fijar los montos de los aranceles y al establecer las vacantes disponibles por carrera. Medidas como estas, ya advertido por expertos, generarían al largo plazo una dependencia excesiva de las instituciones de educación superior que se adhieran al FES, y por tanto, una merma en la capacidad de estas para definir sus proyectos educativos, quedando a la merced de las decisiones gubernamentales y las prioridades del Estado.
Si bien es fundamental avanzar en mecanismos que permitan reducir la alta morosidad de los egresados y la mejora de los recursos públicos invertidos no puede considerarse como alternativa un proyecto que termina por sacrificar la autonomía fiscal y educativa de las universidades, y que abre camino a situaciones similares a la de EE. UU. Se requiere trabajar en políticas responsables que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema de educación superior, y que, a diferencia del FES, fortalezcan la capacidad de las diversas casas de estudio a definir sus proyectos educativos, proyectos que reflejen la pluralidad de los valores y las ideas.
Juanclaudio García Filún
Vicepresidente Nacional Juventud Evópoli
Fuente información: jclaudio.gold@gmail.com
