Liberación de sicario por error judicial desata crisis y activa sumario
Una grave falla en la cadena de comunicación del sistema judicial chileno permitió que Osmar Ferrer Ramírez, imputado como figura clave en un asesinato por encargo en Ñuñoa y vinculado a la organización criminal "Tren de Aragua", fuera puesto en libertad el pasado jueves 10 de julio desde un recinto penitenciario. El hecho, calificado como "muy grave" por las máximas autoridades, desató una crisis institucional, la apertura de un sumario administrativo en la Corte de Apelaciones de Santiago, una investigación penal a cargo de la Fiscalía y la creación de una mesa técnica de urgencia para rediseñar los protocolos de comunicación entre los tribunales, Gendarmería y el Ministerio Público, mientras un intenso operativo policial busca la recaptura del peligroso sospechoso.
Una crisis de proporciones se ha instalado en el corazón del sistema de justicia y seguridad del país tras la inexplicable liberación de Osmar Ferrer Ramírez, un ciudadano venezolano imputado como partícipe clave en el asesinato por encargo del comerciante José Felipe Reyes Ossa, crimen ocurrido en la comuna de Ñuñoa. La liberación del sujeto, quien según las investigaciones policiales tendría vínculos con la peligrosa organización criminal transnacional "Tren de Aragua", se materializó el pasado jueves 10 de julio, luego de que Gendarmería de Chile diera cumplimiento a una orden judicial que, según ha quedado en evidencia, no correspondía a la resolución final del tribunal.
El hecho activó de inmediato las alarmas en el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Gobierno, gatillando una serie de reuniones de emergencia y acciones destinadas a esclarecer las responsabilidades y, de forma paralela, coordinar un masivo operativo policial para dar con el paradero y lograr la recaptura de Ferrer Ramírez.
La primera reacción oficial provino de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, que a través de un comunicado intentó trazar el origen del error. Según el informe preliminar solicitado por la Presidenta (S) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), se estableció una secuencia de eventos clave en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
El día 9 de julio, a las 20:17 horas, el tribunal emitió una orden de ingreso a prisión preventiva para el imputado. Sin embargo, solo ocho minutos después, a las 20:25 horas, se dejó sin efecto esa primera instrucción para corregir problemas en la identificación del acusado. Finalmente, a las 20:28 horas, el mismo juzgado emitió una nueva y definitiva orden de ingreso a prisión preventiva, esta vez con todos los antecedentes corregidos.
El Poder Judicial asegura tener registro de que el tribunal comunicó estas resoluciones a Gendarmería. Específicamente, se enviaron dos correos electrónicos el jueves 10 de julio, a las 12:11 y a las 14:13 horas, informando sobre las últimas dos resoluciones. Pese a ello, la liberación se concretó, lo que sugiere que la institución penitenciaria actuó en base a la resolución que fue dejada sin efecto y no a la orden final que decretaba la cautelar de máxima intensidad. De momento, la CAPJ ha descartado preliminarmente una vulneración o hackeo de sus sistemas informáticos.
Para abordar la falla a nivel interno, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, convocó a un pleno extraordinario que culminó con dos decisiones drásticas: la instrucción de un sumario administrativo, que estará a cargo de un fiscal judicial para determinar las responsabilidades funcionarias, y la orden de derivar todos los antecedentes al Ministerio Público para que inicie una investigación penal sobre los hechos.
La gravedad de la situación motivó una reunión de alto nivel durante la jornada de este martes 15 de julio en el Palacio de Tribunales. La cita fue encabezada por la Presidenta (S) del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, y contó con la participación del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y el Ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
Al término del encuentro, las autoridades anunciaron la conformación de una mesa de trabajo técnica para revisar y fortalecer los protocolos de comunicación entre las distintas instituciones del sistema penal. “Realmente es una situación muy grave", sentenció la magistrada Chevesich. "Para abordar la situación concreta que ocurrió en este caso y también para evitar futuros hechos similares, se dispuso conformar una instancia técnica. En ese momento se van a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que ocurran estos hechos: tal vez un doble control, marcar las causas que dicen relación con el crimen organizado”, detalló.
Por su parte, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se comprometió a una revisión exhaustiva de los procedimientos. “Se van a revisar todos los protocolos y todos los procesos de trabajo respecto al chequeo, contrachequeo, revisión de las órdenes que disponen la prisión preventiva y las libertades de imputados que están en situación de especial peligrosidad", afirmó.
El Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, complementó que el objetivo es "enfrentar el desafío que es de comunicación entre los distintos órganos, para que se tomen todas las medidas en los casos de crimen organizado y podamos tener mejores medidas de control".
