Una mirada a la demanda social que tiene a Chile en crisis
Por Fredy Wömpner, Economista y Escritor.
No cabe duda hoy en día, que el modelo de desarrollo chileno, que ha sustentado la generación de las políticas económicas en nuestro país, no ha rendido los frutos que se esperaban, o más bien señalaré que han sido completamente insuficientes frente a los graves problemas económicos y sociales que afectan a la población, de tal forma que se incubo un gran descontento y frustración en la sociedad que actualmente se liberó a través de un gran estallido social.
Algunos de los mensajes que se pueden observar a través de diversas pancartas, letreros, lienzos o publicaciones en redes sociales dicen frases como “No es por 30 pesos, es por 30 años", “Chile despertó”, “No queremos salud o educación, queremos Dignidad”, "Eliminaron el ramo de historia, así que tuvimos que escribir la historia de nuevo", entre otros más.
Las razones que explican todo el descontento son múltiples, pero por mencionar solo algunas podemos citar la fuerte desigualdad en la distribución del ingreso donde "el ingreso per cápita del 1% más rico es 40 veces mayor que el ingreso per cápita del 81% de la población”, la falta de credibilidad del sistema político que durante décadas no han sido capaces de escuchar y atender las demandas ciudadanas, los innumerables casos de corrupción, falta de probidad o ética en instituciones del país, un sistema de AFP que se caracteriza por entregar pensiones muy bajas e indignas para la gran mayoría, un sistema de salud y educación que segrega y solo garantiza calidad para las elites de más altos ingresos, un costo de la vida que se ve reiteradamente afectado por alzas en los servicios básicos, transporte, medicamentos, etcétera y otras tantas más, que sumadas al enriquecimiento de los grandes grupos económicos, que son dueños de las principales empresas del país y de la mayor parte de los yacimientos de recursos naturales o de sus derechos de derechos de explotación, fueron alimentando todo el descontento y la agitación social que hemos observado en los últimos días.
Pero vamos al fondo del asunto, porque no se trata de problemas sociales específicos que necesitan una solución rápida, sino que el problema de fondo es la casi nula política redistributiva de la riqueza en Chile, algo en lo que han fallado gobiernos tanto de izquierda como de derecha, de ahí que los partidos políticos hayan ido perdiendo su credibilidad y representación frente a la actual crisis social y que aun veamos discusiones atrincheradas frente a algunos de los temas mencionados.
Chile ha crecido y los indicadores de crecimiento o desarrollo así lo muestran, de eso no cabe duda, pero este crecimiento no ha sido igual para todos y mucho menos justo o al menos satisfactorio para nuestra población, si consideramos que en nuestro país, el 33% de la riqueza está concentrada en el 1% más rico (en contraste con los países del norte de Europa donde no supera el 10%) y donde además el 50% de los hogares de menores ingresos solo logra participar de un 2,1% de esta riqueza, donde su ingreso promedio no supera los $400.000 mensuales.
Por lo que resulta bastante lógico pensar que las políticas públicas en esta materia en los últimos 30 años han sido ineficientes en lograr mayores grados de distribución de la riqueza y la explicación de esto se debe al carácter simplista y desenfocado de las brechas existentes en la materia. Y no se trata solo de aplicar más impuestos a los sectores de más altos ingresos, sino que también de que estos recursos lleguen efectivamente a los sectores de menos ingresos, y es aquí donde ha faltado una mayor liquidez en la política pública.
Por ejemplo si consideramos la política de vivienda y la entrega de subsidios o viviendas sociales a las personas sin casa propia, una parte de los recursos recaudados se traducen en remuneraciones de personal de Minvu que se desempeña en estas labores y otra parte importante queda en manos de las constructoras que son contratadas por el Minvu para construir dichas casas, que en opinión de muchos rentabilizan sobre lo normal en estos casos, y que además pertenecen a los grupos de más altos ingresos, aumentando su nivel de riqueza, el resultado es que del 100% recaudado a través de un impuesto, mucho menos de la tercera parte llega aquel grupo social que lo espera.
Algo parecido ocurre con las políticas del mercado del trabajo y en especial con la capacitación de los trabajadores, donde participan y compiten en las mismas condiciones las universidades públicas y privadas, los institutos profesionales, los centros de formación técnica y los organismos de capacitación, imaginen quienes controlan y dominan este mercado, las instituciones más grandes por su puesto, quedándose con la mayor participación en la riqueza que se genera y nuevamente limitando la posibilidad de las entidades pequeñas de participar de mejor forma de este mercado, y como último ejemplo, algo que definitivamente no tiene nombre en materia de política redistributiva es el subsidio al combustible para los empresarios del transporte, mientras todo el resto de los conductores deben aun pagar el impuesto al combustible en su totalidad.
