Gobierno anuncia inminente ingreso de proyecto para despenalizar el aborto
Este viernes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresará la próxima semana al Congreso Nacional el esperado proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa, que ha generado amplia cobertura en los medios nacionales, propone un plazo de hasta 12 semanas de gestación y se enmarca en el cumplimiento de un compromiso adquirido por el Mandatario en su última Cuenta Pública. El proyecto busca, según la secretaria de Estado, abrir un debate democrático para que el aborto sea considerado una prestación de salud pública, inspirándose en modelos como el alemán.
El Gobierno de Chile ha confirmado que la próxima semana marcará un punto de inflexión en el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos en el país, con la presentación formal de un proyecto de ley destinado a despenalizar el aborto. El anuncio fue realizado este viernes 23 de mayo por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien detalló los alcances de la propuesta y los fundamentos que la sustentan.
"Cumpliendo con el compromiso del Presidente Boric en la Cuenta Pública, la próxima semana avanzaremos en la presentación del proyecto de aborto legal", afirmó la ministra Orellana en declaraciones recogidas por diversos medios. Este hito legislativo es el resultado de un extenso proceso de diálogo que, según la secretaria de Estado, ha involucrado a organizaciones feministas, estudiantiles y parlamentarias del oficialismo. "Ya se han abordado suficientes aspectos que no serían necesarios de incluir en el proyecto de ley", precisó Orellana, sugiriendo que la propuesta se centrará en los elementos clave para un debate legislativo efectivo.
La iniciativa gubernamental no plantea un "aborto libre" sin restricciones, sino que establece un marco regulado. La propuesta central contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Este plazo, según confirmó la propia ministra en marzo de este año, fue ajustado desde las 14 semanas consideradas inicialmente, en una búsqueda por generar mayores consensos en el Parlamento. El modelo se inspira en legislaciones internacionales, como la alemana, que conjugan plazos con consejería y acompañamiento.
El contexto de esta medida se remonta a la ley de aborto en tres causales, aprobada en 2017 durante el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, que permite la interrupción del embarazo en casos de riesgo vital para la madre, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de una violación. No obstante, el actual Ejecutivo considera imperativo avanzar hacia una legislación más amplia que reconozca la autonomía de las mujeres y aborde el aborto como un tema de salud pública. El objetivo es garantizar el acceso seguro y legal a este procedimiento, erradicando el mercado clandestino de medicamentos y los riesgos asociados a prácticas inseguras, que afectan de manera desproporcionada a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
La ministra Orellana ha enfatizado que, a juicio del Gobierno, la sociedad chilena muestra una postura menos polarizada frente a este tema en comparación con el espectro político representado en el Congreso. "Los polarizados en torno a esto son más en el Congreso que en la sociedad", señaló anteriormente la autoridad. En esta línea, la secretaria de Estado recalcó la importancia de que el debate se dé con altura de miras y apertura. "Es esencial que el aborto no solo sea despenalizado, sino legal", afirmó, subrayando la necesidad de que esta prestación sea accesible a través del sistema de salud pública.
Este anuncio también evidencia una evolución en la planificación del Gobierno. A fines de diciembre de 2024, la propia ministra Orellana había indicado que el proyecto de aborto legal no ingresaría durante ese año, lo que generó diversas reacciones. La confirmación actual de su presentación inminente reafirma la priorización de esta agenda por parte del Ejecutivo para el presente período legislativo.
Se anticipa que el ingreso del proyecto al Congreso Nacional, compuesto por la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, dará inicio a un proceso legislativo complejo y de alta connotación pública. La diversidad de posturas es transversal, no solo entre el oficialismo y la oposición, sino también al interior de las propias coaliciones.
Organizaciones feministas y de derechos humanos han valorado positivamente el anuncio, considerándolo un paso necesario y urgente para los derechos de las mujeres en Chile. Amnistía Internacional, por ejemplo, ha señalado en reiteradas ocasiones que la despenalización del aborto voluntario no puede esperar más. Por otro lado, sectores conservadores y parte de la oposición ya han manifestado su profundo rechazo a la iniciativa, argumentando la defensa de la vida desde la concepción y llamando al Gobierno a priorizar otras iniciativas que consideran "políticamente más viables" o urgentes.
El debate sobre el aborto legal, que ha sido una constante en la agenda pública chilena durante las últimas décadas, vuelve así a ocupar un lugar central. La discusión parlamentaria que se avecina no solo definirá el futuro marco legal de la interrupción del embarazo, sino que también pondrá a prueba la capacidad de diálogo y acuerdo en un sistema político a menudo fragmentado.
Con el ingreso del proyecto la próxima semana, se espera que las comisiones pertinentes de la Cámara de Diputadas y Diputados inicien su estudio a la brevedad. El trámite legislativo incluirá la audiencias de expertos, organizaciones de la sociedad civil y la discusión artículo por artículo. Dada la sensibilidad del tema, no se descartan indicaciones ni un debate prolongado que podría extenderse por varios meses, e incluso años, antes de una eventual votación en ambas cámaras.
