Avanza en el Congreso proyecto que exigirá test de drogas a autoridades y candidatos públicos
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca impedir que personas con dependencia de drogas ilegales accedan o permanezcan en cargos públicos. La iniciativa, que regresó a la Comisión de Gobierno Interior para su análisis en particular, exige exámenes médicos respaldados y declaraciones juradas para postular a cargos de elección popular y altos puestos de la administración pública.
En una sesión realizada esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca establecer un control efectivo del consumo de drogas en la administración pública. La iniciativa tiene como finalidad resguardar el principio de probidad y garantizar la eficiencia en la gestión gubernamental.
El proyecto establece que no podrá ser candidato a Presidente de la República, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal, quien presente dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales. Se contempla una excepción solo en casos donde el consumo esté debidamente justificado por un tratamiento médico.
Para cumplir con este requisito, los postulantes deberán presentar una declaración jurada que acredite no estar afectos a esta causal de inhabilidad, acompañada de un examen médico. Este test se realizará mediante una muestra de cabello en laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud, en recintos que cumplan con estándares internacionales.
La medida también se aplicará a quienes ya ejercen cargos públicos de alta responsabilidad, como ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, jefes superiores de servicios y otros directivos de la administración pública. Durante el ejercicio del cargo, las autoridades deberán someterse a un test de drogas al menos una vez al año, cuyos resultados serán públicos y estarán disponibles en los sitios web institucionales correspondientes.
El informe de la Comisión de Gobierno Interior fue expuesto en la Sala por la diputada Paula Labra, una de las autoras de las mociones refundidas. En el debate participaron también los diputados Bernardo Berger, Yovana Ahumada, Leónidas Romero, Álvaro Carter, Juan Fuenzalida, Eduardo Durán, Andrés Jouannet, Mónica Arce, Camila Musante, Juan Antonio Coloma, Marcos Ilabaca, José Carlos Meza y Carla Morales.
Durante la discusión, varios parlamentarios valoraron positivamente la propuesta, señalando que fortalece el principio de probidad y limita los vínculos de autoridades públicas con el crimen organizado y el narcotráfico. Argumentaron que, a diferencia del ámbito privado, quienes ocupan cargos públicos no pueden permitirse estar relacionados con el consumo de drogas.
Asimismo, se sugirió extender los controles también a la alcoholemia, resaltando la necesidad de que todas las autoridades, incluido el Presidente de la República, estén sometidas a estas pruebas de forma regular.
Sin embargo, algunos legisladores advirtieron sobre deficiencias en la técnica legislativa del proyecto. Señalaron que se pretenden modificar inhabilidades de autoridades que están establecidas en la Constitución Política, lo cual podría requerir un trámite constitucional especial. También criticaron que se sancione la "dependencia" y no directamente el "consumo", recordando que la dependencia a drogas es reconocida como una enfermedad que requiere tratamiento y apoyo médico, no exclusión.
Con la aprobación en general, el proyecto volverá ahora a la Comisión de Gobierno Interior, donde se analizarán en detalle las observaciones y eventuales mejoras al texto legal antes de su votación en particular.
Fuente información: Comunicaciones Cámara de Diputados
En una sesión realizada esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca establecer un control efectivo del consumo de drogas en la administración pública. La iniciativa tiene como finalidad resguardar el principio de probidad y garantizar la eficiencia en la gestión gubernamental.
El proyecto establece que no podrá ser candidato a Presidente de la República, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal, quien presente dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales. Se contempla una excepción solo en casos donde el consumo esté debidamente justificado por un tratamiento médico.
Para cumplir con este requisito, los postulantes deberán presentar una declaración jurada que acredite no estar afectos a esta causal de inhabilidad, acompañada de un examen médico. Este test se realizará mediante una muestra de cabello en laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud, en recintos que cumplan con estándares internacionales.
La medida también se aplicará a quienes ya ejercen cargos públicos de alta responsabilidad, como ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, jefes superiores de servicios y otros directivos de la administración pública. Durante el ejercicio del cargo, las autoridades deberán someterse a un test de drogas al menos una vez al año, cuyos resultados serán públicos y estarán disponibles en los sitios web institucionales correspondientes.
El informe de la Comisión de Gobierno Interior fue expuesto en la Sala por la diputada Paula Labra, una de las autoras de las mociones refundidas. En el debate participaron también los diputados Bernardo Berger, Yovana Ahumada, Leónidas Romero, Álvaro Carter, Juan Fuenzalida, Eduardo Durán, Andrés Jouannet, Mónica Arce, Camila Musante, Juan Antonio Coloma, Marcos Ilabaca, José Carlos Meza y Carla Morales.
Durante la discusión, varios parlamentarios valoraron positivamente la propuesta, señalando que fortalece el principio de probidad y limita los vínculos de autoridades públicas con el crimen organizado y el narcotráfico. Argumentaron que, a diferencia del ámbito privado, quienes ocupan cargos públicos no pueden permitirse estar relacionados con el consumo de drogas.
Asimismo, se sugirió extender los controles también a la alcoholemia, resaltando la necesidad de que todas las autoridades, incluido el Presidente de la República, estén sometidas a estas pruebas de forma regular.
Sin embargo, algunos legisladores advirtieron sobre deficiencias en la técnica legislativa del proyecto. Señalaron que se pretenden modificar inhabilidades de autoridades que están establecidas en la Constitución Política, lo cual podría requerir un trámite constitucional especial. También criticaron que se sancione la "dependencia" y no directamente el "consumo", recordando que la dependencia a drogas es reconocida como una enfermedad que requiere tratamiento y apoyo médico, no exclusión.
Con la aprobación en general, el proyecto volverá ahora a la Comisión de Gobierno Interior, donde se analizarán en detalle las observaciones y eventuales mejoras al texto legal antes de su votación en particular.
Para entender mejor
- Probidad: Principio que obliga a las autoridades y funcionarios públicos a actuar con honestidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.
- Estupefacientes o sicotrópicos ilegales: Sustancias reguladas que alteran el sistema nervioso central y cuyo consumo, posesión o distribución está prohibido por la ley salvo en casos médicos autorizados.
- Declaración jurada: Documento mediante el cual una persona asegura, bajo fe pública, que determinada información es verídica.
Fuente información: Comunicaciones Cámara de Diputados
