Contraloría detecta que Carabineros fiscalizaron pero no incautaron 626 autos robados ni detuvieron a 144 prófugos
Un lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que, entre enero de 2023 y junio de 2024, personal de Carabineros de Chile realizó controles policiales a 626 vehículos con encargo por robo y a 144 personas con órdenes de detención vigentes en la Región Metropolitana, sin proceder a su incautación o detención. Dada la gravedad de los hechos, que involucran a prófugos por delitos como abuso sexual y narcotráfico, el organismo fiscalizador instruyó un sumario administrativo en la institución policial y remitió los antecedentes al Ministerio Público para que se investiguen las eventuales responsabilidades penales.
Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) a los procedimientos de fiscalización de Carabineros en la Región Metropolitana ha sacado a la luz una serie de irregularidades críticas que comprometen directamente la seguridad ciudadana y la efectividad de la labor policial. El informe, que abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2024, concluyó que la institución uniformada no adoptó los procedimientos correspondientes tras fiscalizar a cientos de vehículos robados y personas requeridas por la justicia.
El hallazgo más alarmante de la investigación es la omisión en la recuperación de 626 automóviles que, al momento de ser controlados por el personal policial, figuraban con encargo vigente por el delito de robo. La situación es aún más crítica al constatar que, según verificó la Contraloría al 13 de noviembre de 2024, de ese total, 358 vehículos aún permanecían en manos de terceros y mantenían activo su encargo judicial, evidenciando una falla persistente en la cadena de persecución del delito.
En paralelo, la auditoría destapó una situación igualmente grave en el control de identidad. Se detectó que Carabineros fiscalizó a 144 individuos que mantenían órdenes de detención pendientes emitidas por tribunales, sin embargo, no se procedió con su arresto. El informe detalla que estas personas eran requeridas por la justicia para enfrentar cargos por delitos de alta connotación social, entre los que se cuentan abuso sexual, tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego, lo que implica que delincuentes peligrosos continuaron en libertad pese a haber estado en contacto directo con la autoridad policial.
Debido a la magnitud y seriedad de estas omisiones, la CGR ha tomado dos acciones inmediatas y contundentes. En primer lugar, ordenó la instrucción de un sumario administrativo al interior de Carabineros de Chile para determinar las responsabilidades de mando y de los funcionarios involucrados en estos procedimientos fallidos. En segundo lugar, y considerando que los hechos podrían constituir delitos, el organismo derivó la totalidad de los antecedentes al Ministerio Público, entidad que deberá iniciar una investigación penal para esclarecer por qué no se ejecutaron las detenciones ni las incautaciones.
El informe de Contraloría también identificó fallas sistémicas que habrían contribuido a este escenario. Se constató que en un total de 145.715 procedimientos de fiscalización vehicular, el personal policial no realizó la consulta de las placas patentes en el Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SUEV). Este sistema, administrado por Carabineros, es la herramienta fundamental para verificar en tiempo real si un vehículo tiene encargo por robo. La masiva omisión de este paso protocolar básico es una de las causas directas de las irregularidades detectadas.
Adicionalmente, la investigación arrojó luz sobre otras deficiencias operativas. Se verificó que los funcionarios policiales no retiraron de circulación un total de 869 vehículos que, por ley, debían ser incautados debido a infracciones graves a la Ley de Tránsito, como circular sin placa patente o mantener documentación irregular. A esto se suma la falta de equipamiento técnico, ya que la auditoría confirmó que Carabineros no cuenta con dispositivos para controlar el nivel de transmisión luminosa de los vidrios polarizados, una exigencia legal vigente.
El problema, no obstante, también expone falencias en la coordinación con otras instituciones. El informe menciona el caso específico de la Municipalidad de Melipilla, la cual informó a Carabineros que no podía recibir más vehículos infractores en su aparcadero municipal por haber alcanzado su capacidad máxima. Esta situación evidencia una brecha en la capacidad logística de los municipios para colaborar con la labor fiscalizadora.
Frente a este cúmulo de deficiencias, la Contraloría ha emitido una serie de órdenes para corregir la situación. Exigió a Carabineros la creación de un protocolo formal que regule y haga obligatorio el uso del sistema SUEV en todos los controles vehiculares. Asimismo, solicitó a la institución acreditar, en un plazo definido, el estado de avance en el proceso de adquisición de los dispositivos para medir la opacidad de los vidrios polarizados. Por su parte, se instruyó a la Municipalidad de Melipilla a adoptar las medidas necesarias para solucionar el colapso de sus aparcaderos y se remitió un informe a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para que se realice una auditoría a la gestión de este y otros municipios en esta materia.
