¿Privatización de cárceles? ¿Solución para el colapso carcelario en Chile?
Crisis carcelaria en Chile: Juan Carlos Claret analiza desafíos, problemas y posibles soluciones.
El más reciente episodio del Política Podcast abordó uno de los temas más complejos y poco tratados en la agenda pública chilena: la crisis carcelaria. Junto a Rocío Gambra, el abogado y analista político Juan Carlos Claret, realizó un extenso análisis sobre el sistema penitenciario del país, destacando problemáticas como el hacinamiento, la seguridad, la falta de infraestructura y el rol del Estado en garantizar derechos humanos a los internos.
El punto de partida del debate fue el reciente asesinato y decapitación de un interno dentro de una cárcel chilena, lo que dejó en evidencia las graves falencias de seguridad y control en estos recintos. "Los presos están bajo la custodia del Estado, y cuando este falla en garantizar su seguridad, se vulneran sus derechos humanos", explicó Claret. Este caso, sumado al traslado de altos perfiles criminales y las amenazas contra funcionarios públicos, como ocurrió con Monsalve, ex Subsecretario del Interior, evidencian las dificultades para manejar una población penitenciaria en constante crecimiento.
Claret enfatizó la importancia de la segregación carcelaria, un sistema que permite separar a los internos según su nivel de peligrosidad o antecedentes. "No es deseable que personas con delitos graves, como carabineros o exfiscales, compartan módulos con quienes han perseguido. Esto pone en riesgo su vida y demuestra la necesidad de una mejor planificación penitenciaria", afirmó.
Uno de los problemas más acuciantes es el hacinamiento, exacerbado por una infraestructura carcelaria que no se ha expandido en más de una década. A ello se suma la sobrepoblación de internos en prisión preventiva, personas que aún no han sido condenadas pero que, por decisiones judiciales, deben permanecer en la cárcel.
“El sistema no estaba preparado para recibir este volumen de internos. Las cárceles no solo están sobrepobladas, sino que también carecen de condiciones básicas de habitabilidad, desde salubridad hasta acceso a la justicia”, explicó Claret.
Además, destacó que el uso indiscriminado de la prisión preventiva es una de las causas principales de la saturación. “Se utiliza como una medida estándar cuando no siempre es necesaria. Esto genera un efecto dominó: desde la sobrecarga en tribunales hasta la falta de recursos para gestionar a los internos en las cárceles”, agregó.
El debate sobre la concesión de cárceles también fue parte de la conversación. Claret recordó que durante los gobiernos de la Concertación se promovió la privatización parcial de algunos recintos penitenciarios, una iniciativa que generó críticas, especialmente desde sectores de izquierda. Sin embargo, señaló que un modelo bien implementado podría ser parte de la solución para reducir el hacinamiento.
“No podemos descartar la concesión de cárceles. Es una medida que permitiría construir más recintos, adaptados a las necesidades actuales, y evitaría que las cárceles se conviertan en bombas de tiempo por la sobrepoblación”, argumentó. No obstante, también reconoció que los contratos deben ser claros y contemplar la mantención adecuada de los recintos, incluso en casos de daños provocados por internos.
El avance del crimen organizado en Chile es otro de los factores que agravan la crisis carcelaria. Claret destacó casos como el Tren de Aragua, cuyo liderazgo opera desde cárceles extranjeras y podría trasladarse a Chile si se aprueban solicitudes de extradición.
“La pregunta es: ¿Estamos preparados para albergar a estos líderes criminales sin que generen aún más problemas dentro del sistema penitenciario?”, cuestionó Claret. Según él, la respuesta pasa por construir cárceles de alta seguridad con capacidades técnicas y humanas suficientes para contener este tipo de amenazas.
Claret fue enfático en señalar que el Estado chileno debe reorganizarse para enfrentar estos problemas. “Frente al crimen organizado se necesita un Estado organizado. No podemos seguir respondiendo con más burocracia, sino con una mejor gestión y una mayor eficiencia en el uso de los recursos”, afirmó.
También criticó la falta de planificación a largo plazo, recordando que la construcción de cárceles y la mejora del sistema penitenciario han sido postergadas por más de una década. “Estamos pagando el precio de años de inacción. Hoy tenemos un sistema que está colapsado, donde ni siquiera se garantiza la seguridad de los internos, los funcionarios de Gendarmería o los mismos ciudadanos”, agregó.
En sus palabras finales, Claret llamó a abandonar las visiones simplistas sobre el sistema penitenciario, especialmente las que promueven una lógica de “mano dura” sin considerar las consecuencias a largo plazo.
“Diseñar un sistema penitenciario no significa hacerlo para otros; debemos imaginarlo incluso para nosotros mismos, en el peor de los escenarios. Esto permitiría garantizar derechos básicos y evitar caer en la trampa del populismo penal, que solo exacerba los problemas sin resolverlos”, concluyó.
