Contraloría ordena a Municipalidad de Osorno desvincular a funcionaria por vínculo familiar con alto directivo
La Contraloría General de la República ha emitido un dictamen, con fecha 19 de mayo, que instruye a la Ilustre Municipalidad de Osorno a desvincular a una funcionaria contratada recientemente, debido a un vínculo de parentesco directo (sobrina) con un alto directivo de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). La concejala Natali Guissen Ibarra fue quien denunció la situación, argumentando una inhabilidad según la Ley N° 18.575, que prohíbe la contratación de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad bajo una misma línea jerárquica en la administración pública.
Un dictamen emitido por la Contraloría General de la República el pasado 19 de mayo ha puesto en jaque una contratación al interior de la Ilustre Municipalidad de Osorno. El organismo fiscalizador determinó que existe una inhabilidad legal en la permanencia de una funcionaria, debido a su relación de parentesco directo con un alto cargo de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) del mismo municipio.
La situación fue dada a conocer públicamente por la concejala de Osorno, Natali Guissen Ibarra, quien hace aproximadamente un mes presentó la denuncia ante la Contraloría. Según explicó la edil, la funcionaria en cuestión es sobrina de un director municipal que ostenta "un alto grado, un cargo muy importante". Específicamente, se trata de un directivo de la DIDECO, quien además "subroga funciones de la administración municipal y en algunos casos incluso subroga la ausencia del alcalde", detalló Guissen.
El nudo del problema radica en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que en su articulado sobre probidad administrativa establece claras restricciones para evitar el nepotismo. "La administración pública es muy clara al respecto, en donde no se pueden contratar personas que estén vinculadas familiarmente hasta el tercer grado de consanguinidad", enfatizó la concejala. En este caso, la funcionaria fue incorporada al municipio "una semana posterior al nombramiento de esta dirección", lo que, a juicio de Guissen, evidencia no solo la "familiaridad en términos sanguíneos, pero también una influencia en cuanto a la contratación".
La concejala fue enfática en señalar que su denuncia no cuestiona las competencias profesionales de las personas involucradas. "Esto no quiere decir que las personas en particular no tengan las competencias", aclaró, sino que se trata del cumplimiento de la normativa vigente. "La ley es muy clara, la 18.575 es muy clara: no pueden haber parentesco sobre una misma línea jerárquica y en estos momentos se está dando, o en realidad desde diciembre del año pasado se está dando en el ilustre municipalidad de Osorno", precisó.
El dictamen de la Contraloría, según la información proporcionada, es "súper claro" y ratifica la existencia de la inhabilidad. "La Contraloría se pronuncia que efectivamente hay una inhabilidad para que estas dos personas estén trabajando bajo una misma línea jerárquica dentro de una institución", afirmó Guissen. Esta situación, donde un familiar directo ocupa una posición de jefatura, genera una complejidad evidente. "Uno puede comprender que si yo tengo un familiar como jefatura es complejo que me puedan a mí hacer las correcciones, dar las instrucciones o incluso corregir algunas malas prácticas", reflexionó la autoridad comunal.
Guissen manifestó que su accionar busca "transparentar algunas situaciones en la institucionalidad para que de una u otra forma también podamos devolver la confianza a la ciudadanía y que las cosas se puedan hacer conforme a la probidad que se espera de los políticos de hoy en día". Subrayó la importancia de modificar "estas prácticas que vienen de antaño que todos sabemos qué pasa, pero que nadie en específico levanta estas situaciones para que sea transparente y para que se solucione".
Un aspecto relevante destacado es que, al ingresar a la administración pública, cada funcionario debe firmar una declaración jurada respecto a este tipo de inhabilidades, procedimiento que "al parecer, tampoco se ha dado acá en el municipio". La concejala también criticó la falta de concursos públicos transparentes para ciertos cargos, señalando que "muchas veces no se hace concurso público, se hace evaluación del perfil como debiese ser".
Consultada sobre los pasos a seguir por parte del consistorio osornino, la concejala indicó: "El municipio en este caso, al ser llamado a resolver esta situación por parte de la Contraloría, que es un órgano fiscalizador, debiera dar cumplimiento al mandato, que es poder generar esta desvinculación y poder hacer un llamado a concurso para este cargo que va a quedar vacante, que es lo que uno esperaría como parte de la ciudadanía".
No obstante, la misma concejala sembró dudas sobre la celeridad o disposición del municipio para acatar el fallo, al mencionar que "hay otros dictámenes de Contraloría y también incluso de otros organismos judiciales que el municipio tampoco ha dado cumplimiento". Por ello, recalcó la importancia de que "esto pueda comenzar a tramitarse y que podamos respetar las jerarquías institucionales".
La fiscalización de este tipo de situaciones forma parte de las atribuciones de los concejales, quienes, como recordó Guissen, fueron electos "para poder hacer este trabajo y se espera que se respete desde la administración municipal".
Este caso sienta un precedente sobre la rigurosidad en la aplicación de las normas de probidad y transparencia en la contratación de personal en el sector público local, y será seguido de cerca tanto por la concejala denunciante como por la opinión pública, atenta a la correcta utilización de los recursos y al apego a la legalidad por parte de sus autoridades. La concejala Guissen, por su parte, ha manifestado que continuará con su labor fiscalizadora para asegurar que "las cosas se realicen como uno espera y como se establece en la ley".
Fuente información: Álvaro Torres Riobó
Un dictamen emitido por la Contraloría General de la República el pasado 19 de mayo ha puesto en jaque una contratación al interior de la Ilustre Municipalidad de Osorno. El organismo fiscalizador determinó que existe una inhabilidad legal en la permanencia de una funcionaria, debido a su relación de parentesco directo con un alto cargo de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) del mismo municipio.
