90% de los municipios no ha cumplido con sus planes y consejos de Seguridad Pública
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una alarmante falta de cumplimiento por parte de las municipalidades chilenas en la remisión de documentación clave para la gestión de la seguridad pública. Un 90% de los municipios del país, lo que equivale a 312 de 342, no ha enviado a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) los Planes Comunales de Seguridad Pública y las actas de sesiones de sus respectivos Consejos Comunales de Seguridad Pública correspondientes al periodo 2024-2025. Esta situación, detallada en el undécimo Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la CGR, genera una seria preocupación por la debilidad en la coordinación y comunicación entre las autoridades locales, las policías, las entidades públicas y la comunidad, lo que podría mermar la eficacia de las acciones destinadas a prevenir y combatir la delincuencia.
El informe de la Contraloría subraya un panorama complejo en la administración de la seguridad a nivel local, vital para el despliegue de estrategias efectivas en la lucha contra el crimen. La omisión de enviar los Planes Comunales de Seguridad Pública es particularmente grave, ya que estos instrumentos son la hoja de ruta para la prevención del delito en cada comuna, diseñados para abordar las problemáticas específicas de cada territorio. Su ausencia o desactualización incrementa el riesgo de acciones improvisadas y descoordinadas, dificultando la implementación de medidas preventivas y reactivas eficientes.
Además de la masiva falta de remisión de planes, la Contraloría ha puesto de manifiesto deficiencias significativas en la operación de los Consejos Comunales de Seguridad Pública. Se detectó una preocupante disminución en el envío de actas de estas sesiones entre 2021 y 2024. Un total de 72 municipios, incluyendo comunas como Lago Ranco, La Florida, La Pintana y Ñuñoa, remitieron actas con más de un año de retraso, lo que compromete la transparencia y el seguimiento de los acuerdos adoptados. Más preocupante aún es el caso de 19 municipalidades clasificadas en la categoría de "Urgentes" por su alto riesgo socio-delictual, como Alto Biobío, Cartagena y Linares, que no reportaron ninguna sesión del Consejo en los últimos años, indicando una inactividad total en este foro esencial para la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana en materia de seguridad.
El informe también detalla que siete de las 40 municipalidades con mayor riesgo socio-delictual, entre las que se cuentan Calama, Estación Central y Viña del Mar, reportaron únicamente entre dos y seis sesiones durante 2024. Esta cifra dista considerablemente de la exigencia normativa que establece una sesión mensual, evidenciando una falta de periodicidad que debilita la capacidad de respuesta y adaptación de los municipios ante las dinámicas delictuales. La inoperatividad o la baja frecuencia de sesiones de estos consejos repercute directamente en la coordinación y comunicación entre los diversos actores involucrados en la seguridad, disminuyendo la efectividad de las medidas implementadas.
A la fecha de febrero de 2025, un total de 24 municipios tenían sus Planes Comunales de Seguridad Pública vencidos, y 40 gobiernos locales no habían enviado sus planes a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esta situación, sumada al incumplimiento generalizado, evidencia una falencia sistémica que requiere una atención urgente por parte de las autoridades pertinentes. La ausencia de un plan actualizado y validado por la Subsecretaría de Prevención del Delito impide la formulación de diagnósticos precisos y la implementación de estrategias coherentes y basadas en evidencia para abordar las problemáticas de seguridad que aquejan a la ciudadanía.
El incumplimiento de estas disposiciones legales no solo atenta contra el ordenamiento jurídico, sino que también tiene un impacto directo en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana. La Contraloría, al emitir este consolidado, busca visibilizar las deficiencias y exhortar a los gobiernos locales a asumir con mayor responsabilidad sus atribuciones en esta materia, fundamental para la tranquilidad y bienestar de la población chilena.
Fuente información: https://www.contraloria.cl/web/cgr/-/cic-11-consejos-de-seguridad-publica
El informe de la Contraloría subraya un panorama complejo en la administración de la seguridad a nivel local, vital para el despliegue de estrategias efectivas en la lucha contra el crimen. La omisión de enviar los Planes Comunales de Seguridad Pública es particularmente grave, ya que estos instrumentos son la hoja de ruta para la prevención del delito en cada comuna, diseñados para abordar las problemáticas específicas de cada territorio. Su ausencia o desactualización incrementa el riesgo de acciones improvisadas y descoordinadas, dificultando la implementación de medidas preventivas y reactivas eficientes.
