Ministro Grau reconoce error de subsecretario de Pesca en cifras sobre cuotas de merluza
El subsecretario de Pesca, Julio Salas, se encuentra en una compleja situación luego de que el ministro de Economía, Nicolás Grau, admitiera públicamente la entrega de cifras incorrectas por parte del subsecretario durante la tramitación en el Congreso de la nueva ley de fraccionamiento pesquero. El error, concerniente a la capacidad de captura de merluza común por parte del sector industrial, ocurrió en un momento álgido del debate sobre la redistribución de cuotas entre la pesca artesanal e industrial, generando preocupación en el sector y llamados a la transparencia.
La controversia se desató tras las declaraciones del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien confirmó que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, incurrió en la presentación de datos inexactos ante la comisión mixta del Congreso que discutía el proyecto de ley sobre el fraccionamiento de las cuotas de pesca de merluza común. Específicamente, el error se centró en una cifra proporcionada por Salas respecto a la capacidad real del sector industrial para extraer la cuota de merluza que le sería asignada bajo la nueva normativa.
Este reconocimiento se produce en un contexto de alta sensibilidad política y económica, marcado por la tramitación de una ley que revierte significativamente la distribución histórica de las cuotas de merluza. La propuesta actual establece un 52% de la cuota para la pesca artesanal y un 48% para la industria, lo que contrasta con el esquema anterior que favorecía a la industria con un 57% frente al 43% del sector artesanal.
La modificación ha provocado una fuerte reacción por parte de la industria pesquera, con epicentro en la Región del Biobío. Empresas relevantes como PacificBlu han anunciado el cese de sus operaciones, argumentando la inviabilidad económica bajo el nuevo régimen de cuotas. Por su parte, Landes interpuso acciones judiciales contra el Estado, calificando la nueva distribución como una “expropiación encubierta”. Estas acciones reflejan la profunda inquietud del sector ante el impacto que la nueva ley podría tener en la actividad productiva y el empleo en la zona.
A pesar de la gravedad del error reconocido, el ministro Grau intentó bajar el tono a la polémica, asegurando que no existió intencionalidad por parte del subsecretario Salas. Subrayó que la votación crucial en la Cámara de Diputados, donde se aprobó en general la idea de legislar sobre el fraccionamiento, se llevó a cabo antes de que se presentaran los datos incorrectos. Grau hizo un llamado a no desviar el foco del debate hacia este error puntual, insistiendo en que el problema de fondo es estructural y preexistente a la equivocación.
El titular de la cartera de Economía manifestó públicamente su respaldo al subsecretario Salas, destacando la complejidad inherente a la discusión sobre la pesca y la necesidad de avanzar en soluciones que consideren a todos los actores involucrados. En declaraciones a medios radiales, Grau enfatizó el compromiso del Ejecutivo de buscar acuerdos para mitigar las consecuencias sociales y laborales que la nueva ley de fraccionamiento podría generar en la Región del Biobío, particularmente en la comuna de Talcahuano, donde la industria pesquera tiene una presencia significativa.
Las principales asociaciones de industriales del Biobío y las grandes empresas del sector han expresado su profunda preocupación por las repercusiones socioeconómicas de la nueva distribución de cuotas. Advierten sobre la potencial pérdida de un número importante de puestos de trabajo y el daño que podría sufrir la industria pesquera local, que históricamente ha sido un motor económico relevante para la región.
En contraposición, el subsecretario Salas ha defendido con firmeza la urgencia y la legitimidad del proyecto de ley de fraccionamiento. Argumenta que la iniciativa responde a criterios técnicos y a fallos judiciales previos que obligaban a revisar la distribución de las cuotas. Asimismo, ha minimizado las amenazas legales de la industria, sosteniendo que la nueva ley busca un equilibrio más justo y sostenible en la explotación del recurso merluza.
Hasta el momento, no se han anunciado medidas disciplinarias ni se ha insinuado la posible salida del subsecretario Julio Salas de su cargo. El ministro Grau ha reiterado su confianza en el subsecretario, y desde el Gobierno no han surgido señales oficiales que indiquen una evaluación de su continuidad. La prioridad del Ejecutivo parece centrarse en la corrección de la información errónea y en la búsqueda de mecanismos para abordar las preocupaciones de las regiones afectadas y los diversos actores del sector pesquero.