Así como se puede observar en los ejemplos anteriores, da la impresión en las últimas décadas el estado chileno pese a su intención de querer favorecer a los sectores de más bajos ingresos, ha terminado favoreciendo mucho más en realidad a los sectores de mayores ingresos, entregándoles el dominio de importantes negocios a través de su participación en el mercado o del control de los factores de producción y principalmente de los recursos naturales, todo en completa complicidad con la elite política que en opinión de quienes hoy se manifiestan en esta demanda social, ha pensado en sus propios intereses económicos y/o políticos, dándole la espalda a quienes confiaron en ellos con su preferencia electoral.
Todo esto ha llevado a un deterioro importante de la moral de una sociedad que se traduce fácilmente en lo que lo que hemos observamos en los últimos años a través de varios casos de malversación de fondos públicos, corrupción o falta de ética en distintas instituciones de nuestro país.
Atendiendo directamente el diagnóstico realizado, la solución a esta crisis es precisamente desarrollar políticas públicas redistributivas que estén bien enfocadas y sean efectivas para mejorar el nivel de desigualdad actualmente existente. Y esto requiere necesariamente de una revisión y rediseño de muchas políticas y áreas sobre las cuales están, actuan.
En los ejemplos dados anteriormente, se puede señalar solo a manera de reflexión, la idea de incorporar a las pymes en mayor medida en los procesos de compras públicas, ya sea facilitando su acceso a estos procesos o simplemente privilegiando o promoviendo los contratos del estado con este importante sector que es motor de la economía. La misma idea se puede aplicar en el mercado del trabajo donde no basta solo con subir el salario mínimo que hará que todos aquellos que ganan el mínimo tendrán un incremento marginal al respecto, pero que en nada corrige la situación de quienes ganan sobre este mínimo pero bajo $500.000 o un poco más.
Si queremos redistribuir efectivamente, debemos pensar también en un salario mínimo para técnicos y profesionales, y porque no decirlo en este momento, además de considerar una participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas que sea más significativa que la actual gratificación legal que se calcula como 25% del sueldo bruto del empleado, se entrega una vez al año y no cumple el objetivo de integrar a los trabajadores en los beneficios de la actividad productiva que realizan.
Bueno el tema es para largo y requiere de un profundo análisis pero lo dejo planteado confiando en que este momento más que nunca es necesario agregar ideas que aporten a la construcción de una solución que nos lleve a la construcción de una sociedad más justa y donde podamos vivir en un clima de unidad nacional.
Fuente de la información: Fredy Wömpner
No cabe duda hoy en día, que el modelo de desarrollo chileno, que ha sustentado la generación de las políticas económicas en nuestro país, no ha rendido los frutos que se esperaban, o más bien señalaré que han sido completamente insuficientes frente a los graves problemas económicos y sociales que afectan a la población, de tal forma que se incubo un gran descontento y frustración en la sociedad que actualmente se liberó a través de un gran estallido social.
Algunos de los mensajes que se pueden observar a través de diversas pancartas, letreros, lienzos o publicaciones en redes sociales dicen frases como “No es por 30 pesos, es por 30 años", “Chile despertó”, “No queremos salud o educación, queremos Dignidad”, "Eliminaron el ramo de historia, así que tuvimos que escribir la historia de nuevo", entre otros más.
Las razones que explican todo el descontento son múltiples, pero por mencionar solo algunas podemos citar la fuerte desigualdad en la distribución del ingreso donde "el ingreso per cápita del 1% más rico es 40 veces mayor que el ingreso per cápita del 81% de la población”, la falta de credibilidad del sistema político que durante décadas no han sido capaces de escuchar y atender las demandas ciudadanas, los innumerables casos de corrupción, falta de probidad o ética en instituciones del país, un sistema de AFP que se caracteriza por entregar pensiones muy bajas e indignas para la gran mayoría, un sistema de salud y educación que segrega y solo garantiza calidad para las elites de más altos ingresos, un costo de la vida que se ve reiteradamente afectado por alzas en los servicios básicos, transporte, medicamentos, etcétera y otras tantas más, que sumadas al enriquecimiento de los grandes grupos económicos, que son dueños de las principales empresas del país y de la mayor parte de los yacimientos de recursos naturales o de sus derechos de derechos de explotación, fueron alimentando todo el descontento y la agitación social que hemos observado en los últimos días.
Pero vamos al fondo del asunto, porque no se trata de problemas sociales específicos que necesitan una solución rápida, sino que el problema de fondo es la casi nula política redistributiva de la riqueza en Chile, algo en lo que han fallado gobiernos tanto de izquierda como de derecha, de ahí que los partidos políticos hayan ido perdiendo su credibilidad y representación frente a la actual crisis social y que aun veamos discusiones atrincheradas frente a algunos de los temas mencionados.
