¿Acceder a una vivienda en Chile requiere 11 años de ingresos?

¿Acceder a una vivienda en Chile requiere 11 años de ingresos?
CChC: “El costo del suelo y las regulaciones han hecho inalcanzable la vivienda en Chile”.

El acceso a la vivienda en Chile se ha convertido en uno de los desafíos más críticos del país, con una brecha cada vez mayor entre los ingresos de las familias y el precio de las viviendas. Según un reciente estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), liderado por Nicolás León, Gerente de Estudios y Políticas Públicas de la entidad, una familia promedio necesita 11,4 años de ingresos para adquirir una vivienda promedio en Chile, un número alarmante que supera ampliamente el estándar de asequibilidad internacional.

Durante la entrevista en Paislobo Prensa, León explicó que, mientras a nivel internacional se considera “asequible” si una familia necesita entre 3 y 5 años de ingresos para acceder a una vivienda, en Chile esta cifra ha aumentado drásticamente en los últimos 10 a 15 años. En 2014, Chile aún se mantenía en niveles cercanos a los 3,5 años, pero actualmente la situación ha empeorado.

Las diferencias regionales son evidentes:

  • En la Región Metropolitana, el indicador alcanza 8,1 años.
  • En La Araucanía, la región más afectada, sube a 18,7 años.
  • En la Región de Los Lagos, la cifra llega a 14,3 años, superando el promedio nacional.

León detalló que el principal problema radica en un desacople entre el crecimiento de los ingresos y el alza del precio de las viviendas. Mientras que en los últimos 10 años los ingresos han crecido 50%, el valor de las viviendas ha aumentado un 150%.

Entre las causas más relevantes se encuentran:

  1. Costo del suelo: La falta de suelo disponible y las restricciones de los planes reguladores han generado un aumento significativo en su valor. León explicó que la falta de actualización de los planes reguladores, que pueden demorar más de 10 años, ha restringido la oferta de suelo urbano.
  2. Normativas y regulaciones: Más de 20 normativas implementadas en los últimos años han encarecido la construcción. Ejemplos incluyen la Ley de Ductos, las mitigaciones viales, la ley de aportes al espacio público y la implementación del IVA a la vivienda en 2014, que incrementó los precios en un 14% de un día para otro.
  3. Alza de materiales y costos laborales: El precio de los materiales de construcción ha crecido un 43% por sobre el IPC desde la pandemia, impactando directamente en el costo de las viviendas.
  4. Permisología: Los atrasos en la obtención de permisos han ralentizado proyectos, generando sobrecostos.

¿Cómo abordar el problema? Propuestas y soluciones


Según Nicolás León, es fundamental implementar medidas a corto y largo plazo que permitan reducir costos, aumentar la oferta de suelo y racionalizar las normativas.

Medidas de largo plazo

  1. Ampliar el suelo urbano: Actualizar los planes reguladores para disponer de más suelo, lo que ayudaría a reducir su precio.
  2. Aumentar la densidad constructiva: Permitir edificaciones con mayor altura y constructibilidad en zonas bien conectadas, como aquellas cercanas al transporte público.
  3. Racionalización de normativas: Revisar y eliminar regulaciones que han perdido sentido, como la Ley de Ductos, que encareció el costo de construcción en un 1% sin generar beneficios significativos.
  4. Eliminar el IVA a la vivienda: La CChC ha propuesto suprimir este impuesto, que afecta directamente el acceso a la vivienda, aunque reconoce las dificultades para su implementación debido a las necesidades de recaudación fiscal.

Medidas de corto y mediano plazo

En el corto plazo, León planteó la necesidad de implementar un subsidio a las tasas de interés de los créditos hipotecarios. “Hoy, las familias requieren el doble de ingresos para pagar el mismo dividendo que hace 5 años, debido al aumento de las tasas de interés y el IPC”, explicó.

Esta medida permitiría:

  • Reactivar la demanda en el sector inmobiliario, ayudando a vender las 105.000 viviendas actualmente en stock.
  • Facilitar el acceso a créditos hipotecarios para las familias de clase media, que actualmente no califican.

León enfatizó que el 40% más pobre de la población es atendido por programas estatales de vivienda, mientras que el mercado inmobiliario privado se enfoca en el 20% más rico. “El problema está en el segmento intermedio: familias que no califican para una vivienda social, pero que tampoco pueden acceder a la oferta privada. Este es el grupo más afectado y donde debemos enfocar esfuerzos urgentes”, afirmó.

Nicolás León concluyó llamando a una solución integral y colaborativa, involucrando tanto al sector público como privado. “El acceso a la vivienda no es responsabilidad de un solo ministerio. Es un desafío país que requiere planificación urbana eficiente, políticas públicas racionales y apoyo a las familias que no pueden acceder al mercado”.




Fuente información: Rocío Gambra
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