Debate por voto migrante en Chile: ¿Revés a derechos adquiridos o ajuste necesario?
Una discusión en el Congreso busca modificar el derecho a sufragio de extranjeros con residencia definitiva, generando críticas sobre la posible eliminación de derechos políticos adquiridos y el uso del tema con fines constitucionales. Germán Hernández, vicepresidente de Evópoli RM, aborda el actual escenario, los requisitos para votar y compara la situación chilena con estándares internacionales y de la OCDE, instando a centrarse en la integración y los problemas reales del país.
Una intensa discusión se ha reabierto en el Congreso Nacional en torno al derecho a voto de los ciudadanos extranjeros residentes en Chile, poniendo en tela de juicio el actual marco legal que permite sufragar a quienes cuentan con visa definitiva y al menos cinco años de avecindamiento en el país. La propuesta, impulsada principalmente por sectores del Frente Amplio y el Partido Socialista, según el análisis de Germán Hernández, venezolano, vicepresidente de Evópoli en la Región Metropolitana y miembro del directorio de la Fundación Derechos para Todos, buscaría restringir el sufragio solo a los extranjeros nacionalizados, lo que implicaría, a su juicio, una modificación a la Constitución y un retroceso en derechos políticos adquiridos.
Actualmente, la Constitución de la República de Chile establece que un extranjero puede votar tras un tiempo avecindado en el país y contando con una visa vigente. Según detalla Hernández, esto se traduce en la práctica en la necesidad de poseer visa definitiva y haber cumplido cinco años de residencia en Chile. Desmiente así el "mito" de que cualquier persona con un carnet de identidad o RUT provisorio pueda votar, explicando que el proceso implica primero la obtención de una visa temporaria, un período de arraigo de un año para optar a la visa definitiva (cuyo trámite ante el Servicio Nacional de Migración suele ser extenso, tomando en la realidad dos a tres años o más), y solo después de obtener esta última, cumplir los cinco años de residencia exigidos por la ley para ejercer el derecho a sufragio. Por tanto, quienes hoy votan son personas con más de cinco años en el país, "trabajando, pagando cuentas, pagando impuestos, haciendo vida, haciendo familia aquí", lo que les otorga, a su entender, conocimiento y arraigo.
La controversia reciente surgió tras retomarse el debate en el Congreso la semana pasada. Sin embargo, para Germán Hernández, el fondo de la discusión no radica en la obligatoriedad del voto, la cual ya rige para todos los ciudadanos chilenos y extranjeros habilitados para sufragar, sino en una intención velada de eliminar el derecho a sufragio a todos los migrantes no nacionalizados. "La discusión en este momento no es si es obligatorio o no para los migrantes, es quitarle el voto a todos los migrantes", enfatiza, ligando esta propuesta directamente a un intento de modificar la Constitución, a pesar de que, según sus palabras, "ya dos veces el pueblo chileno les ha dicho, dejen la constitución como está".
Hernández interpreta esta iniciativa como un "fin político de robar derechos políticos a los migrantes", utilizando a estos últimos como "chivo expiatorio de las incapacidades que el gobierno y el Congreso tienen para resolver los problemas reales de los chilenos". Critica que partidos que se autodenominan progresistas impulsen medidas que restan derechos en lugar de sumarlos, contraviniendo la lógica de avance en materia de libertades civiles y políticas.
Al comparar la situación chilena con la de otros países, si bien reconoce que hay naciones más restrictivas en cuanto al voto extranjero, destaca que Chile, como país liberal, ha estado a la vanguardia en ofrecer derechos políticos a sus ciudadanos, contando con una "democracia bien robusta" y una clara separación de poderes. Aunque pocos países otorgan el derecho a voto a extranjeros en las mismas condiciones que Chile, Hernández argumenta que esto habla positivamente del posicionamiento de la democracia y las libertades en el país, y que comparar para "nivelar hacia abajo" es una mala estrategia. Traza un paralelo con el voto femenino, un derecho ganado que no debería estar sujeto a retroceso basándose en realidades de otros países donde aún no se garantiza plenamente.
