Gendarmería: 12 funcionarios detenidos por tráfico, cohecho y lavado de activos
Una investigación de más de un año, liderada por la Fiscalía de Tarapacá en conjunto con la PDI y la propia Gendarmería, desarticuló una compleja red criminal que operaba desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio. El operativo, ejecutado este miércoles, resultó en 19 detenidos, 12 de ellos funcionarios penitenciarios activos. Se les imputan delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas, cohecho y lavado de activos.
Una grave brecha de seguridad y corrupción institucional quedó al descubierto este miércoles 5 de noviembre, tras un operativo simultáneo que culminó con la detención de 19 personas, de las cuales 12 son funcionarios activos de Gendarmería de Chile.
La acción policial, que desplegó a cerca de 150 oficiales de la Policía de Investigaciones (PDI), incluyó el allanamiento de más de 24 domicilios en tres regiones del país: Tarapacá, Biobío y La Araucanía. Además de los 12 gendarmes, fueron detenidos 7 civiles.
La investigación, dirigida por la Fiscalía Regional de Tarapacá durante más de un año, contó con la colaboración de la Jefatura Nacional contra el Crimen Organizado de la PDI y de la misma Gendarmería. Se imputa a los detenidos la participación en delitos de alta gravedad: asociación ilícita, tráfico de drogas, cohecho (soborno) y lavado de activos.
Según los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, la organización criminal operaba desde el interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá. La indagatoria sostiene que los funcionarios involucrados no solo permitían el ingreso de sustancias ilícitas y elementos prohibidos al penal, sino que constituían una "agrupación en sí misma", dedicada activamente a la comercialización de estupefacientes entre la población penal.
Un pilar clave de la investigación fue el análisis patrimonial, el cual detectó incrementos de riqueza injustificados en los funcionarios indagados. Esto permitió identificar a los 7 civiles detenidos, quienes presuntamente cumplían funciones de testaferros y facilitadores para el lavado del dinero obtenido ilícitamente.
La gravedad del hecho motivó el traslado a Iquique del Director Nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, y del Subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz. Pérez destacó la participación activa de su institución en la indagatoria interna, calificando el operativo como un "golpe profundo a la corrupción" y una acción necesaria para la "limpieza de los malos elementos" de sus filas.
La investigación fue encabezada por la Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, mientras que el brazo operativo de la PDI fue dirigido por el Prefecto Inspector Erick Menay.
Se espera que los 19 imputados enfrenten su audiencia de control de detención y formalización de cargos en las próximas 24 a 48 horas. Dada la naturaleza de los delitos investigados, es altamente probable que la Fiscalía solicite la medida cautelar de prisión preventiva para la mayoría de los involucrados.
Fuente información: La Tercera, BioBioChile, Ex-Ante, Edición Cero
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Una grave brecha de seguridad y corrupción institucional quedó al descubierto este miércoles 5 de noviembre, tras un operativo simultáneo que culminó con la detención de 19 personas, de las cuales 12 son funcionarios activos de Gendarmería de Chile.
La acción policial, que desplegó a cerca de 150 oficiales de la Policía de Investigaciones (PDI), incluyó el allanamiento de más de 24 domicilios en tres regiones del país: Tarapacá, Biobío y La Araucanía. Además de los 12 gendarmes, fueron detenidos 7 civiles.
La investigación, dirigida por la Fiscalía Regional de Tarapacá durante más de un año, contó con la colaboración de la Jefatura Nacional contra el Crimen Organizado de la PDI y de la misma Gendarmería. Se imputa a los detenidos la participación en delitos de alta gravedad: asociación ilícita, tráfico de drogas, cohecho (soborno) y lavado de activos.
Según los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, la organización criminal operaba desde el interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá. La indagatoria sostiene que los funcionarios involucrados no solo permitían el ingreso de sustancias ilícitas y elementos prohibidos al penal, sino que constituían una "agrupación en sí misma", dedicada activamente a la comercialización de estupefacientes entre la población penal.
Un pilar clave de la investigación fue el análisis patrimonial, el cual detectó incrementos de riqueza injustificados en los funcionarios indagados. Esto permitió identificar a los 7 civiles detenidos, quienes presuntamente cumplían funciones de testaferros y facilitadores para el lavado del dinero obtenido ilícitamente.
La gravedad del hecho motivó el traslado a Iquique del Director Nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, y del Subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz. Pérez destacó la participación activa de su institución en la indagatoria interna, calificando el operativo como un "golpe profundo a la corrupción" y una acción necesaria para la "limpieza de los malos elementos" de sus filas.
La investigación fue encabezada por la Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, mientras que el brazo operativo de la PDI fue dirigido por el Prefecto Inspector Erick Menay.
Se espera que los 19 imputados enfrenten su audiencia de control de detención y formalización de cargos en las próximas 24 a 48 horas. Dada la naturaleza de los delitos investigados, es altamente probable que la Fiscalía solicite la medida cautelar de prisión preventiva para la mayoría de los involucrados.
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