En conclusión, Julio Salas se mantiene como subsecretario de Pesca, respaldado por el ministro de Economía, en un escenario marcado por la tensión entre el Gobierno y la industria pesquera a raíz de la reforma a la ley de fraccionamiento y sus potenciales efectos en el empleo y la economía del sur del país. La controversia por las cifras erróneas añade un elemento de complejidad a un debate ya de por sí polarizado.
Fuente información: Agencia MI
La controversia se desató tras las declaraciones del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien confirmó que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, incurrió en la presentación de datos inexactos ante la comisión mixta del Congreso que discutía el proyecto de ley sobre el fraccionamiento de las cuotas de pesca de merluza común. Específicamente, el error se centró en una cifra proporcionada por Salas respecto a la capacidad real del sector industrial para extraer la cuota de merluza que le sería asignada bajo la nueva normativa.
Este reconocimiento se produce en un contexto de alta sensibilidad política y económica, marcado por la tramitación de una ley que revierte significativamente la distribución histórica de las cuotas de merluza. La propuesta actual establece un 52% de la cuota para la pesca artesanal y un 48% para la industria, lo que contrasta con el esquema anterior que favorecía a la industria con un 57% frente al 43% del sector artesanal.
La modificación ha provocado una fuerte reacción por parte de la industria pesquera, con epicentro en la Región del Biobío. Empresas relevantes como PacificBlu han anunciado el cese de sus operaciones, argumentando la inviabilidad económica bajo el nuevo régimen de cuotas. Por su parte, Landes interpuso acciones judiciales contra el Estado, calificando la nueva distribución como una “expropiación encubierta”. Estas acciones reflejan la profunda inquietud del sector ante el impacto que la nueva ley podría tener en la actividad productiva y el empleo en la zona.
A pesar de la gravedad del error reconocido, el ministro Grau intentó bajar el tono a la polémica, asegurando que no existió intencionalidad por parte del subsecretario Salas. Subrayó que la votación crucial en la Cámara de Diputados, donde se aprobó en general la idea de legislar sobre el fraccionamiento, se llevó a cabo antes de que se presentaran los datos incorrectos. Grau hizo un llamado a no desviar el foco del debate hacia este error puntual, insistiendo en que el problema de fondo es estructural y preexistente a la equivocación.
El titular de la cartera de Economía manifestó públicamente su respaldo al subsecretario Salas, destacando la complejidad inherente a la discusión sobre la pesca y la necesidad de avanzar en soluciones que consideren a todos los actores involucrados. En declaraciones a medios radiales, Grau enfatizó el compromiso del Ejecutivo de buscar acuerdos para mitigar las consecuencias sociales y laborales que la nueva ley de fraccionamiento podría generar en la Región del Biobío, particularmente en la comuna de Talcahuano, donde la industria pesquera tiene una presencia significativa.
Las principales asociaciones de industriales del Biobío y las grandes empresas del sector han expresado su profunda preocupación por las repercusiones socioeconómicas de la nueva distribución de cuotas. Advierten sobre la potencial pérdida de un número importante de puestos de trabajo y el daño que podría sufrir la industria pesquera local, que históricamente ha sido un motor económico relevante para la región.
En contraposición, el subsecretario Salas ha defendido con firmeza la urgencia y la legitimidad del proyecto de ley de fraccionamiento. Argumenta que la iniciativa responde a criterios técnicos y a fallos judiciales previos que obligaban a revisar la distribución de las cuotas. Asimismo, ha minimizado las amenazas legales de la industria, sosteniendo que la nueva ley busca un equilibrio más justo y sostenible en la explotación del recurso merluza.
Hasta el momento, no se han anunciado medidas disciplinarias ni se ha insinuado la posible salida del subsecretario Julio Salas de su cargo. El ministro Grau ha reiterado su confianza en el subsecretario, y desde el Gobierno no han surgido señales oficiales que indiquen una evaluación de su continuidad. La prioridad del Ejecutivo parece centrarse en la corrección de la información errónea y en la búsqueda de mecanismos para abordar las preocupaciones de las regiones afectadas y los diversos actores del sector pesquero.
En conclusión, Julio Salas se mantiene como subsecretario de Pesca, respaldado por el ministro de Economía, en un escenario marcado por la tensión entre el Gobierno y la industria pesquera a raíz de la reforma a la ley de fraccionamiento y sus potenciales efectos en el empleo y la economía del sur del país. La controversia por las cifras erróneas añade un elemento de complejidad a un debate ya de por sí polarizado.
Fuente información: Agencia MI
