Declaración pública de las organizaciones gremiales de Gendarmería de Chile
Ante las definiciones realizadas por las autoridades de Gobierno, en relación a la tragedia ocurrida el pasado 08 de diciembre del año 2010, y que determinaron el despido de los funcionarios que serán formalizados próximamente y, la solicitud de renuncia a las 10 máximas antigüedades del servicio, la totalidad de las organizaciones de Gendarmería de Chile, esto es, ANFUP, ADIPTGEN, ANSOG y ANOP, vienen en comunicar e informar a la opinión pública, el rechazo absoluto de las medidas y las decisiones adoptadas por el Ministro de Justicia, toda vez que:
1.- En primer lugar, consideramos que este tipo de medida no viene a resolver la problemática carcelaria; el colapso de este sistema es de responsabilidad del Estado chileno, quien no ha tenido la capacidad de hacerse cargo de una realidad denunciada por diversas instancias, tales como los informes elaborados por la Fiscal Judicial Sra. Mónica Maldonado, Informes de organizaciones nacionales e internacionales sobre el colapso penitenciario, Informes de DD.HH, y los realizados por las diferentes Asociaciones de Funcionarios.
2.- Consideramos que la determinación del Ministro de Justicia constituye un acto de autoritarismo, toda vez que ha impedido el derecho a la presunción de inocencia y legítima defensa que tiene todo chileno, disponiendo el alejamiento de los funcionarios del servicio, aun cuando ni siquiera han sido formalizados, expulsándolos arbitrariamente de la institución y condenándolos públicamente en forma anticipada.
3.- Esta forma coercitiva llevada a cabo por el Ministro de Justicia, ha sido muy mal percibida por todos los funcionarios de Gendarmería y sus familias, queriéndose hacer creer a la opinión pública, que la crisis carcelaria y su colapso son de responsabilidad de sus funcionarios y no como realmente es, siendo el Estado y los Gobiernos que lo conducen, los únicos responsables del abandono histórico de nuestra Institución.
4.- Que, este abandono por parte de los Gobiernos, especialmente en la mantención de un presupuesto restringido, la falta de personal, tanto de uniformados como de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, ha permitido ir fomentando situaciones lamentables que ocurren al interior de los recintos penitenciarios, viéndose impedidos nuestros funcionarios para desarrollar una labor y función más eficiente, al no contar con equipamientos y elementos básicos de trabajo, que permitan enfrentar de mejor forma el quehacer penitenciario.
5.- Finalmente, demandamos a las autoridades de Gobierno, responsabilidad en la toma de decisiones y requerimos medidas concretas, que fortalezcan el trabajo de los diferentes sistemas de cumplimiento de penas. A su vez, solicitamos a la opinión pública instalar un debate serio, que posibilite dar solución integral a las problemáticas penitenciarias.
