Una Nueva Constitución para Chile
Por Cozut Vásquez González, Ex presidente regional de la DC
La democracia en nuestro país enfrenta hoy una profunda crisis de legitimidad. Qué duda cabe. En parte, se explica porque las instituciones políticas nacionales no fueron diseñadas para representar, efectivamente, sino para neutralizar; no fueron creadas para permitir la acción política, sino para crear vetos en contra de ella.
Durante los últimos treinta años, hemos administrado un modelo político–constitucional elaborado por juristas afines a la dictadura de Pinochet, que no creían en la Democracia. Su trabajo consistió en asegurar la mantención del proyecto político y económico de la dictadura.
El resultado fue una Constitución que, en su esencia, es profundamente antidemocrática y cuya finalidad fue asegurar el poder total para Pinochet durante los años 80 y la neutralización de la política a partir de 1990 que no es otra cosa que negar al pueblo la potestad para actuar.
Redactaron una constitución que hace imposible que los aspectos esenciales del proyecto político de la dictadura de Pinochet, puedan ser afectados por decisiones políticas-democráticas, salvo que cuenten con los votos de los herederos de la dictadura.
En la Constitución de 1980 encontramos excesivos mecanismos de bloqueo (leyes supra-mayoritarias), los que se ponen a disposición de la minoría política, otorgándole a ésta un gran poder de veto. Particularmente el elevado quorum de reforma constitucional y de las Leyes Orgánicas Constitucionales, lo que en la práctica generan un empate artificial en el Congreso Nacional.
Otro ejemplo de estos mecanismos de bloqueo lo constituye el Sistema Electoral Binominal, vigente hasta el año 2015. El efecto práctico era generar un parlamento empatado.
La Constitución de 1980 también estableció un Tribunal Constitucional, que tiene la facultad de intervenir en el proceso de formación de la ley de manera preventiva, antes de que ésta alcance a ser dictada, transformándolo en una Tercera Cámara, desde que puede involucrarse en definiciones que legítimamente corresponden a los órganos de representación popular.
La Constitución de 1980 expresa un alto grado de desconfianza en el pueblo para decidir sobre su destino. Este constituía un peligro del cual había que protegerse y por lo que había que neutralizarlo.
A pesar de todas las reformas introducidas a la Constitución de 1980, el problema de fondo persiste. La Constitución actual no da cuenta del Chile del presente, lo que de alguna manera explica la crisis de legitimidad por la que atraviesan las instituciones políticas de nuestro país. Lo anterior se expresa en: Una institucionalidad política anémica; Un Congreso Nacional débil; Partidos Políticos con estructuras frágiles; Una participación ciudadana “inexistente”; Débil reconocimiento de los derechos sociales; Inexistencia de los pueblos indígenas; Asfixiante centralismo de las regiones: “no se mueve una hoja sin que Santiago no autorice”; Tanto las mujeres como los trabajadores no ven debidamente reconocidos sus derechos esenciales; No incorpora la dimensión de la equidad de género; Los derechos liberales reciben un tratamiento de privilegio mientras que los derechos sociales fueron redactados de manera general.
Es tiempo de hacer una revisión profunda a las instituciones que regulan la forma en que se desarrolla la política en nuestro país (Momento Constitucional). Necesitamos una nueva Constitución que permita que la voluntad popular pueda manifestarse institucionalmente en función de la dinámica y los requerimientos propios de una sociedad que cambia y progresa.
Comunicado de Prensa / Fuente: cozutvg@gmail.com
La democracia en nuestro país enfrenta hoy una profunda crisis de legitimidad. Qué duda cabe. En parte, se explica porque las instituciones políticas nacionales no fueron diseñadas para representar, efectivamente, sino para neutralizar; no fueron creadas para permitir la acción política, sino para crear vetos en contra de ella.
Durante los últimos treinta años, hemos administrado un modelo político–constitucional elaborado por juristas afines a la dictadura de Pinochet, que no creían en la Democracia. Su trabajo consistió en asegurar la mantención del proyecto político y económico de la dictadura.
El resultado fue una Constitución que, en su esencia, es profundamente antidemocrática y cuya finalidad fue asegurar el poder total para Pinochet durante los años 80 y la neutralización de la política a partir de 1990 que no es otra cosa que negar al pueblo la potestad para actuar.
Redactaron una constitución que hace imposible que los aspectos esenciales del proyecto político de la dictadura de Pinochet, puedan ser afectados por decisiones políticas-democráticas, salvo que cuenten con los votos de los herederos de la dictadura.
En la Constitución de 1980 encontramos excesivos mecanismos de bloqueo (leyes supra-mayoritarias), los que se ponen a disposición de la minoría política, otorgándole a ésta un gran poder de veto. Particularmente el elevado quorum de reforma constitucional y de las Leyes Orgánicas Constitucionales, lo que en la práctica generan un empate artificial en el Congreso Nacional.
Otro ejemplo de estos mecanismos de bloqueo lo constituye el Sistema Electoral Binominal, vigente hasta el año 2015. El efecto práctico era generar un parlamento empatado.
La Constitución de 1980 también estableció un Tribunal Constitucional, que tiene la facultad de intervenir en el proceso de formación de la ley de manera preventiva, antes de que ésta alcance a ser dictada, transformándolo en una Tercera Cámara, desde que puede involucrarse en definiciones que legítimamente corresponden a los órganos de representación popular.
La Constitución de 1980 expresa un alto grado de desconfianza en el pueblo para decidir sobre su destino. Este constituía un peligro del cual había que protegerse y por lo que había que neutralizarlo.
A pesar de todas las reformas introducidas a la Constitución de 1980, el problema de fondo persiste. La Constitución actual no da cuenta del Chile del presente, lo que de alguna manera explica la crisis de legitimidad por la que atraviesan las instituciones políticas de nuestro país. Lo anterior se expresa en: Una institucionalidad política anémica; Un Congreso Nacional débil; Partidos Políticos con estructuras frágiles; Una participación ciudadana “inexistente”; Débil reconocimiento de los derechos sociales; Inexistencia de los pueblos indígenas; Asfixiante centralismo de las regiones: “no se mueve una hoja sin que Santiago no autorice”; Tanto las mujeres como los trabajadores no ven debidamente reconocidos sus derechos esenciales; No incorpora la dimensión de la equidad de género; Los derechos liberales reciben un tratamiento de privilegio mientras que los derechos sociales fueron redactados de manera general.
Es tiempo de hacer una revisión profunda a las instituciones que regulan la forma en que se desarrolla la política en nuestro país (Momento Constitucional). Necesitamos una nueva Constitución que permita que la voluntad popular pueda manifestarse institucionalmente en función de la dinámica y los requerimientos propios de una sociedad que cambia y progresa.
Comunicado de Prensa / Fuente: cozutvg@gmail.com