El Gobierno de Chile ha confirmado que la próxima semana marcará un punto de inflexión en el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos en el país, con la presentación formal de un proyecto de ley destinado a despenalizar el aborto. El anuncio fue realizado este viernes 23 de mayo por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien detalló los alcances de la propuesta y los fundamentos que la sustentan.
"Cumpliendo con el compromiso del Presidente Boric en la Cuenta Pública, la próxima semana avanzaremos en la presentación del proyecto de aborto legal", afirmó la ministra Orellana en declaraciones recogidas por diversos medios. Este hito legislativo es el resultado de un extenso proceso de diálogo que, según la secretaria de Estado, ha involucrado a organizaciones feministas, estudiantiles y parlamentarias del oficialismo. "Ya se han abordado suficientes aspectos que no serían necesarios de incluir en el proyecto de ley", precisó Orellana, sugiriendo que la propuesta se centrará en los elementos clave para un debate legislativo efectivo.
La iniciativa gubernamental no plantea un "aborto libre" sin restricciones, sino que establece un marco regulado. La propuesta central contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Este plazo, según confirmó la propia ministra en marzo de este año, fue ajustado desde las 14 semanas consideradas inicialmente, en una búsqueda por generar mayores consensos en el Parlamento. El modelo se inspira en legislaciones internacionales, como la alemana, que conjugan plazos con consejería y acompañamiento.
El contexto de esta medida se remonta a la ley de aborto en tres causales, aprobada en 2017 durante el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, que permite la interrupción del embarazo en casos de riesgo vital para la madre, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de una violación. No obstante, el actual Ejecutivo considera imperativo avanzar hacia una legislación más amplia que reconozca la autonomía de las mujeres y aborde el aborto como un tema de salud pública. El objetivo es garantizar el acceso seguro y legal a este procedimiento, erradicando el mercado clandestino de medicamentos y los riesgos asociados a prácticas inseguras, que afectan de manera desproporcionada a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
La ministra Orellana ha enfatizado que, a juicio del Gobierno, la sociedad chilena muestra una postura menos polarizada frente a este tema en comparación con el espectro político representado en el Congreso. "Los polarizados en torno a esto son más en el Congreso que en la sociedad", señaló anteriormente la autoridad. En esta línea, la secretaria de Estado recalcó la importancia de que el debate se dé con altura de miras y apertura. "Es esencial que el aborto no solo sea despenalizado, sino legal", afirmó, subrayando la necesidad de que esta prestación sea accesible a través del sistema de salud pública.
Este anuncio también evidencia una evolución en la planificación del Gobierno. A fines de diciembre de 2024, la propia ministra Orellana había indicado que el proyecto de aborto legal no ingresaría durante ese año, lo que generó diversas reacciones. La confirmación actual de su presentación inminente reafirma la priorización de esta agenda por parte del Ejecutivo para el presente período legislativo.
Se anticipa que el ingreso del proyecto al Congreso Nacional, compuesto por la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, dará inicio a un proceso legislativo complejo y de alta connotación pública. La diversidad de posturas es transversal, no solo entre el oficialismo y la oposición, sino también al interior de las propias coaliciones.
Organizaciones feministas y de derechos humanos han valorado positivamente el anuncio, considerándolo un paso necesario y urgente para los derechos de las mujeres en Chile. Amnistía Internacional, por ejemplo, ha señalado en reiteradas ocasiones que la despenalización del aborto voluntario no puede esperar más. Por otro lado, sectores conservadores y parte de la oposición ya han manifestado su profundo rechazo a la iniciativa, argumentando la defensa de la vida desde la concepción y llamando al Gobierno a priorizar otras iniciativas que consideran "políticamente más viables" o urgentes.
El debate sobre el aborto legal, que ha sido una constante en la agenda pública chilena durante las últimas décadas, vuelve así a ocupar un lugar central. La discusión parlamentaria que se avecina no solo definirá el futuro marco legal de la interrupción del embarazo, sino que también pondrá a prueba la capacidad de diálogo y acuerdo en un sistema político a menudo fragmentado.
Con el ingreso del proyecto la próxima semana, se espera que las comisiones pertinentes de la Cámara de Diputadas y Diputados inicien su estudio a la brevedad. El trámite legislativo incluirá la audiencias de expertos, organizaciones de la sociedad civil y la discusión artículo por artículo. Dada la sensibilidad del tema, no se descartan indicaciones ni un debate prolongado que podría extenderse por varios meses, e incluso años, antes de una eventual votación en ambas cámaras.
El Gobierno ha manifestado su esperanza de que el Parlamento aborde esta discusión con responsabilidad, altura de miras y apertura al diálogo, centrándose en los argumentos de salud pública y derechos humanos. El resultado final es incierto, pero el inicio de esta discusión legislativa ya constituye un avance.
Fuente información: Agencia MI
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