Concejal de Río Bueno se defiende ante investigación de Contraloría y Fiscalía
El concejal de Río Bueno, Daniel Quezada, respondió este lunes a las acusaciones surgidas de una publicación periodística que revelan una investigación en curso por parte de la Contraloría Regional de los Ríos y la Fiscalía. Los hechos se relacionan con una prestación de servicios que realizó para el municipio local antes de asumir su cargo, la cual es cuestionada por falta de respaldo documental. Quezada aseguró que el trabajo fue realizado, deslindando responsabilidades en los procesos administrativos internos del municipio de la época y afirmando que se trata de un intento por "empañar" su imagen.
En una declaración exclusiva, el concejal de la comuna de Río Bueno, Daniel Quezada, abordó en detalle los señalamientos sobre presuntas irregularidades en un contrato de prestación de servicios que mantuvo con la Municipalidad de Río Bueno, en un período anterior a ser electo para su actual cargo. Las acusaciones, difundidas por un medio local, indican que tanto la Contraloría General de la República como el Ministerio Público tienen la lupa puesta sobre dicho contrato.
Según se le consultó al edil durante una entrevista radial, la Contraloría Regional de los Ríos habría objetado la contratación por una supuesta "falta de respaldo documental" y por "no cumplir la normativa en materia de gestión municipal". Más grave aún, se le informó que la Fiscalía estaría investigando un posible delito de fraude al Fisco, basado en un informe oficial del órgano contralor.
Frente a estas imputaciones, el concejal Quezada fue enfático en su defensa. “Puedo decir libremente que estoy con las manos limpias”, declaró, mostrándose tranquilo y atribuyendo la controversia a un intento de desprestigio político. “Insisto que eso es un tema de carácter administrativo. El trabajo está realizado”, afirmó.
Quezada explicó que, antes de ser una autoridad comunal, realizó servicios de locución para un programa radial del municipio, cuyo objetivo era difundir el quehacer de los distintos departamentos a la comunidad. “Mucha gente escuchaba estos programas porque entregaban toda la información”, recordó. Por esta labor, emitió la correspondiente boleta de honorarios, un documento tributario utilizado en Chile por trabajadores independientes para certificar sus servicios.
El punto central de su defensa radica en la separación de roles entre el prestador del servicio y la entidad contratante. “Cuando una persona realiza un trabajo y entrega su boleta de honorario, uno no pregunta, y yo creo que nadie lo hace, de dónde vienen los recursos o cómo se hizo el proceso para poder pagarme. Es tan simple como eso”, argumentó Quezada.
Sobre la específica acusación de que no existen respaldos físicos que acrediten la ejecución de su trabajo, el concejal señaló que la responsabilidad de solicitar, archivar y gestionar dicha documentación recae exclusivamente en la administración municipal que lo contrató. “No me corresponde en el proceso dar a conocer de alguna forma el respaldo o no, eso es parte de quien obviamente me contrata. Si no me lo pidieron, no es parte de mis responsabilidades. La pregunta tiene que hacerse en la definición del proceso administrativo”, sostuvo.
El edil insistió en que su labor fue cumplida a cabalidad y que los procedimientos internos del municipio escapan a su competencia. “Cuando uno hace un servicio, uno hace el servicio, pero los procesos en sí, la documentación y la parte administrativa no pasan por quien hace el servicio”, reiteró, distanciándose de cualquier posible falla en la gestión municipal de aquel entonces.
Asimismo, el concejal Daniel Quezada enmarcó la publicación de esta información como una maniobra política. “Que alguien se me coloque a empañar mi imagen, bueno, es parte también de lo que es el trabajo político, pero estoy súper tranquilo”, manifestó, asegurando que seguirá enfocado en las prioridades y necesidades de la comuna de Río Bueno.
Para reforzar su compromiso con la probidad, Quezada reveló un antecedente relevante: “Cuando fui elegido concejal, incluso tuve que pagar unas diferencias porque no me correspondía, obviamente, recibir recursos públicos teniendo un cargo como era el de concejal. Hice todo acorde a lo que es la transparencia y a lo que correspondía”.
