Comunidades de San Juan de la Costa enfrentan a Grupo SAESA por reiterados cortes de luz
Demanda colectiva busca compensaciones y mejoras en el servicio eléctrico para sectores rurales y comunidades mapuche.
En un hecho inédito, un grupo de 50 vecinos y dirigentes de San Juan de la Costa presentó una demanda colectiva contra el grupo SAESA, empresa encargada del suministro eléctrico en la zona, debido a constantes cortes de luz que han afectado a la comunidad durante más de una década.
El caso fue revisado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, donde los demandantes buscan revertir el fallo de primera instancia que desestimó la acción legal bajo el argumento de que no se alcanzaba el número mínimo de consumidores afectados.
La diputada Emilia Nuyado destacó la importancia del proceso, calificándolo como un precedente clave en la defensa de los derechos de los consumidores en zonas rurales. "Es un gran hito histórico para las comunidades, porque por primera vez se han atrevido a demandar a una empresa tan poderosa que ha prestado un mal servicio a las familias, en particular a las comunidades mapuche", afirmó.
Nuyado también subrayó la necesidad de revisar la Ley del Consumidor y la normativa del sistema eléctrico, con el fin de evitar que las empresas tengan total control sobre el tratamiento de este tipo de demandas.
Por su parte, el abogado Ricardo Figueroa, quien representa a los afectados, señaló que se han documentado más de 500 páginas de incidentes, registrando interrupciones reiteradas del servicio en los últimos años.
"SAESA sostiene que no reunimos la cantidad mínima de consumidores afectados, cuando en realidad son una única entidad que aglomera distintas sociedades. Pretender exigir 50 demandantes por cada una de ellas es impropio y solo busca dilatar el proceso", explicó Figueroa.
Además, el abogado resaltó los esfuerzos extraordinarios que realizaron los dirigentes para reunir a los afectados, quienes incluso debieron trasladarse hasta Osorno para formalizar la demanda.
El caso sigue en evaluación por parte de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que deberá determinar si modifica el fallo de primera instancia y reconoce la validez de la acción colectiva.
La resolución será clave para definir futuras demandas contra empresas de servicios básicos en zonas rurales, donde la falta de inversión y la escasa fiscalización han dejado a miles de familias en condiciones de vulnerabilidad.
Fuente información: Agencia MI / Diego Chaipul
En un hecho inédito, un grupo de 50 vecinos y dirigentes de San Juan de la Costa presentó una demanda colectiva contra el grupo SAESA, empresa encargada del suministro eléctrico en la zona, debido a constantes cortes de luz que han afectado a la comunidad durante más de una década.
El caso fue revisado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, donde los demandantes buscan revertir el fallo de primera instancia que desestimó la acción legal bajo el argumento de que no se alcanzaba el número mínimo de consumidores afectados.
Diputada Nuyado: "Es un hito histórico"
La diputada Emilia Nuyado destacó la importancia del proceso, calificándolo como un precedente clave en la defensa de los derechos de los consumidores en zonas rurales. "Es un gran hito histórico para las comunidades, porque por primera vez se han atrevido a demandar a una empresa tan poderosa que ha prestado un mal servicio a las familias, en particular a las comunidades mapuche", afirmó.
Nuyado también subrayó la necesidad de revisar la Ley del Consumidor y la normativa del sistema eléctrico, con el fin de evitar que las empresas tengan total control sobre el tratamiento de este tipo de demandas.
Abogado de los demandantes: "SAESA se escuda en tecnicismos"
Por su parte, el abogado Ricardo Figueroa, quien representa a los afectados, señaló que se han documentado más de 500 páginas de incidentes, registrando interrupciones reiteradas del servicio en los últimos años.
"SAESA sostiene que no reunimos la cantidad mínima de consumidores afectados, cuando en realidad son una única entidad que aglomera distintas sociedades. Pretender exigir 50 demandantes por cada una de ellas es impropio y solo busca dilatar el proceso", explicó Figueroa.
Además, el abogado resaltó los esfuerzos extraordinarios que realizaron los dirigentes para reunir a los afectados, quienes incluso debieron trasladarse hasta Osorno para formalizar la demanda.
Próximos pasos en la demanda
El caso sigue en evaluación por parte de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que deberá determinar si modifica el fallo de primera instancia y reconoce la validez de la acción colectiva.
La resolución será clave para definir futuras demandas contra empresas de servicios básicos en zonas rurales, donde la falta de inversión y la escasa fiscalización han dejado a miles de familias en condiciones de vulnerabilidad.
Fuente información: Agencia MI / Diego Chaipul
