Caso de torturas en Osorno: revelan una negligente cadena de omisiones
Cuatro ex funcionarios de la Unidad de Desarrollo Informático del Hospital Base de Osorno fueron detenidos por agredir y vejar a un ex colega durante años, hechos que habrían comenzado en 2018. El medio "El Mostrador" ha expuesto graves irregularidades en la investigación de la Fiscalía local y en el manejo administrativo del propio centro de salud, lo que permitió que las torturas quedaran en la impunidad durante largo tiempo. La situación se destapó tras la filtración a la prensa de videos que documentaban las agresiones.
La detención de J.B. y otros tres exfuncionarios del Hospital Base de Osorno, acusados de torturar y vejar a un ingeniero de 29 años, ha sacudido a la ciudad y ha puesto en evidencia una serie de falencias y omisiones en el sistema de persecución penal y en la gestión administrativa del propio hospital.
Las agresiones, que habrían iniciado en 2018, incluían golpizas, humillaciones, la obligación de simular actos sexuales y la grabación de los actos de maltrato, hechos que circulaban incluso a través de un chat grupal de los involucrados. A pesar de que la víctima, un profesional calificado como una persona "sensible y correcta", interpuso una denuncia en 2020, el proceso judicial y administrativo se vio obstaculizado, y los agresores continuaron impunes hasta hace poco, señala El medio "El Mostrador".
Según los antecedentes expuestos por El Mostrador, la Fiscalía de Osorno, aunque inició una persecución penal, llevó a cabo una investigación considerada "poco acuciosa". Pese a que la víctima envió dos correos con pruebas y antecedentes relevantes en 2023, la Fiscalía aseguró haber recibido solo uno y no cumplió con sus labores de persecución penal exhaustiva ni de protección a la víctima. Incluso -señala El Mostrador-. se habría constatado que la víctima no fue citada a declarar formalmente y que se le borró la evidencia de su celular, lo que entorpeció la causa. El Ministerio Público ofreció, en 2021, un juicio simplificado que el agresor rechazó, y en 2023, propuso una suspensión condicional del procedimiento al no haber avances.
Por su parte, el Hospital Base de Osorno también enfrenta serios cuestionamientos. La periodista Paulina de Allende-Salazar revela en el reportaje que un asesor jurídico conocía de los hechos y que un sumario administrativo iniciado en 2020 fue sobreseído cinco meses después, en diciembre de ese año, permitiendo que los victimarios siguieran trabajando en la institución. La situación solo cambió cuando un nuevo denunciante, también víctima de los agresores, entregó un pendrive con las grabaciones, lo que obligó al hospital a presentar una nueva denuncia y a reabrir el procedimiento disciplinario, que culminó con la destitución de los implicados.
Estos y otros detalles en el siguiente reportaje de Paulina de Allende-Salazar, Periodista de investigación.
Fuente información: El Mostrador
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La detención de J.B. y otros tres exfuncionarios del Hospital Base de Osorno, acusados de torturar y vejar a un ingeniero de 29 años, ha sacudido a la ciudad y ha puesto en evidencia una serie de falencias y omisiones en el sistema de persecución penal y en la gestión administrativa del propio hospital.
Las agresiones, que habrían iniciado en 2018, incluían golpizas, humillaciones, la obligación de simular actos sexuales y la grabación de los actos de maltrato, hechos que circulaban incluso a través de un chat grupal de los involucrados. A pesar de que la víctima, un profesional calificado como una persona "sensible y correcta", interpuso una denuncia en 2020, el proceso judicial y administrativo se vio obstaculizado, y los agresores continuaron impunes hasta hace poco, señala El medio "El Mostrador".
Según los antecedentes expuestos por El Mostrador, la Fiscalía de Osorno, aunque inició una persecución penal, llevó a cabo una investigación considerada "poco acuciosa". Pese a que la víctima envió dos correos con pruebas y antecedentes relevantes en 2023, la Fiscalía aseguró haber recibido solo uno y no cumplió con sus labores de persecución penal exhaustiva ni de protección a la víctima. Incluso -señala El Mostrador-. se habría constatado que la víctima no fue citada a declarar formalmente y que se le borró la evidencia de su celular, lo que entorpeció la causa. El Ministerio Público ofreció, en 2021, un juicio simplificado que el agresor rechazó, y en 2023, propuso una suspensión condicional del procedimiento al no haber avances.
Por su parte, el Hospital Base de Osorno también enfrenta serios cuestionamientos. La periodista Paulina de Allende-Salazar revela en el reportaje que un asesor jurídico conocía de los hechos y que un sumario administrativo iniciado en 2020 fue sobreseído cinco meses después, en diciembre de ese año, permitiendo que los victimarios siguieran trabajando en la institución. La situación solo cambió cuando un nuevo denunciante, también víctima de los agresores, entregó un pendrive con las grabaciones, lo que obligó al hospital a presentar una nueva denuncia y a reabrir el procedimiento disciplinario, que culminó con la destitución de los implicados.
Estos y otros detalles en el siguiente reportaje de Paulina de Allende-Salazar, Periodista de investigación.
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