Además de la masiva falta de remisión de planes, la Contraloría ha puesto de manifiesto deficiencias significativas en la operación de los Consejos Comunales de Seguridad Pública. Se detectó una preocupante disminución en el envío de actas de estas sesiones entre 2021 y 2024. Un total de 72 municipios, incluyendo comunas como Lago Ranco, La Florida, La Pintana y Ñuñoa, remitieron actas con más de un año de retraso, lo que compromete la transparencia y el seguimiento de los acuerdos adoptados. Más preocupante aún es el caso de 19 municipalidades clasificadas en la categoría de "Urgentes" por su alto riesgo socio-delictual, como Alto Biobío, Cartagena y Linares, que no reportaron ninguna sesión del Consejo en los últimos años, indicando una inactividad total en este foro esencial para la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana en materia de seguridad.
El informe también detalla que siete de las 40 municipalidades con mayor riesgo socio-delictual, entre las que se cuentan Calama, Estación Central y Viña del Mar, reportaron únicamente entre dos y seis sesiones durante 2024. Esta cifra dista considerablemente de la exigencia normativa que establece una sesión mensual, evidenciando una falta de periodicidad que debilita la capacidad de respuesta y adaptación de los municipios ante las dinámicas delictuales. La inoperatividad o la baja frecuencia de sesiones de estos consejos repercute directamente en la coordinación y comunicación entre los diversos actores involucrados en la seguridad, disminuyendo la efectividad de las medidas implementadas.
Municipios en la Mira por Riesgo y Falta de Cumplimiento
El undécimo Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la CGR ha puesto de manifiesto una preocupante realidad al identificar a 110 de los 342 municipios del país en la categoría de "Urgentes", lo que denota un mayor riesgo de vulnerabilidad socio-delictual. Ejemplos de comunas en esta crítica clasificación incluyen a Alto Biobío, Ercilla, La Florida, La Pintana, Puerto Montt y Talagante. Dentro de este grupo, seis municipalidades "Urgentes" tenían sus planes vencidos a febrero de 2025, destacando el caso de La Florida, que además se posiciona como la novena comuna a nivel nacional con mayor riesgo.A la fecha de febrero de 2025, un total de 24 municipios tenían sus Planes Comunales de Seguridad Pública vencidos, y 40 gobiernos locales no habían enviado sus planes a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esta situación, sumada al incumplimiento generalizado, evidencia una falencia sistémica que requiere una atención urgente por parte de las autoridades pertinentes. La ausencia de un plan actualizado y validado por la Subsecretaría de Prevención del Delito impide la formulación de diagnósticos precisos y la implementación de estrategias coherentes y basadas en evidencia para abordar las problemáticas de seguridad que aquejan a la ciudadanía.
Marco Normativo y la Urgencia del Cumplimiento
La obligación de las municipalidades en materia de seguridad pública se encuentra explícitamente establecida en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley 18.695). Esta normativa mandata a los municipios a adoptar medidas intersectoriales con el fin de mejorar la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes, para lo cual deben implementar los Planes y Consejos Comunales de Seguridad Pública. Específicamente, la ley exige que los municipios remitan a la Subsecretaría de Prevención del Delito las actas de todas las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad y que actualicen anualmente sus Planes Comunales de Seguridad Pública.El incumplimiento de estas disposiciones legales no solo atenta contra el ordenamiento jurídico, sino que también tiene un impacto directo en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana. La Contraloría, al emitir este consolidado, busca visibilizar las deficiencias y exhortar a los gobiernos locales a asumir con mayor responsabilidad sus atribuciones en esta materia, fundamental para la tranquilidad y bienestar de la población chilena.
Fuente información: https://www.contraloria.cl/web/cgr/-/cic-11-consejos-de-seguridad-publica
