Los antecedentes sobre del caso de vejaciones en el Hospital Base San José de Osorno
La dirección del Servicio de Salud Osorno y del Hospital Base San José confirmaron la reapertura de un sumario administrativo, cerrado sin sanciones en 2020, por graves hechos de violencia laboral ocurridos entre 2018 y 2020. Tras la aparición de nuevos antecedentes, se notificaron sanciones a cuatro funcionarios y se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, en un caso que el propio director del SSO, Rodrigo Alarcón, reconoció tener la "convicción" de que constituye tortura.
En una conferencia de prensa realizada en Osorno, la cúpula directiva del área de la salud local abordó el caso de graves abusos y vejaciones que afectaron a un funcionario del Hospital Base San José de Osorno entre los años 2018 y 2020, y que ha generado conmoción pública tras la viralización de un video. El Director del Servicio de Salud Osorno (SSO), Rodrigo Alarcón Quesem, junto al Director del recinto hospitalario, Julio Vargas, confirmaron que el sumario administrativo que había sido cerrado en 2020 "sin sanciones por la administración" de ese entonces, fue reabierto en agosto de 2024.
"Tras conocerse nuevos antecedentes aportados y considerando la gravedad e inaceptabilidad de lo ocurrido, en el año 2024, con nuevos antecedentes, se decidió reabrir el sumario administrativo", señaló Alarcón. Esta acción permitió establecer la existencia de los hechos y determinar sanciones que ya fueron notificadas a los cuatro funcionarios involucrados. El proceso se encuentra actualmente en etapa de apelación y posteriormente deberá ser enviado para la toma de razón de la Contraloría General de la República para hacerse efectivo.
Paralelamente a la vía administrativa, las autoridades informaron que "se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en el año 2024", entregando todos los antecedentes recopilados para que sean parte de la investigación penal en curso. Este hecho se suma a una denuncia previa realizada por el afectado ante la Policía de Investigaciones en 2021, la cual fue resuelta con una suspensión condicional del procedimiento en tribunales el 22 de marzo de 2023. La víctima, según se informó, se alejó del servicio el 2 de julio de 2020.
Las autoridades explicaron que la reapertura del sumario original fue posible gracias a una segunda denuncia presentada contra el mismo grupo de funcionarios, esta vez por hechos que habrían afectado a una funcionaria. "Si no hubiese existido una nueva denuncia, nosotros nunca hubiésemos tenido conocimiento de este tipo", admitió el director del hospital, Julio Vargas, quien además afirmó que se perseguirán las responsabilidades "no solamente de los que lo han hecho, sino de todas las personas que lo han encubierto durante todo este tiempo".
Consultado sobre la calificación de los hechos, el director del SSO, Rodrigo Alarcón, fue enfático: "Estos son hechos condenables, graves y que si la fiscalía dice que son torturas es porque hay elementos constitutivos de aquello, tortura". Al ser interpelado sobre su opinión personal, sentenció: "Tengo la convicción".
Finalmente, se informó que de los cuatro funcionarios sancionados, tres no se encuentran asistiendo a sus labores, algunos de ellos con licencia médica, mientras que el cuarto estaría preparando su defensa. Todos fueron reubicados de sus unidades originales por instrucción de la dirección, a la espera de la resolución final de la Contraloría para materializar su desvinculación.
Fuente información: Álvaro Torres / Agencia MI
En una conferencia de prensa realizada en Osorno, la cúpula directiva del área de la salud local abordó el caso de graves abusos y vejaciones que afectaron a un funcionario del Hospital Base San José de Osorno entre los años 2018 y 2020, y que ha generado conmoción pública tras la viralización de un video. El Director del Servicio de Salud Osorno (SSO), Rodrigo Alarcón Quesem, junto al Director del recinto hospitalario, Julio Vargas, confirmaron que el sumario administrativo que había sido cerrado en 2020 "sin sanciones por la administración" de ese entonces, fue reabierto en agosto de 2024.
"Tras conocerse nuevos antecedentes aportados y considerando la gravedad e inaceptabilidad de lo ocurrido, en el año 2024, con nuevos antecedentes, se decidió reabrir el sumario administrativo", señaló Alarcón. Esta acción permitió establecer la existencia de los hechos y determinar sanciones que ya fueron notificadas a los cuatro funcionarios involucrados. El proceso se encuentra actualmente en etapa de apelación y posteriormente deberá ser enviado para la toma de razón de la Contraloría General de la República para hacerse efectivo.
Paralelamente a la vía administrativa, las autoridades informaron que "se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en el año 2024", entregando todos los antecedentes recopilados para que sean parte de la investigación penal en curso. Este hecho se suma a una denuncia previa realizada por el afectado ante la Policía de Investigaciones en 2021, la cual fue resuelta con una suspensión condicional del procedimiento en tribunales el 22 de marzo de 2023. La víctima, según se informó, se alejó del servicio el 2 de julio de 2020.
Las autoridades explicaron que la reapertura del sumario original fue posible gracias a una segunda denuncia presentada contra el mismo grupo de funcionarios, esta vez por hechos que habrían afectado a una funcionaria. "Si no hubiese existido una nueva denuncia, nosotros nunca hubiésemos tenido conocimiento de este tipo", admitió el director del hospital, Julio Vargas, quien además afirmó que se perseguirán las responsabilidades "no solamente de los que lo han hecho, sino de todas las personas que lo han encubierto durante todo este tiempo".
Consultado sobre la calificación de los hechos, el director del SSO, Rodrigo Alarcón, fue enfático: "Estos son hechos condenables, graves y que si la fiscalía dice que son torturas es porque hay elementos constitutivos de aquello, tortura". Al ser interpelado sobre su opinión personal, sentenció: "Tengo la convicción".
Finalmente, se informó que de los cuatro funcionarios sancionados, tres no se encuentran asistiendo a sus labores, algunos de ellos con licencia médica, mientras que el cuarto estaría preparando su defensa. Todos fueron reubicados de sus unidades originales por instrucción de la dirección, a la espera de la resolución final de la Contraloría para materializar su desvinculación.
Fuente información: Álvaro Torres / Agencia MI
