Caso torturas Hospital Osorno: Fiscalía accede a modificar cautelares
Este viernes, el Juzgado de Garantía de Osorno revisó las medidas cautelares de los imputados en el caso de torturas del Hospital Base San José. La Fiscalía adhirió a la petición de la defensa para modificar la prisión preventiva que pesaba sobre dos de ellos, argumentando que las nuevas medidas permitirán desarrollar diligencias clave. Ahora, los cuatro exfuncionarios involucrados cumplirán arresto domiciliario total y arraigo nacional.
El Juzgado de Garantía de Osorno modificó este viernes las medidas cautelares de los imputados en el bullado caso de torturas ocurrido en el Hospital Base San José. Tras una audiencia de revisión, los cuatro ex funcionarios investigados por los vejámenes reiterados contra un colega del área de informática cumplirán ahora arresto domiciliario total.
La audiencia fue solicitada por las defensas particulares de los imputados, quienes argumentaron, entre otros puntos, "una situación médica de uno de los imputados" y la existencia de "algunos antecedentes que se aportaron". Dos de los acusados se encontraban hasta hoy en prisión preventiva.
El Ministerio Público, representado por la Fiscal Jefe de Río Negro, Ana María Díaz, confirmó que la institución "se adhirió" a la solicitud de modificar las cautelares. Con esta resolución, los cuatro implicados en el caso quedan sujetos a las mismas medidas: arresto domiciliario total, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y a sus familiares, y la prohibición total de comunicarse con el afectado "ya sea por cualquier medio o vía telemática".
La fiscal Díaz explicó que la decisión de la fiscalía no se basó "solo y exclusivamente" en los nuevos antecedentes presentados por la defensa. Señaló que la modificación se consideró necesaria "proyectando que estas medidas cautelares van a permitir desarrollar" y que "sigamos desarrollando las diligencias de investigación" que se planean en el "mediano plazo". Díaz indicó que mantener las cautelares anteriores "podría resultar un poco obstaculizador" para la indagatoria.
Consultada por la prensa sobre los nuevos antecedentes —que según la defensa incluirían fotos y videos que mostrarían a la víctima "tomando iniciativa" en agresiones—, la fiscal fue tajante: "No me puedo referir toda vez que son videos que están en materia de investigación".
Pese al cambio de cautelar, la fiscal Díaz enfatizó que la "calificación jurídica se mantiene". "Seguimos sosteniendo que se dan los presupuestos del tipo penal [tortura] y la participación de los cuatro imputados en el ilícito", afirmó.
La investigación requiere diligencias "propiamente tal con la víctima", quien se encuentra "fuera del país". La fiscal confirmó que el afectado ya "prestó declaración". Dada la "complejidad" del caso y la "distancia" en la que se encuentra la víctima, la persecutora adelantó que es "probable que sí se solicite" una ampliación del plazo de investigación en el futuro.
El caso, que involucra hechos ocurridos entre 2018 y 2020, salió a la luz pública en septiembre de 2025 tras la viralización de videos que mostraban los graves vejámenes. Esto derivó en la destitución de los cuatro funcionarios y el inicio de este proceso judicial por torturas.
Fuente información: Álvaro Torres Riobó
El Juzgado de Garantía de Osorno modificó este viernes las medidas cautelares de los imputados en el bullado caso de torturas ocurrido en el Hospital Base San José. Tras una audiencia de revisión, los cuatro ex funcionarios investigados por los vejámenes reiterados contra un colega del área de informática cumplirán ahora arresto domiciliario total.
La audiencia fue solicitada por las defensas particulares de los imputados, quienes argumentaron, entre otros puntos, "una situación médica de uno de los imputados" y la existencia de "algunos antecedentes que se aportaron". Dos de los acusados se encontraban hasta hoy en prisión preventiva.
El Ministerio Público, representado por la Fiscal Jefe de Río Negro, Ana María Díaz, confirmó que la institución "se adhirió" a la solicitud de modificar las cautelares. Con esta resolución, los cuatro implicados en el caso quedan sujetos a las mismas medidas: arresto domiciliario total, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y a sus familiares, y la prohibición total de comunicarse con el afectado "ya sea por cualquier medio o vía telemática".
La fiscal Díaz explicó que la decisión de la fiscalía no se basó "solo y exclusivamente" en los nuevos antecedentes presentados por la defensa. Señaló que la modificación se consideró necesaria "proyectando que estas medidas cautelares van a permitir desarrollar" y que "sigamos desarrollando las diligencias de investigación" que se planean en el "mediano plazo". Díaz indicó que mantener las cautelares anteriores "podría resultar un poco obstaculizador" para la indagatoria.
Consultada por la prensa sobre los nuevos antecedentes —que según la defensa incluirían fotos y videos que mostrarían a la víctima "tomando iniciativa" en agresiones—, la fiscal fue tajante: "No me puedo referir toda vez que son videos que están en materia de investigación".
Pese al cambio de cautelar, la fiscal Díaz enfatizó que la "calificación jurídica se mantiene". "Seguimos sosteniendo que se dan los presupuestos del tipo penal [tortura] y la participación de los cuatro imputados en el ilícito", afirmó.
La investigación requiere diligencias "propiamente tal con la víctima", quien se encuentra "fuera del país". La fiscal confirmó que el afectado ya "prestó declaración". Dada la "complejidad" del caso y la "distancia" en la que se encuentra la víctima, la persecutora adelantó que es "probable que sí se solicite" una ampliación del plazo de investigación en el futuro.
El caso, que involucra hechos ocurridos entre 2018 y 2020, salió a la luz pública en septiembre de 2025 tras la viralización de videos que mostraban los graves vejámenes. Esto derivó en la destitución de los cuatro funcionarios y el inicio de este proceso judicial por torturas.
Fuente información: Álvaro Torres Riobó
