INDH se querella contra Carabineros de Puerto Montt
La sede de Los Lagos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por el delito de apremios ilegítimos en favor de una persona del espectro autista que habría sido agredida física y verbalmente por funcionarios de Carabineros durante una detención el pasado 16 de septiembre en Puerto Montt. El organismo solicita diligencias clave, incluyendo la aplicación del Protocolo de Estambul y que la investigación sea liderada por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.
La sede regional de Los Lagos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt en contra de quienes resulten responsables por el delito de apremios ilegítimos. La acción legal busca esclarecer y sancionar las agresiones que habría sufrido una persona perteneciente al espectro autista durante un procedimiento policial ocurrido el 16 de septiembre.
Según detalla la querella presentada por el organismo, los hechos se desarrollaron en el sector de Piedra Azul, en la capital de la Región de Los Lagos. En ese lugar, la víctima fue detenida junto a un acompañante. A pesar de haber comunicado su condición de neurodivergencia a los efectivos policiales, habría sido objeto de un trato violento, con agresiones físicas y verbales que se habrían extendido hasta su llegada al Retén Piedra Azul de Carabineros.
El relato del INDH señala que, una vez en el calabozo, la víctima logró contactar telefónicamente a su madre, lo que habría provocado una reacción violenta por parte de uno de los funcionarios. La progenitora se dirigió al recinto policial portando documentos que acreditaban la condición de su hijo. Al ser autorizada para verlo, este le relató las agresiones de las que fue objeto. Posteriormente, fue trasladado al Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) de Alerce para la constatación de lesiones, donde se certificó que presentaba lesiones de carácter leve.
Dentro de las solicitudes específicas de la querella, el INDH pide al tribunal que se oficie al Servicio Médico Legal (SML) para la realización de peritajes físicos y psicológicos a la víctima, aplicando el "Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", conocido internacionalmente como Protocolo de Estambul.
Asimismo, la acción legal solicita que se requiera a Carabineros la completa individualización de los funcionarios que participaron en el procedimiento, así como el libro de novedades y otros registros internos. De manera fundamental, el INDH pide que se despache una orden de investigar a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) para que asuma las indagatorias del caso.
El INDH fundamenta la querella argumentando que la actuación policial contraviene los propios estándares de la institución. Se cita la Circular 1832 sobre el uso de la fuerza, que instruye que esta “sólo debe aplicarse cuando sea estrictamente necesaria y en la medida requerida para el desempeño de las funciones policiales”. Al respecto, la querella sostiene que “la víctima no presentó una resistencia activa o agresión que ameritara ser agredido con golpes de mano y compresión en el cuello por parte del funcionario, es que se evidencia que no se aplicó la fuerza en la forma que la Circular establece”.
Finalmente, el instituto recuerda que la víctima posee una discapacidad cognitiva acreditada y que Chile está suscrito a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual establece de manera explícita que “ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
La sede regional de Los Lagos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt en contra de quienes resulten responsables por el delito de apremios ilegítimos. La acción legal busca esclarecer y sancionar las agresiones que habría sufrido una persona perteneciente al espectro autista durante un procedimiento policial ocurrido el 16 de septiembre.
Según detalla la querella presentada por el organismo, los hechos se desarrollaron en el sector de Piedra Azul, en la capital de la Región de Los Lagos. En ese lugar, la víctima fue detenida junto a un acompañante. A pesar de haber comunicado su condición de neurodivergencia a los efectivos policiales, habría sido objeto de un trato violento, con agresiones físicas y verbales que se habrían extendido hasta su llegada al Retén Piedra Azul de Carabineros.
El relato del INDH señala que, una vez en el calabozo, la víctima logró contactar telefónicamente a su madre, lo que habría provocado una reacción violenta por parte de uno de los funcionarios. La progenitora se dirigió al recinto policial portando documentos que acreditaban la condición de su hijo. Al ser autorizada para verlo, este le relató las agresiones de las que fue objeto. Posteriormente, fue trasladado al Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) de Alerce para la constatación de lesiones, donde se certificó que presentaba lesiones de carácter leve.
Dentro de las solicitudes específicas de la querella, el INDH pide al tribunal que se oficie al Servicio Médico Legal (SML) para la realización de peritajes físicos y psicológicos a la víctima, aplicando el "Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", conocido internacionalmente como Protocolo de Estambul.
Asimismo, la acción legal solicita que se requiera a Carabineros la completa individualización de los funcionarios que participaron en el procedimiento, así como el libro de novedades y otros registros internos. De manera fundamental, el INDH pide que se despache una orden de investigar a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) para que asuma las indagatorias del caso.
El INDH fundamenta la querella argumentando que la actuación policial contraviene los propios estándares de la institución. Se cita la Circular 1832 sobre el uso de la fuerza, que instruye que esta “sólo debe aplicarse cuando sea estrictamente necesaria y en la medida requerida para el desempeño de las funciones policiales”. Al respecto, la querella sostiene que “la víctima no presentó una resistencia activa o agresión que ameritara ser agredido con golpes de mano y compresión en el cuello por parte del funcionario, es que se evidencia que no se aplicó la fuerza en la forma que la Circular establece”.
Finalmente, el instituto recuerda que la víctima posee una discapacidad cognitiva acreditada y que Chile está suscrito a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual establece de manera explícita que “ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