En el contexto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que Chile pertenece, Hernández señala que el país se posiciona como uno de los líderes en derechos políticos. Además, menciona que la OCDE considera que un país desarrollado debe tener entre un quince y veinte por ciento de población migrante (Chile alcanza alrededor del ocho por ciento según la última encuesta), y que con un porcentaje significativo de migrantes, es natural que busquen expresarse libremente y tener representación a través de vías democráticas.
Respecto a la motivación detrás de la propuesta de eliminar el voto migrante, Hernández plantea que una de las bases que esgrime la izquierda sería que los migrantes no votarían por ellos. Sin embargo, refuta esta idea al afirmar que los migrantes buscan lo mismo que los chilenos: "paz, seguridad, empleo y desarrollar su proyecto de vida", y que elegirán a las autoridades que mejor les garanticen cumplir con esos requisitos. Considera ilógico quitar el derecho a voto como solución a una supuesta falta de apoyo, instando a los políticos a ofrecer "propuestas serias a la gente" y a centrarse en temas que realmente "atañen a la ciudadanía" como la seguridad, la salud y la educación, en lugar de "estar distraídos en otras cosas que no tienen sentido".
Para finalizar, Germán Hernández subraya que, de no mediar modificaciones en el Congreso, el voto para los migrantes habilitados seguiría siendo obligatorio, con la correspondiente multa para quienes no sufraguen. Reitera la importancia de que las personas, tanto chilenos como migrantes, elijan a los representantes que mejor se alineen con sus proyectos de vida. Dirige un mensaje a la clase política, señalando que Chile "ya no aguanta más el tiranteo de un sector y otro sector", y que la solución pasa por centrarse en políticas que respondan a las necesidades de las personas. Enfatiza la contribución de los migrantes a la economía y al desarrollo del país, y concluye que lo más sano y lógico es buscar la integración de todos para construir un "Chile del futuro" en el que se trabaje bajo un mismo objetivo, evitando la fragmentación y la división. La resolución de este debate en el Congreso se espera en las próximas semanas.
Fuente información: Rocío Gambra
Una intensa discusión se ha reabierto en el Congreso Nacional en torno al derecho a voto de los ciudadanos extranjeros residentes en Chile, poniendo en tela de juicio el actual marco legal que permite sufragar a quienes cuentan con visa definitiva y al menos cinco años de avecindamiento en el país. La propuesta, impulsada principalmente por sectores del Frente Amplio y el Partido Socialista, según el análisis de Germán Hernández, venezolano, vicepresidente de Evópoli en la Región Metropolitana y miembro del directorio de la Fundación Derechos para Todos, buscaría restringir el sufragio solo a los extranjeros nacionalizados, lo que implicaría, a su juicio, una modificación a la Constitución y un retroceso en derechos políticos adquiridos.
Actualmente, la Constitución de la República de Chile establece que un extranjero puede votar tras un tiempo avecindado en el país y contando con una visa vigente. Según detalla Hernández, esto se traduce en la práctica en la necesidad de poseer visa definitiva y haber cumplido cinco años de residencia en Chile. Desmiente así el "mito" de que cualquier persona con un carnet de identidad o RUT provisorio pueda votar, explicando que el proceso implica primero la obtención de una visa temporaria, un período de arraigo de un año para optar a la visa definitiva (cuyo trámite ante el Servicio Nacional de Migración suele ser extenso, tomando en la realidad dos a tres años o más), y solo después de obtener esta última, cumplir los cinco años de residencia exigidos por la ley para ejercer el derecho a sufragio. Por tanto, quienes hoy votan son personas con más de cinco años en el país, "trabajando, pagando cuentas, pagando impuestos, haciendo vida, haciendo familia aquí", lo que les otorga, a su entender, conocimiento y arraigo.
