Contraloría destapa graves fallas en la custodia y destrucción de drogas
Una serie de 17 informes reservados de la Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples y graves irregularidades en la cadena de custodia de drogas decomisadas en más de una quincena de servicios de salud a nivel nacional. Entre los hallazgos destacan diferencias en el pesaje de la droga, severas fallas de infraestructura y seguridad, y retrasos en los plazos legales, antecedentes que ya fueron remitidos al Ministerio Público para su investigación.
Una exhaustiva fiscalización de la Contraloría General de la República a más de quince servicios de salud del país, materializada en 17 informes reservados, ha puesto en evidencia severas vulneraciones a la Ley N° 20.000, que regula y sanciona el tráfico de estupefacientes. Las auditorías revelaron un descontrol generalizado en el procedimiento de recepción, custodia y posterior destrucción de las drogas incautadas por Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la diferencia en los registros de pesaje de las sustancias decomisadas. Según la CGR, se constató que las actas de decomiso señalan un peso distinto al que posteriormente es almacenado y verificado en terreno por los servicios de salud, lo que provoca una "pérdida de trazabilidad" de la droga, especialmente en el caso de la planta de cannabis. A esta inconsistencia se suma la precariedad de los sistemas de registro, como el uso de planillas Excel sin mecanismos mínimos de seguridad, donde se comprobaron al menos siete casos con errores de transcripción.
La investigación también arrojó incumplimientos sistemáticos de los plazos legales. La Ley N° 20.000 mandata que las policías deben entregar la droga a los servicios de salud en un plazo máximo de 24 horas, lo cual, según los informes, no fue cumplido ni por la PDI ni por Carabineros. Asimismo, se detectaron demoras críticas en la comunicación de los resultados de los análisis de laboratorio al Ministerio Público, con retrasos que en algunos casos superaron los 350 días.
En el ámbito de la infraestructura, el panorama es igualmente crítico. Las oficinas y bodegas de decomisos no cumplen con las exigencias de la ley, presentando desorden generalizado, con bolsas y cajas con drogas apiladas en el suelo. Se observó que muchas bolsas estaban rotas, "sin que conste que su contenido sea el mismo que el recepcionado por el servicio". Las instalaciones para la quema de las sustancias también mostraron deficiencias, como falta de ventilación, sistemas de extracción de aire, cámaras de seguridad y control de temperatura. De forma alarmante, se consignó que una caja fuerte destinada a la custodia se encontraba en mal estado.
Finalmente, los informes de la CGR subrayan los riesgos para la seguridad de los funcionarios. Se constató la falta de vehículos habilitados para el traslado de estupefacientes y la ausencia de lugares exclusivos para almacenar sustancias líquidas y tóxicas, las cuales podrían derramarse y provocar combustiones o explosiones, poniendo en grave riesgo la salud del personal. La falta de controles de acceso, tarjetas sin nominar y la inexistencia de un registro de ingreso a las bodegas completan un cuadro de debilidad sistémica que motivó el envío de todos los antecedentes al Ministerio Público.
Fuente información: https://www.contraloria.cl/portalweb/web/cgr/-/irregularidades-en-proceso-de-destruccion-de-droga
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Una exhaustiva fiscalización de la Contraloría General de la República a más de quince servicios de salud del país, materializada en 17 informes reservados, ha puesto en evidencia severas vulneraciones a la Ley N° 20.000, que regula y sanciona el tráfico de estupefacientes. Las auditorías revelaron un descontrol generalizado en el procedimiento de recepción, custodia y posterior destrucción de las drogas incautadas por Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la diferencia en los registros de pesaje de las sustancias decomisadas. Según la CGR, se constató que las actas de decomiso señalan un peso distinto al que posteriormente es almacenado y verificado en terreno por los servicios de salud, lo que provoca una "pérdida de trazabilidad" de la droga, especialmente en el caso de la planta de cannabis. A esta inconsistencia se suma la precariedad de los sistemas de registro, como el uso de planillas Excel sin mecanismos mínimos de seguridad, donde se comprobaron al menos siete casos con errores de transcripción.
La investigación también arrojó incumplimientos sistemáticos de los plazos legales. La Ley N° 20.000 mandata que las policías deben entregar la droga a los servicios de salud en un plazo máximo de 24 horas, lo cual, según los informes, no fue cumplido ni por la PDI ni por Carabineros. Asimismo, se detectaron demoras críticas en la comunicación de los resultados de los análisis de laboratorio al Ministerio Público, con retrasos que en algunos casos superaron los 350 días.
En el ámbito de la infraestructura, el panorama es igualmente crítico. Las oficinas y bodegas de decomisos no cumplen con las exigencias de la ley, presentando desorden generalizado, con bolsas y cajas con drogas apiladas en el suelo. Se observó que muchas bolsas estaban rotas, "sin que conste que su contenido sea el mismo que el recepcionado por el servicio". Las instalaciones para la quema de las sustancias también mostraron deficiencias, como falta de ventilación, sistemas de extracción de aire, cámaras de seguridad y control de temperatura. De forma alarmante, se consignó que una caja fuerte destinada a la custodia se encontraba en mal estado.
Finalmente, los informes de la CGR subrayan los riesgos para la seguridad de los funcionarios. Se constató la falta de vehículos habilitados para el traslado de estupefacientes y la ausencia de lugares exclusivos para almacenar sustancias líquidas y tóxicas, las cuales podrían derramarse y provocar combustiones o explosiones, poniendo en grave riesgo la salud del personal. La falta de controles de acceso, tarjetas sin nominar y la inexistencia de un registro de ingreso a las bodegas completan un cuadro de debilidad sistémica que motivó el envío de todos los antecedentes al Ministerio Público.
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