Fuente información: Rocío Gambra
El más reciente episodio del Política Podcast abordó uno de los temas más complejos y poco tratados en la agenda pública chilena: la crisis carcelaria. Junto a Rocío Gambra, el abogado y analista político Juan Carlos Claret, realizó un extenso análisis sobre el sistema penitenciario del país, destacando problemáticas como el hacinamiento, la seguridad, la falta de infraestructura y el rol del Estado en garantizar derechos humanos a los internos.
El punto de partida del debate fue el reciente asesinato y decapitación de un interno dentro de una cárcel chilena, lo que dejó en evidencia las graves falencias de seguridad y control en estos recintos. "Los presos están bajo la custodia del Estado, y cuando este falla en garantizar su seguridad, se vulneran sus derechos humanos", explicó Claret. Este caso, sumado al traslado de altos perfiles criminales y las amenazas contra funcionarios públicos, como ocurrió con Monsalve, ex Subsecretario del Interior, evidencian las dificultades para manejar una población penitenciaria en constante crecimiento.
Claret enfatizó la importancia de la segregación carcelaria, un sistema que permite separar a los internos según su nivel de peligrosidad o antecedentes. "No es deseable que personas con delitos graves, como carabineros o exfiscales, compartan módulos con quienes han perseguido. Esto pone en riesgo su vida y demuestra la necesidad de una mejor planificación penitenciaria", afirmó.
Uno de los problemas más acuciantes es el hacinamiento, exacerbado por una infraestructura carcelaria que no se ha expandido en más de una década. A ello se suma la sobrepoblación de internos en prisión preventiva, personas que aún no han sido condenadas pero que, por decisiones judiciales, deben permanecer en la cárcel.
“El sistema no estaba preparado para recibir este volumen de internos. Las cárceles no solo están sobrepobladas, sino que también carecen de condiciones básicas de habitabilidad, desde salubridad hasta acceso a la justicia”, explicó Claret.
Además, destacó que el uso indiscriminado de la prisión preventiva es una de las causas principales de la saturación. “Se utiliza como una medida estándar cuando no siempre es necesaria. Esto genera un efecto dominó: desde la sobrecarga en tribunales hasta la falta de recursos para gestionar a los internos en las cárceles”, agregó.
El debate sobre la concesión de cárceles también fue parte de la conversación. Claret recordó que durante los gobiernos de la Concertación se promovió la privatización parcial de algunos recintos penitenciarios, una iniciativa que generó críticas, especialmente desde sectores de izquierda. Sin embargo, señaló que un modelo bien implementado podría ser parte de la solución para reducir el hacinamiento.
“No podemos descartar la concesión de cárceles. Es una medida que permitiría construir más recintos, adaptados a las necesidades actuales, y evitaría que las cárceles se conviertan en bombas de tiempo por la sobrepoblación”, argumentó. No obstante, también reconoció que los contratos deben ser claros y contemplar la mantención adecuada de los recintos, incluso en casos de daños provocados por internos.
El avance del crimen organizado en Chile es otro de los factores que agravan la crisis carcelaria. Claret destacó casos como el Tren de Aragua, cuyo liderazgo opera desde cárceles extranjeras y podría trasladarse a Chile si se aprueban solicitudes de extradición.
“La pregunta es: ¿Estamos preparados para albergar a estos líderes criminales sin que generen aún más problemas dentro del sistema penitenciario?”, cuestionó Claret. Según él, la respuesta pasa por construir cárceles de alta seguridad con capacidades técnicas y humanas suficientes para contener este tipo de amenazas.
Claret fue enfático en señalar que el Estado chileno debe reorganizarse para enfrentar estos problemas. “Frente al crimen organizado se necesita un Estado organizado. No podemos seguir respondiendo con más burocracia, sino con una mejor gestión y una mayor eficiencia en el uso de los recursos”, afirmó.
También criticó la falta de planificación a largo plazo, recordando que la construcción de cárceles y la mejora del sistema penitenciario han sido postergadas por más de una década. “Estamos pagando el precio de años de inacción. Hoy tenemos un sistema que está colapsado, donde ni siquiera se garantiza la seguridad de los internos, los funcionarios de Gendarmería o los mismos ciudadanos”, agregó.
En sus palabras finales, Claret llamó a abandonar las visiones simplistas sobre el sistema penitenciario, especialmente las que promueven una lógica de “mano dura” sin considerar las consecuencias a largo plazo.
“Diseñar un sistema penitenciario no significa hacerlo para otros; debemos imaginarlo incluso para nosotros mismos, en el peor de los escenarios. Esto permitiría garantizar derechos básicos y evitar caer en la trampa del populismo penal, que solo exacerba los problemas sin resolverlos”, concluyó.
Fuente información: Rocío Gambra
