Dorothy Pérez en Enade 2025: Contraloría destapa masivas irregularidades
En el marco del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, expuso una serie de graves irregularidades detectadas por el organismo fiscalizador. Entre los hallazgos más impactantes se encuentran 25.078 funcionarios públicos que viajaron fuera de Chile estando con licencia médica, pérdidas por $191 mil millones de pesos debido a la evasión en el transporte público de Santiago durante 2024, y la entrega irregular de licencias de conducir a miles de deudores de pensión alimenticia por parte de 242 municipalidades.
En una contundente presentación durante el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, detalló los principales hallazgos de la entidad, revelando profundas falencias y malas prácticas en la administración del Estado. Utilizando nuevas herramientas tecnológicas de cruce de datos, la institución ha logrado destapar irregularidades de alto impacto ciudadano y fiscal.
Uno de los casos más bullados, conocido como el "SIC número 9", demostró que 25.078 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras justificaban su ausencia laboral con una licencia médica. Pérez aclaró que el foco no es la vulneración del reposo, sino que estas personas estaban "justificando su ausencia a cumplir su función pública para la cual es remunerado con fondos públicos".
En el ámbito del transporte, la Contraloría estimó que las pérdidas por evasión en la Red Metropolitana de Movilidad durante el año 2024 ascendieron a $191 mil millones de pesos. La cifra, explicó Pérez, "equivale a construir cada año 17 centros de salud familiar CESFAM", evidenciando el enorme costo social de esta práctica.
Otro hallazgo significativo fue la entrega de licencias de conducir a deudores de pensión de alimentos, una práctica prohibida por ley. Un cruce de bases de datos detectó que el 70% de las municipalidades del país (242 en total) otorgó el documento a 3.432 personas que se encontraban en el registro de deudores. Lo más grave, según la Contralora, es que 482 de estos beneficiados eran funcionarios públicos, en muchos casos "parientes de alcaldes, del director de tránsito o de funcionarios de la misma municipalidad", lo que sugiere un claro conflicto de interés.
Durante su discurso, Pérez también abordó otras problemáticas críticas:
Finalmente, Dorothy Pérez hizo un llamado a fortalecer el "Sistema Nacional de Control", instando a la colaboración público-privada y a la ciudadanía a realizar denuncias serias y responsables. Subrayó que, pese a tener un presupuesto decreciente, la Contraloría está maximizando su eficiencia mediante el uso de tecnología e inteligencia artificial.
En una contundente presentación durante el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, detalló los principales hallazgos de la entidad, revelando profundas falencias y malas prácticas en la administración del Estado. Utilizando nuevas herramientas tecnológicas de cruce de datos, la institución ha logrado destapar irregularidades de alto impacto ciudadano y fiscal.
Uno de los casos más bullados, conocido como el "SIC número 9", demostró que 25.078 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras justificaban su ausencia laboral con una licencia médica. Pérez aclaró que el foco no es la vulneración del reposo, sino que estas personas estaban "justificando su ausencia a cumplir su función pública para la cual es remunerado con fondos públicos".
En el ámbito del transporte, la Contraloría estimó que las pérdidas por evasión en la Red Metropolitana de Movilidad durante el año 2024 ascendieron a $191 mil millones de pesos. La cifra, explicó Pérez, "equivale a construir cada año 17 centros de salud familiar CESFAM", evidenciando el enorme costo social de esta práctica.
Otro hallazgo significativo fue la entrega de licencias de conducir a deudores de pensión de alimentos, una práctica prohibida por ley. Un cruce de bases de datos detectó que el 70% de las municipalidades del país (242 en total) otorgó el documento a 3.432 personas que se encontraban en el registro de deudores. Lo más grave, según la Contralora, es que 482 de estos beneficiados eran funcionarios públicos, en muchos casos "parientes de alcaldes, del director de tránsito o de funcionarios de la misma municipalidad", lo que sugiere un claro conflicto de interés.
Durante su discurso, Pérez también abordó otras problemáticas críticas:
- Permisos de armas: Se otorgaron 1.281 permisos en base a certificados emitidos por médicos que no son psiquiatras, como exige la ley, e incluso por profesionales ya fallecidos. También se entregaron permisos a condenados y menores de edad.
- Tragedia de Valparaíso: Una auditoría sobre los incendios reveló que, a diciembre de 2024, el 83% de las personas afectadas no había recibido beneficio estatal alguno. Además, se constató que CONAF no utilizó un software de modelamiento disponible que podría haber anticipado la dirección del fuego, permitiendo una evacuación oportuna.
- "Permisología": Se encontraron 704 casos de obras públicas detenidas en el Consejo de Monumentos Nacionales, con atrasos de hasta 878 días para la aprobación de permisos.
- Listas de espera: Se detectaron conflictos de interés donde funcionarios, incluyendo directores de hospital, priorizaban la atención de sus parientes por sobre pacientes que llevaban años esperando.
Finalmente, Dorothy Pérez hizo un llamado a fortalecer el "Sistema Nacional de Control", instando a la colaboración público-privada y a la ciudadanía a realizar denuncias serias y responsables. Subrayó que, pese a tener un presupuesto decreciente, la Contraloría está maximizando su eficiencia mediante el uso de tecnología e inteligencia artificial.