Las tres autoridades coincidieron en calificar los hechos como "preocupantes" y se comprometieron a actuar con la máxima diligencia para perfeccionar los sistemas de tramitación y comunicación, buscando evitar que un episodio de esta magnitud, que pone en jaque la seguridad pública y la confianza en las instituciones, vuelva a repetirse.
Fuente información: https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/128655
Una crisis de proporciones se ha instalado en el corazón del sistema de justicia y seguridad del país tras la inexplicable liberación de Osmar Ferrer Ramírez, un ciudadano venezolano imputado como partícipe clave en el asesinato por encargo del comerciante José Felipe Reyes Ossa, crimen ocurrido en la comuna de Ñuñoa. La liberación del sujeto, quien según las investigaciones policiales tendría vínculos con la peligrosa organización criminal transnacional "Tren de Aragua", se materializó el pasado jueves 10 de julio, luego de que Gendarmería de Chile diera cumplimiento a una orden judicial que, según ha quedado en evidencia, no correspondía a la resolución final del tribunal.
El hecho activó de inmediato las alarmas en el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Gobierno, gatillando una serie de reuniones de emergencia y acciones destinadas a esclarecer las responsabilidades y, de forma paralela, coordinar un masivo operativo policial para dar con el paradero y lograr la recaptura de Ferrer Ramírez.
La cronología de un error grave
La primera reacción oficial provino de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, que a través de un comunicado intentó trazar el origen del error. Según el informe preliminar solicitado por la Presidenta (S) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), se estableció una secuencia de eventos clave en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
El día 9 de julio, a las 20:17 horas, el tribunal emitió una orden de ingreso a prisión preventiva para el imputado. Sin embargo, solo ocho minutos después, a las 20:25 horas, se dejó sin efecto esa primera instrucción para corregir problemas en la identificación del acusado. Finalmente, a las 20:28 horas, el mismo juzgado emitió una nueva y definitiva orden de ingreso a prisión preventiva, esta vez con todos los antecedentes corregidos.
El Poder Judicial asegura tener registro de que el tribunal comunicó estas resoluciones a Gendarmería. Específicamente, se enviaron dos correos electrónicos el jueves 10 de julio, a las 12:11 y a las 14:13 horas, informando sobre las últimas dos resoluciones. Pese a ello, la liberación se concretó, lo que sugiere que la institución penitenciaria actuó en base a la resolución que fue dejada sin efecto y no a la orden final que decretaba la cautelar de máxima intensidad. De momento, la CAPJ ha descartado preliminarmente una vulneración o hackeo de sus sistemas informáticos.
Para abordar la falla a nivel interno, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, convocó a un pleno extraordinario que culminó con dos decisiones drásticas: la instrucción de un sumario administrativo, que estará a cargo de un fiscal judicial para determinar las responsabilidades funcionarias, y la orden de derivar todos los antecedentes al Ministerio Público para que inicie una investigación penal sobre los hechos.
Cumbre de emergencia y mesa de trabajo
La gravedad de la situación motivó una reunión de alto nivel durante la jornada de este martes 15 de julio en el Palacio de Tribunales. La cita fue encabezada por la Presidenta (S) del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, y contó con la participación del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y el Ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
Al término del encuentro, las autoridades anunciaron la conformación de una mesa de trabajo técnica para revisar y fortalecer los protocolos de comunicación entre las distintas instituciones del sistema penal. “Realmente es una situación muy grave", sentenció la magistrada Chevesich. "Para abordar la situación concreta que ocurrió en este caso y también para evitar futuros hechos similares, se dispuso conformar una instancia técnica. En ese momento se van a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que ocurran estos hechos: tal vez un doble control, marcar las causas que dicen relación con el crimen organizado”, detalló.
Por su parte, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se comprometió a una revisión exhaustiva de los procedimientos. “Se van a revisar todos los protocolos y todos los procesos de trabajo respecto al chequeo, contrachequeo, revisión de las órdenes que disponen la prisión preventiva y las libertades de imputados que están en situación de especial peligrosidad", afirmó.
El Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, complementó que el objetivo es "enfrentar el desafío que es de comunicación entre los distintos órganos, para que se tomen todas las medidas en los casos de crimen organizado y podamos tener mejores medidas de control".
Las tres autoridades coincidieron en calificar los hechos como "preocupantes" y se comprometieron a actuar con la máxima diligencia para perfeccionar los sistemas de tramitación y comunicación, buscando evitar que un episodio de esta magnitud, que pone en jaque la seguridad pública y la confianza en las instituciones, vuelva a repetirse.
Fuente información: https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/128655
