Decretan arresto domiciliario total y arraigo nacional para la diputada Catalina Pérez por fraude al fisco
Este lunes 12 de mayo de 2025, el Juzgado de Garantía de Antofagasta dictaminó la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional para la diputada Catalina Pérez (ex Revolución Democrática). La parlamentaria fue formalizada por tres delitos de fraude al fisco en el marco de la investigación del Caso Democracia Viva, que indaga presuntas irregularidades en convenios por $426 millones entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación ligada a su expareja, Daniel Andrade. La Fiscalía acusa a Pérez de haber intervenido para favorecer a la entidad.
Una nueva etapa judicial enfrenta la diputada por la Región de Antofagasta, Catalina Pérez. Durante la jornada de este lunes, el Juzgado de Garantía de dicha ciudad determinó imponerle las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, tras ser formalizada por su presunta participación en tres delitos consumados de fraude al fisco. Esta decisión se enmarca en la extensa investigación del denominado Caso Democracia Viva, uno de los vértices más emblemáticos del Caso Convenios.
La formalización de la parlamentaria, quien actualmente se encuentra desaforada por decisión de la Corte Suprema confirmada en abril pasado, responde a la solicitud del Ministerio Público. La Fiscalía de Antofagasta, liderada por el fiscal jefe Cristián Aguilar, sostiene que existen antecedentes contundentes para presumir la autoría de Pérez en los ilícitos. Según la tesis del persecutor, la diputada habría ejercido influencias indebidas para que la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida en ese entonces por Carlos Contreras –su ex jefe de gabinete–, adjudicara de manera directa convenios por $426 millones a la Fundación Democracia Viva, entidad presidida por su entonces pareja, Daniel Andrade.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal Aguilar expuso los argumentos que vinculan a Pérez con los hechos. Se detalló que los convenios, destinados teóricamente a trabajos en campamentos de la región, se firmaron sin cumplir con los procedimientos administrativos regulares, careciendo de la debida justificación técnica y documental, y vulnerando el principio de probidad administrativa que rige la función pública.
La jueza de garantía, Claudia Campusano, acogió parcialmente la solicitud del Ministerio Público. Si bien la Fiscalía pedía la prisión preventiva para la diputada, la magistrada consideró que el arresto domiciliario total y el arraigo nacional eran medidas suficientes y proporcionales por el momento. Para fundamentar su decisión, la jueza hizo referencia a evidencia clave presentada por la Fiscalía, incluyendo conversaciones de WhatsApp donde Pérez, presuntamente, habría instruido a terceros sobre cómo simular la operatividad de la fundación y falsear información para justificar los traspasos. Estos antecedentes, según la jueza, constituirían indicios relevantes de la participación de la imputada.
El tribunal fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación, periodo durante el cual la Fiscalía deberá completar las diligencias pendientes para eventualmente presentar una acusación formal.
Tras conocerse la resolución, el abogado defensor de Catalina Pérez, Gonzalo Medina, expresó una satisfacción parcial. Si bien valoró que el tribunal desestimara la solicitud de prisión preventiva –la medida cautelar más gravosa–, reiteró la completa inocencia de su representada. Medina afirmó que no existen pruebas directas que acrediten la participación de la diputada en los delitos imputados y destacó que Pérez ha colaborado activamente con la investigación desde sus inicios. La propia parlamentaria ha sostenido públicamente, desde que estalló el caso en junio de 2023, que desconocía las irregularidades en los traspasos de fondos y que nunca intervino para beneficiar a su expareja o a la fundación.
No obstante, tanto los antecedentes recopilados por el Ministerio Público como informes previos de la Contraloría General de la República han puesto en duda esta versión, apuntando a un rol más activo de la diputada en el entramado.
El Caso Democracia Viva fue la punta del iceberg del llamado Caso Convenios, una serie de investigaciones que se extendieron por diversas regiones del país y que pusieron bajo la lupa la asignación directa de fondos públicos a fundaciones y organizaciones privadas, muchas de ellas creadas recientemente o vinculadas a figuras políticas del oficialismo. Este escándalo ha generado un profundo impacto político, especialmente en el Frente Amplio y en la coalición de gobierno, erosionando la confianza pública en la administración estatal y en el uso de los recursos fiscales.
