Psicópatas en el poder: cuando el Estado se vuelve cómplice
Por Fabián Andrés Cortéz Cárcamo – Concejal de San Pablo.
La tortura contra un trabajador con TEA en el Hospital de Osorno no es un hecho aislado, sino el reflejo de un Estado que carece de filtros éticos y permite que individuos con rasgos psicopáticos se instalen y prosperen en el sector público.
Lo ocurrido en el Hospital Base de Osorno estremece al país: entre 2018 y 2020, un trabajador diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista fue atado, rapado, quemado y vejado por sus propios compañeros de trabajo. Los videos que hoy circulan muestran a funcionarios riéndose mientras infligen dolor a un colega vulnerable. Y lo más indignante: el sumario administrativo de la época no sancionó a nadie.
Los psicópatas son individuos calculadores, carentes de empatía, capaces de manipular entornos laborales y políticos para su beneficio. Cuando las instituciones son débiles, burocráticas y opacas, encuentran el escenario ideal para actuar.
En Chile, basta un concurso mal diseñado o un nombramiento “a dedo” para acceder a un cargo público. No existen filtros éticos reales, evaluaciones psicológicas vinculantes ni exigencias de madurez emocional para quienes deben liderar equipos o tratar con población vulnerable. Así, personas sin escrúpulos terminan al frente de servicios que requieren sensibilidad y vocación.
El caso de Osorno es brutal, pero no excepcional. La primera investigación fue un saludo a la bandera: los responsables siguieron en sus funciones como si nada. ¿Qué mensaje recibe un abusador cuando el Estado lo protege? Que puede seguir adelante, que puede escalar, que la impunidad lo ampara.
Y este patrón se repite. En múltiples estamentos una muestra es que, entre agosto de 2024 y junio de 2025, la Dirección del Trabajo recibió 44.212 denuncias relacionadas con acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. Sin ir más lejos, nos encontramos en tiempos de campaña política donde es dable recordar que existen políticos formalizados por abuso sexual, acoso laboral, otros investigados por fraude al fisco entre otros, que buscan un cargo, reelección o puesto en el aparato público. En todos los casos, la institucionalidad opta por mirar hacia el lado, relativizar los hechos o postergar las sanciones. Así, la política y la administración pública se convierten en refugio perfecto para quienes conciben el poder como licencia para abusar.
La verdadera violencia no está solo en los actos de tortura de Osorno, sino en la constatación de que Chile ofrece terreno fértil para que los psicópatas prosperen en el poder. Y lo hacen porque nuestras instituciones se los permiten.
El debate que debemos dar como país no es solo sobre el castigo a los culpables, sino sobre cómo rediseñar un sistema que hoy avala el abuso, la crueldad y la impunidad. Porque mientras las instituciones sigan siendo ciegas, los psicópatas seguirán ocupando cargos. Y lo que está en juego no es un caso aislado, sino la salud moral de todo nuestro país.
Fuente información: Concejal de San Pablo, Fabián Andrés Cortéz Cárcamo
La tortura contra un trabajador con TEA en el Hospital de Osorno no es un hecho aislado, sino el reflejo de un Estado que carece de filtros éticos y permite que individuos con rasgos psicopáticos se instalen y prosperen en el sector público.
Lo ocurrido en el Hospital Base de Osorno estremece al país: entre 2018 y 2020, un trabajador diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista fue atado, rapado, quemado y vejado por sus propios compañeros de trabajo. Los videos que hoy circulan muestran a funcionarios riéndose mientras infligen dolor a un colega vulnerable. Y lo más indignante: el sumario administrativo de la época no sancionó a nadie.
“Un aparato estatal sin ánimos de filtrar”
Los psicópatas son individuos calculadores, carentes de empatía, capaces de manipular entornos laborales y políticos para su beneficio. Cuando las instituciones son débiles, burocráticas y opacas, encuentran el escenario ideal para actuar.
En Chile, basta un concurso mal diseñado o un nombramiento “a dedo” para acceder a un cargo público. No existen filtros éticos reales, evaluaciones psicológicas vinculantes ni exigencias de madurez emocional para quienes deben liderar equipos o tratar con población vulnerable. Así, personas sin escrúpulos terminan al frente de servicios que requieren sensibilidad y vocación.
“La impunidad como regla”
El caso de Osorno es brutal, pero no excepcional. La primera investigación fue un saludo a la bandera: los responsables siguieron en sus funciones como si nada. ¿Qué mensaje recibe un abusador cuando el Estado lo protege? Que puede seguir adelante, que puede escalar, que la impunidad lo ampara.
Y este patrón se repite. En múltiples estamentos una muestra es que, entre agosto de 2024 y junio de 2025, la Dirección del Trabajo recibió 44.212 denuncias relacionadas con acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. Sin ir más lejos, nos encontramos en tiempos de campaña política donde es dable recordar que existen políticos formalizados por abuso sexual, acoso laboral, otros investigados por fraude al fisco entre otros, que buscan un cargo, reelección o puesto en el aparato público. En todos los casos, la institucionalidad opta por mirar hacia el lado, relativizar los hechos o postergar las sanciones. Así, la política y la administración pública se convierten en refugio perfecto para quienes conciben el poder como licencia para abusar.
“Una conclusión amarga”
La verdadera violencia no está solo en los actos de tortura de Osorno, sino en la constatación de que Chile ofrece terreno fértil para que los psicópatas prosperen en el poder. Y lo hacen porque nuestras instituciones se los permiten.
El debate que debemos dar como país no es solo sobre el castigo a los culpables, sino sobre cómo rediseñar un sistema que hoy avala el abuso, la crueldad y la impunidad. Porque mientras las instituciones sigan siendo ciegas, los psicópatas seguirán ocupando cargos. Y lo que está en juego no es un caso aislado, sino la salud moral de todo nuestro país.
Fuente información: Concejal de San Pablo, Fabián Andrés Cortéz Cárcamo
