Caso Isabel Amor: Enredado conflicto entre derechos humanos y la alta dirección pública
La reciente desvinculación de Isabel Amor, ex funcionaria seleccionada para asumir el cargo de directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en la región de Los Ríos, ha generado una controversia que involucra tanto al gobierno de Gabriel Boric como a organizaciones de derechos humanos. El caso ha escalado a tal nivel que podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según algunas fuentes.
Isabel Amor, quien anteriormente fue directora de la Fundación Iguales, fue designada para asumir el liderazgo del SernamEG en la región de Los Ríos mediante un concurso de alta dirección pública (ADP). Sin embargo, antes de tomar posesión del cargo, sus comentarios en una entrevista con El Mercurio, relacionada con su padre y su participación en violaciones de derechos humanos durante la dictadura, desataron la polémica.
En la entrevista, Amor afirmó que creía en la versión de su padre, quien fue condenado como encubridor, pero no como autor directo de torturas. Estas declaraciones encendieron alarmas entre organizaciones de derechos humanos y en el gobierno, en particular en la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. El revuelo mediático y la presión política culminaron en la destitución de Amor antes de que pudiera asumir su puesto.
Diversas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos apoyaron la decisión del gobierno de desvincular a Isabel Amor, señalando que sus declaraciones generaban un conflicto ético en un cargo relacionado con la defensa de los derechos humanos y la equidad de género. Sin embargo, las críticas no han sido unánimes. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, apuntó que la destitución de Amor era incoherente con el discurso feminista del gobierno, dado que fue seleccionada bajo los estándares de ADP y no por decisiones políticas.
Por su parte, el abogado y analista Juan Carlos Claret destacó que, aunque la destitución podría justificarse bajo la presión de los colectivos de derechos humanos, no hubo un proceso judicial o administrativo que avalara formalmente la decisión. Según Claret, esto podría llevar al Estado a enfrentar una demanda por despido improcedente y el eventual pago de indemnizaciones.
Ante esta situación, Isabel Amor ha señalado que podría llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque primero tendría que agotar las instancias judiciales nacionales. En este sentido, podría presentar un recurso de protección o demandas contra el Estado chileno por vulneración de derechos. Sin embargo, estos procesos suelen tomar años antes de que la Corte Interamericana tome cartas en el asunto.
El caso Amor ha puesto en evidencia las dificultades que enfrenta la alta dirección pública en Chile, donde cargos técnicos, seleccionados a través de procesos meritocráticos, pueden verse comprometidos por presiones políticas. Este conflicto también genera cuestionamientos sobre la separación entre vida personal y función pública, además del papel que juega la opinión pública en decisiones gubernamentales de esta índole.
La controversia sobre Isabel Amor sigue abierta y plantea un dilema en torno a la transparencia y los derechos de los funcionarios públicos en situaciones donde convergen la política, los derechos humanos y la equidad de género.
Fuente información: Rocío Gambra
Isabel Amor, quien anteriormente fue directora de la Fundación Iguales, fue designada para asumir el liderazgo del SernamEG en la región de Los Ríos mediante un concurso de alta dirección pública (ADP). Sin embargo, antes de tomar posesión del cargo, sus comentarios en una entrevista con El Mercurio, relacionada con su padre y su participación en violaciones de derechos humanos durante la dictadura, desataron la polémica.
En la entrevista, Amor afirmó que creía en la versión de su padre, quien fue condenado como encubridor, pero no como autor directo de torturas. Estas declaraciones encendieron alarmas entre organizaciones de derechos humanos y en el gobierno, en particular en la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. El revuelo mediático y la presión política culminaron en la destitución de Amor antes de que pudiera asumir su puesto.
Diversas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos apoyaron la decisión del gobierno de desvincular a Isabel Amor, señalando que sus declaraciones generaban un conflicto ético en un cargo relacionado con la defensa de los derechos humanos y la equidad de género. Sin embargo, las críticas no han sido unánimes. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, apuntó que la destitución de Amor era incoherente con el discurso feminista del gobierno, dado que fue seleccionada bajo los estándares de ADP y no por decisiones políticas.
Por su parte, el abogado y analista Juan Carlos Claret destacó que, aunque la destitución podría justificarse bajo la presión de los colectivos de derechos humanos, no hubo un proceso judicial o administrativo que avalara formalmente la decisión. Según Claret, esto podría llevar al Estado a enfrentar una demanda por despido improcedente y el eventual pago de indemnizaciones.
Ante esta situación, Isabel Amor ha señalado que podría llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque primero tendría que agotar las instancias judiciales nacionales. En este sentido, podría presentar un recurso de protección o demandas contra el Estado chileno por vulneración de derechos. Sin embargo, estos procesos suelen tomar años antes de que la Corte Interamericana tome cartas en el asunto.
El caso Amor ha puesto en evidencia las dificultades que enfrenta la alta dirección pública en Chile, donde cargos técnicos, seleccionados a través de procesos meritocráticos, pueden verse comprometidos por presiones políticas. Este conflicto también genera cuestionamientos sobre la separación entre vida personal y función pública, además del papel que juega la opinión pública en decisiones gubernamentales de esta índole.
La controversia sobre Isabel Amor sigue abierta y plantea un dilema en torno a la transparencia y los derechos de los funcionarios públicos en situaciones donde convergen la política, los derechos humanos y la equidad de género.
Fuente información: Rocío Gambra