La controversia reciente surgió tras retomarse el debate en el Congreso la semana pasada. Sin embargo, para Germán Hernández, el fondo de la discusión no radica en la obligatoriedad del voto, la cual ya rige para todos los ciudadanos chilenos y extranjeros habilitados para sufragar, sino en una intención velada de eliminar el derecho a sufragio a todos los migrantes no nacionalizados. "La discusión en este momento no es si es obligatorio o no para los migrantes, es quitarle el voto a todos los migrantes", enfatiza, ligando esta propuesta directamente a un intento de modificar la Constitución, a pesar de que, según sus palabras, "ya dos veces el pueblo chileno les ha dicho, dejen la constitución como está".
Hernández interpreta esta iniciativa como un "fin político de robar derechos políticos a los migrantes", utilizando a estos últimos como "chivo expiatorio de las incapacidades que el gobierno y el Congreso tienen para resolver los problemas reales de los chilenos". Critica que partidos que se autodenominan progresistas impulsen medidas que restan derechos en lugar de sumarlos, contraviniendo la lógica de avance en materia de libertades civiles y políticas.
Al comparar la situación chilena con la de otros países, si bien reconoce que hay naciones más restrictivas en cuanto al voto extranjero, destaca que Chile, como país liberal, ha estado a la vanguardia en ofrecer derechos políticos a sus ciudadanos, contando con una "democracia bien robusta" y una clara separación de poderes. Aunque pocos países otorgan el derecho a voto a extranjeros en las mismas condiciones que Chile, Hernández argumenta que esto habla positivamente del posicionamiento de la democracia y las libertades en el país, y que comparar para "nivelar hacia abajo" es una mala estrategia. Traza un paralelo con el voto femenino, un derecho ganado que no debería estar sujeto a retroceso basándose en realidades de otros países donde aún no se garantiza plenamente.
En el contexto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que Chile pertenece, Hernández señala que el país se posiciona como uno de los líderes en derechos políticos. Además, menciona que la OCDE considera que un país desarrollado debe tener entre un quince y veinte por ciento de población migrante (Chile alcanza alrededor del ocho por ciento según la última encuesta), y que con un porcentaje significativo de migrantes, es natural que busquen expresarse libremente y tener representación a través de vías democráticas.
Respecto a la motivación detrás de la propuesta de eliminar el voto migrante, Hernández plantea que una de las bases que esgrime la izquierda sería que los migrantes no votarían por ellos. Sin embargo, refuta esta idea al afirmar que los migrantes buscan lo mismo que los chilenos: "paz, seguridad, empleo y desarrollar su proyecto de vida", y que elegirán a las autoridades que mejor les garanticen cumplir con esos requisitos. Considera ilógico quitar el derecho a voto como solución a una supuesta falta de apoyo, instando a los políticos a ofrecer "propuestas serias a la gente" y a centrarse en temas que realmente "atañen a la ciudadanía" como la seguridad, la salud y la educación, en lugar de "estar distraídos en otras cosas que no tienen sentido".
Para finalizar, Germán Hernández subraya que, de no mediar modificaciones en el Congreso, el voto para los migrantes habilitados seguiría siendo obligatorio, con la correspondiente multa para quienes no sufraguen. Reitera la importancia de que las personas, tanto chilenos como migrantes, elijan a los representantes que mejor se alineen con sus proyectos de vida. Dirige un mensaje a la clase política, señalando que Chile "ya no aguanta más el tiranteo de un sector y otro sector", y que la solución pasa por centrarse en políticas que respondan a las necesidades de las personas. Enfatiza la contribución de los migrantes a la economía y al desarrollo del país, y concluye que lo más sano y lógico es buscar la integración de todos para construir un "Chile del futuro" en el que se trabaje bajo un mismo objetivo, evitando la fragmentación y la división. La resolución de este debate en el Congreso se espera en las próximas semanas.
Fuente información: Rocío Gambra
