Se manifiestan a favor de hidroelectricidad y denuncian uso de recursos públicos en campaña de Patagonia Sin Represas
Organizaciones sociales de la Región de Aysén denunciaron ante la Contraloría Regional el uso de recursos públicos en campaña de Patagonia sin Represas y solicitan a la autoridad que se instruya una investigación en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, con la finalidad de que se deslinden las responsabilidades administrativas y, si se amerita, se apliquen las sanciones correspondientes. "Todo esto-indican- en aras de mantener el principio de probidad estatal que tan caro es en una República como la nuestra".
Las agrupaciones, encabezadas por Carlos Olivares, presidente del Movimiento Voz de la Patagonia, y Miryam Bórquez, presidenta del Movimiento Aysén Desarrollo y Progreso , acompañadas por un grupo de integrantes que portaban pancartas con leyendas como "Aysén Potencia Hídrica", "Hidroelectricidad desarrollo para Aysén" y "Patagonia sin Tompkins", se dirigieron primero a la Intendencia Regional, donde fueron recibidos por la intendenta Ximena Órdenes, a quienes plantearon su preocupación por situaciones como la denunciada, así como la urgente necesidad de la descentralización en la toma de decisiones en temas relevantes para la Región y la posibilidad que se desarrolle un plebiscito para que sea la gente de la región la que pueda tomar definiciones en temas clave.
Posteriormente, se dirigieron a la Contraloría Regional para presentar la solicitud a la contralora regional de Aysén, Jacqueline del Valle Inostroza, a quien explican que "durante la semana previa al Comité de Ministros que zanjó el tema de HidroAysén, circularon en nuestra ciudad panfletos de la campaña Patagonia Sin Represas. Esto no tiene nada de especial por cuanto así ha ocurrido durante largo tiempo y especialmente en forma previa a alguna fecha importante relativa a este proyecto. Pero lo que otorga un carácter especial a estos panfletos que aludimos, es el hecho que fueron impresos en material de propiedad del Estado de Chile, específicamente en papeles pertenecientes al Programa “Quiero mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (en prueba se acompaña uno)".
Añaden que " todo habitante de la República tiene derecho a mantener sus convicciones en distinto orden de cosas y a expresarlas libremente, ese punto no está en discusión, lo que si creemos que no corresponde y raya directamente con la falta de probidad, es que se utilice medios y bienes estatales para fines particulares o en campañas que buscan promover iniciativas tendientes al beneficio de algunos".
Advierten que " los funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda tienen el legítimo derecho a tener y exponer sus convicciones, pero no tiene ningún derecho (y sin ser entendidos en la materia, creemos que cometen a lo menos una falta) a utilizar recursos públicos (y por tanto de todos los chilenos) en promocionar sus particulares visiones".
"Esperamos que se realice una investigación al respecto, por cuanto no es sano que situaciones como esta no se esclarezcan y quede a firme el principio de la probidad del funcionario público y el de prohibición de utilizar bienes públicos para fines particulares", precisan.
"Del mismo modo estimamos que nos merecemos una explicación de parte del Señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda, don Fernando Arancibia Meza, por cuanto él como superior del servicio cuyo material fue utilizado, no puede no tener la capacidad de control que su rango y grado exige", señalan los dirigentes en la carta enviada a contraloría.
Carmen Luz Ibarra
Las agrupaciones, encabezadas por Carlos Olivares, presidente del Movimiento Voz de la Patagonia, y Miryam Bórquez, presidenta del Movimiento Aysén Desarrollo y Progreso , acompañadas por un grupo de integrantes que portaban pancartas con leyendas como "Aysén Potencia Hídrica", "Hidroelectricidad desarrollo para Aysén" y "Patagonia sin Tompkins", se dirigieron primero a la Intendencia Regional, donde fueron recibidos por la intendenta Ximena Órdenes, a quienes plantearon su preocupación por situaciones como la denunciada, así como la urgente necesidad de la descentralización en la toma de decisiones en temas relevantes para la Región y la posibilidad que se desarrolle un plebiscito para que sea la gente de la región la que pueda tomar definiciones en temas clave.
Posteriormente, se dirigieron a la Contraloría Regional para presentar la solicitud a la contralora regional de Aysén, Jacqueline del Valle Inostroza, a quien explican que "durante la semana previa al Comité de Ministros que zanjó el tema de HidroAysén, circularon en nuestra ciudad panfletos de la campaña Patagonia Sin Represas. Esto no tiene nada de especial por cuanto así ha ocurrido durante largo tiempo y especialmente en forma previa a alguna fecha importante relativa a este proyecto. Pero lo que otorga un carácter especial a estos panfletos que aludimos, es el hecho que fueron impresos en material de propiedad del Estado de Chile, específicamente en papeles pertenecientes al Programa “Quiero mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (en prueba se acompaña uno)".
Añaden que " todo habitante de la República tiene derecho a mantener sus convicciones en distinto orden de cosas y a expresarlas libremente, ese punto no está en discusión, lo que si creemos que no corresponde y raya directamente con la falta de probidad, es que se utilice medios y bienes estatales para fines particulares o en campañas que buscan promover iniciativas tendientes al beneficio de algunos".
Advierten que " los funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda tienen el legítimo derecho a tener y exponer sus convicciones, pero no tiene ningún derecho (y sin ser entendidos en la materia, creemos que cometen a lo menos una falta) a utilizar recursos públicos (y por tanto de todos los chilenos) en promocionar sus particulares visiones".
"Esperamos que se realice una investigación al respecto, por cuanto no es sano que situaciones como esta no se esclarezcan y quede a firme el principio de la probidad del funcionario público y el de prohibición de utilizar bienes públicos para fines particulares", precisan.
"Del mismo modo estimamos que nos merecemos una explicación de parte del Señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda, don Fernando Arancibia Meza, por cuanto él como superior del servicio cuyo material fue utilizado, no puede no tener la capacidad de control que su rango y grado exige", señalan los dirigentes en la carta enviada a contraloría.
Carmen Luz Ibarra