En el marco de esta misma investigación, Carlos Contreras, ex Seremi de Vivienda y ex jefe de gabinete de Pérez, y Paz Fuica, ex concejala de Antofagasta, se encuentran actualmente en prisión preventiva. Por su parte, Daniel Andrade, ex pareja de la diputada y representante legal de Democracia Viva, cumple arresto domiciliario. Todos ellos eran militantes de Revolución Democrática (RD) al momento de los hechos, partido que posteriormente se fusionó para dar origen al Frente Amplio.
Con la formalización de la diputada Pérez y las medidas cautelares decretadas, el caso entra en una fase decisiva. Los próximos 45 días serán cruciales para que la Fiscalía consolide su investigación y determine si presenta una acusación formal que lleve a la parlamentaria a un juicio oral. Mientras tanto, Pérez deberá permanecer en su domicilio, alejada de sus funciones parlamentarias habituales debido al desafuero, y sin posibilidad de salir del país. El desarrollo de este caso seguirá siendo seguido de cerca por la opinión pública y el mundo político, dado su alto perfil y las implicancias que tiene para la probidad y la transparencia en la gestión pública chilena.
Fuente información: Agencia MI
Una nueva etapa judicial enfrenta la diputada por la Región de Antofagasta, Catalina Pérez. Durante la jornada de este lunes, el Juzgado de Garantía de dicha ciudad determinó imponerle las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, tras ser formalizada por su presunta participación en tres delitos consumados de fraude al fisco. Esta decisión se enmarca en la extensa investigación del denominado Caso Democracia Viva, uno de los vértices más emblemáticos del Caso Convenios.
La formalización de la parlamentaria, quien actualmente se encuentra desaforada por decisión de la Corte Suprema confirmada en abril pasado, responde a la solicitud del Ministerio Público. La Fiscalía de Antofagasta, liderada por el fiscal jefe Cristián Aguilar, sostiene que existen antecedentes contundentes para presumir la autoría de Pérez en los ilícitos. Según la tesis del persecutor, la diputada habría ejercido influencias indebidas para que la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida en ese entonces por Carlos Contreras –su ex jefe de gabinete–, adjudicara de manera directa convenios por $426 millones a la Fundación Democracia Viva, entidad presidida por su entonces pareja, Daniel Andrade.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal Aguilar expuso los argumentos que vinculan a Pérez con los hechos. Se detalló que los convenios, destinados teóricamente a trabajos en campamentos de la región, se firmaron sin cumplir con los procedimientos administrativos regulares, careciendo de la debida justificación técnica y documental, y vulnerando el principio de probidad administrativa que rige la función pública.
La jueza de garantía, Claudia Campusano, acogió parcialmente la solicitud del Ministerio Público. Si bien la Fiscalía pedía la prisión preventiva para la diputada, la magistrada consideró que el arresto domiciliario total y el arraigo nacional eran medidas suficientes y proporcionales por el momento. Para fundamentar su decisión, la jueza hizo referencia a evidencia clave presentada por la Fiscalía, incluyendo conversaciones de WhatsApp donde Pérez, presuntamente, habría instruido a terceros sobre cómo simular la operatividad de la fundación y falsear información para justificar los traspasos. Estos antecedentes, según la jueza, constituirían indicios relevantes de la participación de la imputada.
El tribunal fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación, periodo durante el cual la Fiscalía deberá completar las diligencias pendientes para eventualmente presentar una acusación formal.
Reacciones y defensa
Tras conocerse la resolución, el abogado defensor de Catalina Pérez, Gonzalo Medina, expresó una satisfacción parcial. Si bien valoró que el tribunal desestimara la solicitud de prisión preventiva –la medida cautelar más gravosa–, reiteró la completa inocencia de su representada. Medina afirmó que no existen pruebas directas que acrediten la participación de la diputada en los delitos imputados y destacó que Pérez ha colaborado activamente con la investigación desde sus inicios. La propia parlamentaria ha sostenido públicamente, desde que estalló el caso en junio de 2023, que desconocía las irregularidades en los traspasos de fondos y que nunca intervino para beneficiar a su expareja o a la fundación.
No obstante, tanto los antecedentes recopilados por el Ministerio Público como informes previos de la Contraloría General de la República han puesto en duda esta versión, apuntando a un rol más activo de la diputada en el entramado.
