Ex tesorero del GORE condenado a 8 años de cárcel por malversación de caudales públicos y lavado de activos
A una pena de 8 años y 2 días de cárcel efectiva fue condenado el ex tesorero del Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos, tras ser declarado culpable de los delitos reiterados de malversación de caudales públicos y lavado de activos. La sentencia, dictada este viernes 11 de julio por el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, también impuso penas de presidio efectivo para otros tres implicados en la red de corrupción, quienes en conjunto suman más de 9 años de privación de libertad. El caso, investigado por la Fiscalía Regional de Los Lagos, desbarató un esquema defraudatorio que operó entre 2019 y 2023, resultando en un perjuicio fiscal millonario y la imposición de multas que, solo para el principal imputado, superan los 600 millones de pesos.
Un duro revés judicial sufrió la red de corrupción que operaba al interior del Gobierno Regional de Los Lagos, luego de que la justicia dictaminara severas penas de presidio efectivo para sus cuatro integrantes. La investigación, liderada por la Fiscalía Regional, culminó con la condena del principal artífice del fraude, un ex funcionario que se desempeñaba como tesorero de la institución, quien deberá cumplir 8 años y 2 días de presidio mayor en su grado mínimo, sin posibilidad de optar a penas sustitutivas.
Adicionalmente, el tribunal le impuso el pago de dos multas millonarias: una correspondiente al total de lo malversado, que asciende a cerca de 600 millones de pesos, y otra de 300 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a aproximadamente 20 millones de pesos, por el delito de lavado de activos.
La sentencia también alcanzó a los otros tres miembros del grupo delictual, quienes resultaron ser familiares y un amigo del ex tesorero. Uno de los coautores fue condenado a una pena de 3 años y un día de presidio efectivo. En tanto, las otras dos imputadas, ambas mujeres, recibieron una sentencia de 3 años de presidio efectivo cada una. A ellos también se les aplicaron multas de 300 y 200 UTM, respectivamente.
El Fiscal a cargo del caso, Patricio Poblete, de la Fiscalía Regional de Los Lagos, detalló el resultado del proceso judicial. "En el día de hoy (ayer viernes 11 de julio), la Fiscalía Regional de los Lagos obtuvo cuatro condenas por delitos asociados a malversación de caudales públicos y lavado de activos. Estas cuatro personas habían sido acusadas por aquellos delitos y el Tribunal de Garantía de Puerto Montt acogió las peticiones de esta Fiscalía y además también del Consejo de Defensa del Estado en las multas que eran propuestas por parte de la Fiscalía", señaló el persecutor.
El mecanismo delictual, que se extendió por un período de cuatro años, entre 2019 y 2023, consistía en que el entonces funcionario, abusando de su cargo y acceso privilegiado a las arcas fiscales, realizaba transferencias electrónicas no autorizadas desde las cuentas del Gobierno Regional a las cuentas bancarias de sus cómplices.
"Un encargado de tesorería, un funcionario público del Gobierno Regional, efectuó transferencias no autorizadas a terceras personas, que en este caso eran familiares de él y un amigo de él también, y posteriormente procedían a efectuarse, a repartirse el dinero y además también a efectuar maniobras de ocultamiento de los dineros mal habidos", explicó el fiscal Poblete.
Estas "maniobras de ocultamiento" constituyen el delito de lavado de activos, donde los implicados intentaban dar una apariencia de legalidad a los fondos obtenidos ilícitamente. La investigación para acreditar estos complejos movimientos financieros fue desarrollada en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), específicamente por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC). "Este trabajo fue realizado con el trabajo de la Policía de Investigaciones, la BRIDEC, que nos permitió establecer estas maniobras también de lavado de activos", valoró el fiscal.
El fallo del Tribunal de Garantía de Puerto Montt no solo acogió las solicitudes de pena de la Fiscalía, sino también los argumentos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que actúa como querellante en causas que involucran un perjuicio al Fisco, especialmente en lo relativo a las multas reparatorias.
Fuente información: Comunicaciones Fiscalía
Un duro revés judicial sufrió la red de corrupción que operaba al interior del Gobierno Regional de Los Lagos, luego de que la justicia dictaminara severas penas de presidio efectivo para sus cuatro integrantes. La investigación, liderada por la Fiscalía Regional, culminó con la condena del principal artífice del fraude, un ex funcionario que se desempeñaba como tesorero de la institución, quien deberá cumplir 8 años y 2 días de presidio mayor en su grado mínimo, sin posibilidad de optar a penas sustitutivas.
Adicionalmente, el tribunal le impuso el pago de dos multas millonarias: una correspondiente al total de lo malversado, que asciende a cerca de 600 millones de pesos, y otra de 300 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a aproximadamente 20 millones de pesos, por el delito de lavado de activos.
La sentencia también alcanzó a los otros tres miembros del grupo delictual, quienes resultaron ser familiares y un amigo del ex tesorero. Uno de los coautores fue condenado a una pena de 3 años y un día de presidio efectivo. En tanto, las otras dos imputadas, ambas mujeres, recibieron una sentencia de 3 años de presidio efectivo cada una. A ellos también se les aplicaron multas de 300 y 200 UTM, respectivamente.
El Fiscal a cargo del caso, Patricio Poblete, de la Fiscalía Regional de Los Lagos, detalló el resultado del proceso judicial. "En el día de hoy (ayer viernes 11 de julio), la Fiscalía Regional de los Lagos obtuvo cuatro condenas por delitos asociados a malversación de caudales públicos y lavado de activos. Estas cuatro personas habían sido acusadas por aquellos delitos y el Tribunal de Garantía de Puerto Montt acogió las peticiones de esta Fiscalía y además también del Consejo de Defensa del Estado en las multas que eran propuestas por parte de la Fiscalía", señaló el persecutor.
El mecanismo delictual, que se extendió por un período de cuatro años, entre 2019 y 2023, consistía en que el entonces funcionario, abusando de su cargo y acceso privilegiado a las arcas fiscales, realizaba transferencias electrónicas no autorizadas desde las cuentas del Gobierno Regional a las cuentas bancarias de sus cómplices.
"Un encargado de tesorería, un funcionario público del Gobierno Regional, efectuó transferencias no autorizadas a terceras personas, que en este caso eran familiares de él y un amigo de él también, y posteriormente procedían a efectuarse, a repartirse el dinero y además también a efectuar maniobras de ocultamiento de los dineros mal habidos", explicó el fiscal Poblete.
Estas "maniobras de ocultamiento" constituyen el delito de lavado de activos, donde los implicados intentaban dar una apariencia de legalidad a los fondos obtenidos ilícitamente. La investigación para acreditar estos complejos movimientos financieros fue desarrollada en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), específicamente por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC). "Este trabajo fue realizado con el trabajo de la Policía de Investigaciones, la BRIDEC, que nos permitió establecer estas maniobras también de lavado de activos", valoró el fiscal.
El fallo del Tribunal de Garantía de Puerto Montt no solo acogió las solicitudes de pena de la Fiscalía, sino también los argumentos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que actúa como querellante en causas que involucran un perjuicio al Fisco, especialmente en lo relativo a las multas reparatorias.
Fuente información: Comunicaciones Fiscalía
