7 millones de hogares en Chile pagarían un cargo encubierto para costear compensaciones
Desde junio de 2024, casi 7 millones de clientes residenciales de las principales compañías eléctricas del país, entre ellas Enel, CGE, Chilquinta y Saesa, están financiando de su propio bolsillo las compensaciones por interrupciones de suministro. Esto, a través de un cargo del 0,52% incluido en sus cuentas mensuales, una medida implementada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) para resolver una prolongada disputa tarifaria con las empresas, pese a que el Panel de Expertos del sector ya había calificado esta práctica como "inadecuada" en 2023.
Una investigación periodística de Daniel Meza Riquelme y Francisco González Valdebenito publicada este lunes por CIPER reveló la implementación de una controvertida medida que afecta directamente el bolsillo de millones de chilenos. A partir de junio de 2024, los clientes de 21 empresas distribuidoras de electricidad a lo largo del país comenzaron a pagar un cargo adicional del 0,52% en sus boletas mensuales. Este monto, que no se detalla de forma explícita al consumidor, está destinado a crear un fondo para cubrir las compensaciones que las propias compañías están legalmente obligadas a pagar a los usuarios afectados por cortes de suministro eléctrico.
Según señala CIPER, la medida, que impacta a un universo de casi siete millones de clientes residenciales, fue la solución que la Comisión Nacional de Energía (CNE) —el organismo técnico encargado de la regulación del sector— encontró para poner fin a un desacuerdo de 42 meses con las empresas distribuidoras respecto al alza de tarifas. En la práctica, esta decisión traslada el costo de una obligación corporativa directamente al consumidor final, quien ahora paga por las fallas del servicio que recibe.
Esta situación adquiere mayor complejidad al considerar los antecedentes. Ya en 2023, el Panel de Expertos del sector eléctrico, una entidad autónoma que dirime discrepancias en la industria, emitió un dictamen donde calificó como "inadecuado" el criterio de la CNE de traspasar el costo de las compensaciones por calidad de servicio a los usuarios a través de las tarifas. A pesar de esta advertencia técnica y legal, la CNE avanzó con la implementación del mecanismo este año.
Paralelamente a la creación de este cargo, CIPER indica que la CNE introdujo en 2024 una modificación a la norma de calidad de servicio. Si bien la nueva regulación reduce el máximo de horas de interrupción que un cliente puede sufrir al año, bajando de 12 a 9 horas, también aumenta el tiempo de respuesta permitido para las empresas en zonas rurales. El plazo para reponer el servicio en estas áreas se extendió a 6 horas, superando las 4 horas que estipulaba el reglamento anterior, lo que podría perjudicar a miles de familias en sectores apartados.
El impacto práctico de las deficiencias en el servicio y las dificultades en la aplicación de las compensaciones se hizo evidente tras los masivos cortes de suministro ocurridos en agosto de 2024, que afectaron a 2,4 millones de clientes. Según confirmó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el organismo fiscalizador del sector, Enel sería la única de las grandes compañías que, hasta la fecha, se habría resistido a pagar las compensaciones correspondientes a los usuarios afectados por dichos eventos, agudizando la problemática que el nuevo cargo en las boletas pretendía, en teoría, solucionar.
Fuente información: https://www.ciperchile.cl/2025/07/21/cortes-de-luz-compensaciones-para-los-clientes-son-financiadas-por-los-mismos-usuarios/
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Una investigación periodística de Daniel Meza Riquelme y Francisco González Valdebenito publicada este lunes por CIPER reveló la implementación de una controvertida medida que afecta directamente el bolsillo de millones de chilenos. A partir de junio de 2024, los clientes de 21 empresas distribuidoras de electricidad a lo largo del país comenzaron a pagar un cargo adicional del 0,52% en sus boletas mensuales. Este monto, que no se detalla de forma explícita al consumidor, está destinado a crear un fondo para cubrir las compensaciones que las propias compañías están legalmente obligadas a pagar a los usuarios afectados por cortes de suministro eléctrico.
Según señala CIPER, la medida, que impacta a un universo de casi siete millones de clientes residenciales, fue la solución que la Comisión Nacional de Energía (CNE) —el organismo técnico encargado de la regulación del sector— encontró para poner fin a un desacuerdo de 42 meses con las empresas distribuidoras respecto al alza de tarifas. En la práctica, esta decisión traslada el costo de una obligación corporativa directamente al consumidor final, quien ahora paga por las fallas del servicio que recibe.
Esta situación adquiere mayor complejidad al considerar los antecedentes. Ya en 2023, el Panel de Expertos del sector eléctrico, una entidad autónoma que dirime discrepancias en la industria, emitió un dictamen donde calificó como "inadecuado" el criterio de la CNE de traspasar el costo de las compensaciones por calidad de servicio a los usuarios a través de las tarifas. A pesar de esta advertencia técnica y legal, la CNE avanzó con la implementación del mecanismo este año.
Paralelamente a la creación de este cargo, CIPER indica que la CNE introdujo en 2024 una modificación a la norma de calidad de servicio. Si bien la nueva regulación reduce el máximo de horas de interrupción que un cliente puede sufrir al año, bajando de 12 a 9 horas, también aumenta el tiempo de respuesta permitido para las empresas en zonas rurales. El plazo para reponer el servicio en estas áreas se extendió a 6 horas, superando las 4 horas que estipulaba el reglamento anterior, lo que podría perjudicar a miles de familias en sectores apartados.
El impacto práctico de las deficiencias en el servicio y las dificultades en la aplicación de las compensaciones se hizo evidente tras los masivos cortes de suministro ocurridos en agosto de 2024, que afectaron a 2,4 millones de clientes. Según confirmó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el organismo fiscalizador del sector, Enel sería la única de las grandes compañías que, hasta la fecha, se habría resistido a pagar las compensaciones correspondientes a los usuarios afectados por dichos eventos, agudizando la problemática que el nuevo cargo en las boletas pretendía, en teoría, solucionar.
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