Nuevas reglas para expulsión de extranjeros
Cámara aprueba proyecto que perfecciona procedimiento de expulsión de migrantes y fortalece control del orden público.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que modifica la Ley 21.325, orientada a perfeccionar los procedimientos de expulsión administrativa de extranjeros en situación irregular. La iniciativa, que ahora pasa a su segundo trámite legislativo en el Senado, busca fortalecer las competencias de la Subsecretaría del Interior en materia de orden público y seguridad nacional.
Entre las principales modificaciones, destaca la ampliación de las facultades del Subsecretario del Interior, quien podrá decretar la expulsión de extranjeros no solo por motivos de seguridad interior o exterior, sino también por razones de orden público. Además, se establece que la Policía de Investigaciones (PDI) podrá ingresar al domicilio de la persona sujeta a una orden de expulsión para aprehenderla, siempre que exista autorización del subsecretario y control de legalidad de la Corte de Apelaciones correspondiente.
Este procedimiento deberá ser ejecutado con estrictas normas de respeto, incluyendo la identificación de los funcionarios policiales y la notificación al propietario o encargado del domicilio, así como a la persona aprehendida. Tras la intervención, se entregará una copia de la resolución que autoriza el ingreso.
El ingreso al domicilio estará limitado exclusivamente a la búsqueda de la persona para su detención, garantizando que se generen las menores molestias posibles a los ocupantes.
La iniciativa también refuerza el registro biométrico de extranjeros en situación migratoria irregular. Este procedimiento permitirá registrar los datos de mayores de 18 años en las unidades policiales que cuenten con la tecnología necesaria, incorporándolos al Registro Nacional de Extranjeros. Si una unidad no dispone de dichos sistemas, el infractor podrá ser trasladado a la unidad más cercana, con un plazo máximo de 24 horas para realizar el registro.
En cuanto a las prohibiciones de ingreso, se establece un mínimo de cinco años para quienes hayan sido expulsados, ampliándose a un rango de entre 5 y 10 años para las expulsiones decretadas por el subsecretario del Interior. Además, las personas afectadas tendrán un plazo de cinco días corridos para impugnar la medida.
El proyecto incorpora una nueva causal para el sobreseimiento temporal de investigaciones penales, aplicable cuando el Ministerio del Interior y Seguridad Pública solicite ejecutar una medida de expulsión de manera inmediata. Esta disposición, según sus impulsores, busca agilizar el proceso y permitir una resolución más eficiente en casos complejos.
Desde el oficialismo, se destacó que la propuesta representa un avance en el fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad pública. Señalaron que incluir el orden público como causal de expulsión permitirá agilizar los procedimientos y dotar de herramientas efectivas a las autoridades para enfrentar la migración irregular.
Sin embargo, sectores opositores expresaron reservas sobre la efectividad de estas modificaciones. Advirtieron que, aunque el texto tiene buenas intenciones, no aborda en profundidad los desafíos prácticos de ejecutar expulsiones pendientes ni los incentivos que motivan la migración irregular. También instaron a mejorar los controles fronterizos y fomentar la cooperación internacional.
De manera transversal, se hizo un llamado a garantizar que estas medidas respeten los derechos humanos y el debido proceso, elementos fundamentales en cualquier legislación migratoria.
Con la aprobación de la Cámara, el proyecto será analizado por el Senado en su segundo trámite legislativo. Si es ratificado, se convertirá en una herramienta clave para enfrentar los desafíos que plantea la migración irregular en Chile, asegurando un equilibrio entre el fortalecimiento de la seguridad pública y el respeto a los derechos fundamentales.
Fuente información: https://www.camara.cl/prensa/prensa_cms.aspx
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que modifica la Ley 21.325, orientada a perfeccionar los procedimientos de expulsión administrativa de extranjeros en situación irregular. La iniciativa, que ahora pasa a su segundo trámite legislativo en el Senado, busca fortalecer las competencias de la Subsecretaría del Interior en materia de orden público y seguridad nacional.
Nuevas facultades para el Subsecretario del Interior
Entre las principales modificaciones, destaca la ampliación de las facultades del Subsecretario del Interior, quien podrá decretar la expulsión de extranjeros no solo por motivos de seguridad interior o exterior, sino también por razones de orden público. Además, se establece que la Policía de Investigaciones (PDI) podrá ingresar al domicilio de la persona sujeta a una orden de expulsión para aprehenderla, siempre que exista autorización del subsecretario y control de legalidad de la Corte de Apelaciones correspondiente.
Este procedimiento deberá ser ejecutado con estrictas normas de respeto, incluyendo la identificación de los funcionarios policiales y la notificación al propietario o encargado del domicilio, así como a la persona aprehendida. Tras la intervención, se entregará una copia de la resolución que autoriza el ingreso.
El ingreso al domicilio estará limitado exclusivamente a la búsqueda de la persona para su detención, garantizando que se generen las menores molestias posibles a los ocupantes.
Registro biométrico y plazos de prohibición de ingreso
La iniciativa también refuerza el registro biométrico de extranjeros en situación migratoria irregular. Este procedimiento permitirá registrar los datos de mayores de 18 años en las unidades policiales que cuenten con la tecnología necesaria, incorporándolos al Registro Nacional de Extranjeros. Si una unidad no dispone de dichos sistemas, el infractor podrá ser trasladado a la unidad más cercana, con un plazo máximo de 24 horas para realizar el registro.
En cuanto a las prohibiciones de ingreso, se establece un mínimo de cinco años para quienes hayan sido expulsados, ampliándose a un rango de entre 5 y 10 años para las expulsiones decretadas por el subsecretario del Interior. Además, las personas afectadas tendrán un plazo de cinco días corridos para impugnar la medida.
Facilidad para ejecutar expulsiones en investigaciones penales
El proyecto incorpora una nueva causal para el sobreseimiento temporal de investigaciones penales, aplicable cuando el Ministerio del Interior y Seguridad Pública solicite ejecutar una medida de expulsión de manera inmediata. Esta disposición, según sus impulsores, busca agilizar el proceso y permitir una resolución más eficiente en casos complejos.
Posturas encontradas en la Cámara
Desde el oficialismo, se destacó que la propuesta representa un avance en el fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad pública. Señalaron que incluir el orden público como causal de expulsión permitirá agilizar los procedimientos y dotar de herramientas efectivas a las autoridades para enfrentar la migración irregular.
Sin embargo, sectores opositores expresaron reservas sobre la efectividad de estas modificaciones. Advirtieron que, aunque el texto tiene buenas intenciones, no aborda en profundidad los desafíos prácticos de ejecutar expulsiones pendientes ni los incentivos que motivan la migración irregular. También instaron a mejorar los controles fronterizos y fomentar la cooperación internacional.
De manera transversal, se hizo un llamado a garantizar que estas medidas respeten los derechos humanos y el debido proceso, elementos fundamentales en cualquier legislación migratoria.
Próximos pasos
Con la aprobación de la Cámara, el proyecto será analizado por el Senado en su segundo trámite legislativo. Si es ratificado, se convertirá en una herramienta clave para enfrentar los desafíos que plantea la migración irregular en Chile, asegurando un equilibrio entre el fortalecimiento de la seguridad pública y el respeto a los derechos fundamentales.
Fuente información: https://www.camara.cl/prensa/prensa_cms.aspx