La situación fue dada a conocer públicamente por la concejala de Osorno, Natali Guissen Ibarra, quien hace aproximadamente un mes presentó la denuncia ante la Contraloría. Según explicó la edil, la funcionaria en cuestión es sobrina de un director municipal que ostenta "un alto grado, un cargo muy importante". Específicamente, se trata de un directivo de la DIDECO, quien además "subroga funciones de la administración municipal y en algunos casos incluso subroga la ausencia del alcalde", detalló Guissen.
El nudo del problema radica en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que en su articulado sobre probidad administrativa establece claras restricciones para evitar el nepotismo. "La administración pública es muy clara al respecto, en donde no se pueden contratar personas que estén vinculadas familiarmente hasta el tercer grado de consanguinidad", enfatizó la concejala. En este caso, la funcionaria fue incorporada al municipio "una semana posterior al nombramiento de esta dirección", lo que, a juicio de Guissen, evidencia no solo la "familiaridad en términos sanguíneos, pero también una influencia en cuanto a la contratación".
La concejala fue enfática en señalar que su denuncia no cuestiona las competencias profesionales de las personas involucradas. "Esto no quiere decir que las personas en particular no tengan las competencias", aclaró, sino que se trata del cumplimiento de la normativa vigente. "La ley es muy clara, la 18.575 es muy clara: no pueden haber parentesco sobre una misma línea jerárquica y en estos momentos se está dando, o en realidad desde diciembre del año pasado se está dando en el ilustre municipalidad de Osorno", precisó.
El dictamen de la Contraloría, según la información proporcionada, es "súper claro" y ratifica la existencia de la inhabilidad. "La Contraloría se pronuncia que efectivamente hay una inhabilidad para que estas dos personas estén trabajando bajo una misma línea jerárquica dentro de una institución", afirmó Guissen. Esta situación, donde un familiar directo ocupa una posición de jefatura, genera una complejidad evidente. "Uno puede comprender que si yo tengo un familiar como jefatura es complejo que me puedan a mí hacer las correcciones, dar las instrucciones o incluso corregir algunas malas prácticas", reflexionó la autoridad comunal.
Guissen manifestó que su accionar busca "transparentar algunas situaciones en la institucionalidad para que de una u otra forma también podamos devolver la confianza a la ciudadanía y que las cosas se puedan hacer conforme a la probidad que se espera de los políticos de hoy en día". Subrayó la importancia de modificar "estas prácticas que vienen de antaño que todos sabemos qué pasa, pero que nadie en específico levanta estas situaciones para que sea transparente y para que se solucione".
Un aspecto relevante destacado es que, al ingresar a la administración pública, cada funcionario debe firmar una declaración jurada respecto a este tipo de inhabilidades, procedimiento que "al parecer, tampoco se ha dado acá en el municipio". La concejala también criticó la falta de concursos públicos transparentes para ciertos cargos, señalando que "muchas veces no se hace concurso público, se hace evaluación del perfil como debiese ser".
Consultada sobre los pasos a seguir por parte del consistorio osornino, la concejala indicó: "El municipio en este caso, al ser llamado a resolver esta situación por parte de la Contraloría, que es un órgano fiscalizador, debiera dar cumplimiento al mandato, que es poder generar esta desvinculación y poder hacer un llamado a concurso para este cargo que va a quedar vacante, que es lo que uno esperaría como parte de la ciudadanía".
No obstante, la misma concejala sembró dudas sobre la celeridad o disposición del municipio para acatar el fallo, al mencionar que "hay otros dictámenes de Contraloría y también incluso de otros organismos judiciales que el municipio tampoco ha dado cumplimiento". Por ello, recalcó la importancia de que "esto pueda comenzar a tramitarse y que podamos respetar las jerarquías institucionales".
La fiscalización de este tipo de situaciones forma parte de las atribuciones de los concejales, quienes, como recordó Guissen, fueron electos "para poder hacer este trabajo y se espera que se respete desde la administración municipal".
Este caso sienta un precedente sobre la rigurosidad en la aplicación de las normas de probidad y transparencia en la contratación de personal en el sector público local, y será seguido de cerca tanto por la concejala denunciante como por la opinión pública, atenta a la correcta utilización de los recursos y al apego a la legalidad por parte de sus autoridades. La concejala Guissen, por su parte, ha manifestado que continuará con su labor fiscalizadora para asegurar que "las cosas se realicen como uno espera y como se establece en la ley".
Para entender mejor
- Contraloría General de la República: Organismo autónomo del Estado de Chile, encargado de fiscalizar la legalidad de los actos de la Administración Pública, resguardar el patrimonio público y controlar el ingreso y la inversión de los fondos fiscales, municipales y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes.
- DIDECO: Sigla de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Unidad municipal encargada de asesorar al alcalde y al concejo municipal en la promoción del desarrollo comunitario, social y económico de la comuna.
- Ley N° 18.575: Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Establece las normas fundamentales que rigen la organización y funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado en Chile, incluyendo principios como la probidad administrativa y la transparencia.
- Inhabilidad: Circunstancia legal que impide a una persona ejercer un cargo o función pública, en este caso, por razones de parentesco con otro funcionario en una línea jerárquica directa.
- Grado de consanguinidad: Parentesco natural entre personas que descienden unas de otras o de un tronco común. Se mide en grados (ej. padres e hijos son primer grado; hermanos son segundo grado; tíos y sobrinos son tercer grado).
- Subrogancia: Sustitución temporal de un funcionario en su cargo por otra persona habilitada para ello, en caso de ausencia o impedimento del titular.
- Dictamen: Resolución o parecer emitido por un organismo con autoridad sobre una materia de su competencia, en este caso, la Contraloría respecto a la legalidad de una contratación.
Fuente información: Álvaro Torres Riobó