Contexto del caso y proyecciones
El Caso Democracia Viva fue la punta del iceberg del llamado Caso Convenios, una serie de investigaciones que se extendieron por diversas regiones del país y que pusieron bajo la lupa la asignación directa de fondos públicos a fundaciones y organizaciones privadas, muchas de ellas creadas recientemente o vinculadas a figuras políticas del oficialismo. Este escándalo ha generado un profundo impacto político, especialmente en el Frente Amplio y en la coalición de gobierno, erosionando la confianza pública en la administración estatal y en el uso de los recursos fiscales.
En el marco de esta misma investigación, Carlos Contreras, ex Seremi de Vivienda y ex jefe de gabinete de Pérez, y Paz Fuica, ex concejala de Antofagasta, se encuentran actualmente en prisión preventiva. Por su parte, Daniel Andrade, ex pareja de la diputada y representante legal de Democracia Viva, cumple arresto domiciliario. Todos ellos eran militantes de Revolución Democrática (RD) al momento de los hechos, partido que posteriormente se fusionó para dar origen al Frente Amplio.
Con la formalización de la diputada Pérez y las medidas cautelares decretadas, el caso entra en una fase decisiva. Los próximos 45 días serán cruciales para que la Fiscalía consolide su investigación y determine si presenta una acusación formal que lleve a la parlamentaria a un juicio oral. Mientras tanto, Pérez deberá permanecer en su domicilio, alejada de sus funciones parlamentarias habituales debido al desafuero, y sin posibilidad de salir del país. El desarrollo de este caso seguirá siendo seguido de cerca por la opinión pública y el mundo político, dado su alto perfil y las implicancias que tiene para la probidad y la transparencia en la gestión pública chilena.
Para entender mejor
- Arresto Domiciliario Total: Medida cautelar que restringe la libertad de una persona imputada, obligándola a permanecer en su domicilio las 24 horas del día, generalmente con control policial o telemático.
- Arraigo Nacional: Medida cautelar que prohíbe a una persona imputada salir del territorio nacional mientras dure la investigación o el proceso judicial.
- Caso Convenios: Nombre mediático dado a una serie de investigaciones sobre presuntas irregularidades en la transferencia de fondos públicos desde reparticiones del Estado (principalmente Seremis y Gobiernos Regionales) a fundaciones y ONG privadas, a través de asignaciones directas (convenios).
- Desafuero: Procedimiento constitucional que suspende la inmunidad parlamentaria de un diputado o senador para que pueda ser imputado o acusado penalmente. Requiere la aprobación de la Corte de Apelaciones respectiva y la confirmación de la Corte Suprema.
- Formalización: Comunicación que hace el fiscal al imputado, en presencia del juez de garantía, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más delitos específicos. Marca el inicio formal del proceso penal contra una persona.
- Fraude al Fisco: Delito que comete un empleado público que, en el ejercicio de su cargo, defrauda o consiente en que se defraude al Estado, a las municipalidades o a establecimientos públicos.
- Frente Amplio (FA): Coalición política chilena de izquierda fundada originalmente en 2017. En 2024, los partidos que la componían (como Revolución Democrática y Convergencia Social) se fusionaron en un partido único con el mismo nombre.
- Fundación Democracia Viva: Organización sin fines de lucro fundada en 2021, vinculada a militantes de Revolución Democrática, que recibió fondos públicos de la Seremi de Vivienda de Antofagasta para proyectos en campamentos.
- Medida Cautelar: Medida decretada por un tribunal durante un proceso penal para asegurar los fines del procedimiento, como la seguridad de la sociedad, la protección de la víctima o el éxito de la investigación (ejemplo: prisión preventiva, arresto domiciliario, arraigo).
- Principio de Probidad Administrativa: Principio constitucional y legal que exige a los funcionarios públicos actuar con rectitud, honradez y transparencia en el ejercicio de sus funciones, anteponiendo siempre el interés general sobre el particular.
- Revolución Democrática (RD): Partido político chileno fundado en 2012, parte del Frente Amplio original. Se fusionó en 2024 con otros partidos para formar el partido único Frente Amplio.
- Seremi (Secretaría Regional Ministerial): Representación de un ministerio del gobierno central en cada una de las regiones de Chile. La Seremi de Vivienda se encarga de ejecutar las políticas habitacionales y urbanas en la región.
Fuente información: Agencia MI