Fuente información: https://www.contraloria.cl/portalweb/web/cgr/-/cgr-detecta-que-carabineros
Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) a los procedimientos de fiscalización de Carabineros en la Región Metropolitana ha sacado a la luz una serie de irregularidades críticas que comprometen directamente la seguridad ciudadana y la efectividad de la labor policial. El informe, que abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2024, concluyó que la institución uniformada no adoptó los procedimientos correspondientes tras fiscalizar a cientos de vehículos robados y personas requeridas por la justicia.
El hallazgo más alarmante de la investigación es la omisión en la recuperación de 626 automóviles que, al momento de ser controlados por el personal policial, figuraban con encargo vigente por el delito de robo. La situación es aún más crítica al constatar que, según verificó la Contraloría al 13 de noviembre de 2024, de ese total, 358 vehículos aún permanecían en manos de terceros y mantenían activo su encargo judicial, evidenciando una falla persistente en la cadena de persecución del delito.
En paralelo, la auditoría destapó una situación igualmente grave en el control de identidad. Se detectó que Carabineros fiscalizó a 144 individuos que mantenían órdenes de detención pendientes emitidas por tribunales, sin embargo, no se procedió con su arresto. El informe detalla que estas personas eran requeridas por la justicia para enfrentar cargos por delitos de alta connotación social, entre los que se cuentan abuso sexual, tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego, lo que implica que delincuentes peligrosos continuaron en libertad pese a haber estado en contacto directo con la autoridad policial.
Debido a la magnitud y seriedad de estas omisiones, la CGR ha tomado dos acciones inmediatas y contundentes. En primer lugar, ordenó la instrucción de un sumario administrativo al interior de Carabineros de Chile para determinar las responsabilidades de mando y de los funcionarios involucrados en estos procedimientos fallidos. En segundo lugar, y considerando que los hechos podrían constituir delitos, el organismo derivó la totalidad de los antecedentes al Ministerio Público, entidad que deberá iniciar una investigación penal para esclarecer por qué no se ejecutaron las detenciones ni las incautaciones.
El informe de Contraloría también identificó fallas sistémicas que habrían contribuido a este escenario. Se constató que en un total de 145.715 procedimientos de fiscalización vehicular, el personal policial no realizó la consulta de las placas patentes en el Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SUEV). Este sistema, administrado por Carabineros, es la herramienta fundamental para verificar en tiempo real si un vehículo tiene encargo por robo. La masiva omisión de este paso protocolar básico es una de las causas directas de las irregularidades detectadas.
Adicionalmente, la investigación arrojó luz sobre otras deficiencias operativas. Se verificó que los funcionarios policiales no retiraron de circulación un total de 869 vehículos que, por ley, debían ser incautados debido a infracciones graves a la Ley de Tránsito, como circular sin placa patente o mantener documentación irregular. A esto se suma la falta de equipamiento técnico, ya que la auditoría confirmó que Carabineros no cuenta con dispositivos para controlar el nivel de transmisión luminosa de los vidrios polarizados, una exigencia legal vigente.
El problema, no obstante, también expone falencias en la coordinación con otras instituciones. El informe menciona el caso específico de la Municipalidad de Melipilla, la cual informó a Carabineros que no podía recibir más vehículos infractores en su aparcadero municipal por haber alcanzado su capacidad máxima. Esta situación evidencia una brecha en la capacidad logística de los municipios para colaborar con la labor fiscalizadora.
Frente a este cúmulo de deficiencias, la Contraloría ha emitido una serie de órdenes para corregir la situación. Exigió a Carabineros la creación de un protocolo formal que regule y haga obligatorio el uso del sistema SUEV en todos los controles vehiculares. Asimismo, solicitó a la institución acreditar, en un plazo definido, el estado de avance en el proceso de adquisición de los dispositivos para medir la opacidad de los vidrios polarizados. Por su parte, se instruyó a la Municipalidad de Melipilla a adoptar las medidas necesarias para solucionar el colapso de sus aparcaderos y se remitió un informe a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para que se realice una auditoría a la gestión de este y otros municipios en esta materia.
Fuente información: https://www.contraloria.cl/portalweb/web/cgr/-/cgr-detecta-que-carabineros