De esta manera, la autoridad comunal deslinda cualquier responsabilidad en las presuntas irregularidades, apuntando a que las indagatorias de Contraloría y Fiscalía deberían centrarse en los procedimientos administrativos de la municipalidad y no en su labor como prestador de servicios. Mientras tanto, el caso sigue su curso en las instancias correspondientes para determinar si existió o no una gestión deficiente de los recursos públicos.
Fuente información: Christian Peschke
En una declaración exclusiva, el concejal de la comuna de Río Bueno, Daniel Quezada, abordó en detalle los señalamientos sobre presuntas irregularidades en un contrato de prestación de servicios que mantuvo con la Municipalidad de Río Bueno, en un período anterior a ser electo para su actual cargo. Las acusaciones, difundidas por un medio local, indican que tanto la Contraloría General de la República como el Ministerio Público tienen la lupa puesta sobre dicho contrato.
Según se le consultó al edil durante una entrevista radial, la Contraloría Regional de los Ríos habría objetado la contratación por una supuesta "falta de respaldo documental" y por "no cumplir la normativa en materia de gestión municipal". Más grave aún, se le informó que la Fiscalía estaría investigando un posible delito de fraude al Fisco, basado en un informe oficial del órgano contralor.
Frente a estas imputaciones, el concejal Quezada fue enfático en su defensa. “Puedo decir libremente que estoy con las manos limpias”, declaró, mostrándose tranquilo y atribuyendo la controversia a un intento de desprestigio político. “Insisto que eso es un tema de carácter administrativo. El trabajo está realizado”, afirmó.
Quezada explicó que, antes de ser una autoridad comunal, realizó servicios de locución para un programa radial del municipio, cuyo objetivo era difundir el quehacer de los distintos departamentos a la comunidad. “Mucha gente escuchaba estos programas porque entregaban toda la información”, recordó. Por esta labor, emitió la correspondiente boleta de honorarios, un documento tributario utilizado en Chile por trabajadores independientes para certificar sus servicios.
El punto central de su defensa radica en la separación de roles entre el prestador del servicio y la entidad contratante. “Cuando una persona realiza un trabajo y entrega su boleta de honorario, uno no pregunta, y yo creo que nadie lo hace, de dónde vienen los recursos o cómo se hizo el proceso para poder pagarme. Es tan simple como eso”, argumentó Quezada.
Sobre la específica acusación de que no existen respaldos físicos que acrediten la ejecución de su trabajo, el concejal señaló que la responsabilidad de solicitar, archivar y gestionar dicha documentación recae exclusivamente en la administración municipal que lo contrató. “No me corresponde en el proceso dar a conocer de alguna forma el respaldo o no, eso es parte de quien obviamente me contrata. Si no me lo pidieron, no es parte de mis responsabilidades. La pregunta tiene que hacerse en la definición del proceso administrativo”, sostuvo.
El edil insistió en que su labor fue cumplida a cabalidad y que los procedimientos internos del municipio escapan a su competencia. “Cuando uno hace un servicio, uno hace el servicio, pero los procesos en sí, la documentación y la parte administrativa no pasan por quien hace el servicio”, reiteró, distanciándose de cualquier posible falla en la gestión municipal de aquel entonces.
Asimismo, el concejal Daniel Quezada enmarcó la publicación de esta información como una maniobra política. “Que alguien se me coloque a empañar mi imagen, bueno, es parte también de lo que es el trabajo político, pero estoy súper tranquilo”, manifestó, asegurando que seguirá enfocado en las prioridades y necesidades de la comuna de Río Bueno.
Para reforzar su compromiso con la probidad, Quezada reveló un antecedente relevante: “Cuando fui elegido concejal, incluso tuve que pagar unas diferencias porque no me correspondía, obviamente, recibir recursos públicos teniendo un cargo como era el de concejal. Hice todo acorde a lo que es la transparencia y a lo que correspondía”.
De esta manera, la autoridad comunal deslinda cualquier responsabilidad en las presuntas irregularidades, apuntando a que las indagatorias de Contraloría y Fiscalía deberían centrarse en los procedimientos administrativos de la municipalidad y no en su labor como prestador de servicios. Mientras tanto, el caso sigue su curso en las instancias correspondientes para determinar si existió o no una gestión deficiente de los recursos públicos.
Fuente información: Christian Peschke