Chile ha crecido y los indicadores de crecimiento o desarrollo así lo muestran, de eso no cabe duda, pero este crecimiento no ha sido igual para todos y mucho menos justo o al menos satisfactorio para nuestra población, si consideramos que en nuestro país, el 33% de la riqueza está concentrada en el 1% más rico (en contraste con los países del norte de Europa donde no supera el 10%) y donde además el 50% de los hogares de menores ingresos solo logra participar de un 2,1% de esta riqueza, donde su ingreso promedio no supera los $400.000 mensuales.
Por lo que resulta bastante lógico pensar que las políticas públicas en esta materia en los últimos 30 años han sido ineficientes en lograr mayores grados de distribución de la riqueza y la explicación de esto se debe al carácter simplista y desenfocado de las brechas existentes en la materia. Y no se trata solo de aplicar más impuestos a los sectores de más altos ingresos, sino que también de que estos recursos lleguen efectivamente a los sectores de menos ingresos, y es aquí donde ha faltado una mayor liquidez en la política pública.
Por ejemplo si consideramos la política de vivienda y la entrega de subsidios o viviendas sociales a las personas sin casa propia, una parte de los recursos recaudados se traducen en remuneraciones de personal de Minvu que se desempeña en estas labores y otra parte importante queda en manos de las constructoras que son contratadas por el Minvu para construir dichas casas, que en opinión de muchos rentabilizan sobre lo normal en estos casos, y que además pertenecen a los grupos de más altos ingresos, aumentando su nivel de riqueza, el resultado es que del 100% recaudado a través de un impuesto, mucho menos de la tercera parte llega aquel grupo social que lo espera.
Algo parecido ocurre con las políticas del mercado del trabajo y en especial con la capacitación de los trabajadores, donde participan y compiten en las mismas condiciones las universidades públicas y privadas, los institutos profesionales, los centros de formación técnica y los organismos de capacitación, imaginen quienes controlan y dominan este mercado, las instituciones más grandes por su puesto, quedándose con la mayor participación en la riqueza que se genera y nuevamente limitando la posibilidad de las entidades pequeñas de participar de mejor forma de este mercado, y como último ejemplo, algo que definitivamente no tiene nombre en materia de política redistributiva es el subsidio al combustible para los empresarios del transporte, mientras todo el resto de los conductores deben aun pagar el impuesto al combustible en su totalidad.
Así como se puede observar en los ejemplos anteriores, da la impresión en las últimas décadas el estado chileno pese a su intención de querer favorecer a los sectores de más bajos ingresos, ha terminado favoreciendo mucho más en realidad a los sectores de mayores ingresos, entregándoles el dominio de importantes negocios a través de su participación en el mercado o del control de los factores de producción y principalmente de los recursos naturales, todo en completa complicidad con la elite política que en opinión de quienes hoy se manifiestan en esta demanda social, ha pensado en sus propios intereses económicos y/o políticos, dándole la espalda a quienes confiaron en ellos con su preferencia electoral.
Todo esto ha llevado a un deterioro importante de la moral de una sociedad que se traduce fácilmente en lo que lo que hemos observamos en los últimos años a través de varios casos de malversación de fondos públicos, corrupción o falta de ética en distintas instituciones de nuestro país.
Atendiendo directamente el diagnóstico realizado, la solución a esta crisis es precisamente desarrollar políticas públicas redistributivas que estén bien enfocadas y sean efectivas para mejorar el nivel de desigualdad actualmente existente. Y esto requiere necesariamente de una revisión y rediseño de muchas políticas y áreas sobre las cuales están, actuan.
En los ejemplos dados anteriormente, se puede señalar solo a manera de reflexión, la idea de incorporar a las pymes en mayor medida en los procesos de compras públicas, ya sea facilitando su acceso a estos procesos o simplemente privilegiando o promoviendo los contratos del estado con este importante sector que es motor de la economía. La misma idea se puede aplicar en el mercado del trabajo donde no basta solo con subir el salario mínimo que hará que todos aquellos que ganan el mínimo tendrán un incremento marginal al respecto, pero que en nada corrige la situación de quienes ganan sobre este mínimo pero bajo $500.000 o un poco más.
Si queremos redistribuir efectivamente, debemos pensar también en un salario mínimo para técnicos y profesionales, y porque no decirlo en este momento, además de considerar una participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas que sea más significativa que la actual gratificación legal que se calcula como 25% del sueldo bruto del empleado, se entrega una vez al año y no cumple el objetivo de integrar a los trabajadores en los beneficios de la actividad productiva que realizan.
Bueno el tema es para largo y requiere de un profundo análisis pero lo dejo planteado confiando en que este momento más que nunca es necesario agregar ideas que aporten a la construcción de una solución que nos lleve a la construcción de una sociedad más justa y donde podamos vivir en un clima de unidad nacional.
Fuente de la información: Fredy Wömpner
