La cárcel de Osorno
Por Juan Carlos S. Claret Pool, Presidente Colegio Abogados Provincia de Osorno.
La asociación que presido tiene como obligación contribuir al desarrollo de la actividad jurídica en nuestra provincia. Si bien a los abogados se nos vincula con la actividad en juicio, es bueno recordar que lo jurídico no se agota en la actividad judicial.
Esto, porque la Constitución en su artículo 76 señala que los tribunales conocen, resuelven y “hacen ejecutar” lo juzgado. Destaco ese hacer ejecutar, porque en causas penales no es el poder judicial quien asume la responsabilidad de cumplir una sentencia, sino el poder “ejecutivo”, a través de su Ministerio de Justicia y este, a su vez, a través de Gendarmería.
Por tanto, estos asuntos también son de nuestro interés gremial.
Una persona privada de libertad está bajo custodia del Estado, por lo que es obligación de éste asegurar las condiciones que permitan la subsistencia de los internos, el cumplimiento de la condena y la reinserción. Sobre esta materia, siempre hay desafíos y el personal que ahí trabaja ha conseguido logros que son significativos, pese a las condiciones laborales en las que se encuentran. Y a esto me quiero referir.
Lo que sucede, es que nuestra cárcel se encuentra a años luz de recintos como los de Valdivia y Puerto Montt. Tiene un edificio de varias décadas que cada dos años, a lo menos, obliga a los gendarmes a realizar manifestaciones.
Asimismo, uno como abogado tiene dificultades para conversar privadamente con representados pues escasean espacios para el secreto profesional. Por otra parte, en un contexto donde el crimen organizado golpea nuestra comuna, preocupa si tenemos los estándares para mantener bajo custodia a imputados por estos delitos, evitando la contaminación criminal con otros reclusos. Los jueces están conscientes y no son pocas las veces cuando se prefiere el traslado de internos a otras cárceles.
Estas y otras preocupaciones las presentamos esta semana al Ministerio de Justicia, y sorprendidos quedamos al constatar que la cárcel de Osorno no es prioridad del Ejecutivo, lo que deja a esta capital provincial en las postrimerías de la seguridad pública. Se requiere voluntad para una mayor inversión pública o atrevernos a explorar una cárcel licitada para mejorar los estándares a los que el Estado está obligado y que nuestra provincia demanda. Cada peso gastado en mejores condiciones, es una inversión en seguridad.
Por eso, desde este gremio, invitamos a nuestros parlamentarios a tomar esta posta y que en la discusión del presupuesto 2026, exijan coherencia entre el discurso sobre seguridad y los hechos.
Fuente información: Juan Carlos S. Claret Pool
La asociación que presido tiene como obligación contribuir al desarrollo de la actividad jurídica en nuestra provincia. Si bien a los abogados se nos vincula con la actividad en juicio, es bueno recordar que lo jurídico no se agota en la actividad judicial.
Esto, porque la Constitución en su artículo 76 señala que los tribunales conocen, resuelven y “hacen ejecutar” lo juzgado. Destaco ese hacer ejecutar, porque en causas penales no es el poder judicial quien asume la responsabilidad de cumplir una sentencia, sino el poder “ejecutivo”, a través de su Ministerio de Justicia y este, a su vez, a través de Gendarmería.
Por tanto, estos asuntos también son de nuestro interés gremial.
Una persona privada de libertad está bajo custodia del Estado, por lo que es obligación de éste asegurar las condiciones que permitan la subsistencia de los internos, el cumplimiento de la condena y la reinserción. Sobre esta materia, siempre hay desafíos y el personal que ahí trabaja ha conseguido logros que son significativos, pese a las condiciones laborales en las que se encuentran. Y a esto me quiero referir.
Lo que sucede, es que nuestra cárcel se encuentra a años luz de recintos como los de Valdivia y Puerto Montt. Tiene un edificio de varias décadas que cada dos años, a lo menos, obliga a los gendarmes a realizar manifestaciones.
Asimismo, uno como abogado tiene dificultades para conversar privadamente con representados pues escasean espacios para el secreto profesional. Por otra parte, en un contexto donde el crimen organizado golpea nuestra comuna, preocupa si tenemos los estándares para mantener bajo custodia a imputados por estos delitos, evitando la contaminación criminal con otros reclusos. Los jueces están conscientes y no son pocas las veces cuando se prefiere el traslado de internos a otras cárceles.
Estas y otras preocupaciones las presentamos esta semana al Ministerio de Justicia, y sorprendidos quedamos al constatar que la cárcel de Osorno no es prioridad del Ejecutivo, lo que deja a esta capital provincial en las postrimerías de la seguridad pública. Se requiere voluntad para una mayor inversión pública o atrevernos a explorar una cárcel licitada para mejorar los estándares a los que el Estado está obligado y que nuestra provincia demanda. Cada peso gastado en mejores condiciones, es una inversión en seguridad.
Por eso, desde este gremio, invitamos a nuestros parlamentarios a tomar esta posta y que en la discusión del presupuesto 2026, exijan coherencia entre el discurso sobre seguridad y los hechos.
Fuente información: Juan Carlos S. Claret Pool
