Recorte de $4.000 millones al SAG genera debate sobre impacto en fiscalización agrícola
Autoridades y gremios expresan preocupación por la reducción de recursos del Servicio Agrícola y Ganadero.
En el último episodio del Política Podcast, conducido por Rocío Gambra, el concejal de Purranque Eduardo Winkler abordó el reciente recorte presupuestario de $4.000 millones al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), medida que ha generado reacciones mixtas en el sector.
La Asociación de Funcionarios del SAG ha anunciado un llamado a paro, denunciando que esta disminución afectará la fiscalización y control sanitario en la producción agrícola y pecuaria, poniendo en riesgo la reputación internacional de Chile en términos de inocuidad alimentaria y exportaciones.
Winkler explicó que el SAG juega un papel clave en la trazabilidad del ganado, el control de plagas y enfermedades, y la fiscalización del uso de químicos en cultivos. La reducción de recursos podría afectar la capacidad del organismo para realizar estas funciones, impactando tanto la seguridad alimentaria como la competitividad del sector exportador.
A pesar de reconocer la necesidad de ajustar los gastos del Estado en tiempos de crisis fiscal, el concejal de Purranque enfatizó que la falta de una reestructuración interna eficiente ha generado burocracia excesiva, afectando la productividad del SAG y, en consecuencia, a los agricultores y ganaderos.
Uno de los puntos críticos mencionados en la conversación fue la disparidad en la aplicación de normativas en distintas regiones del país. Winkler señaló que la fiscalización del SAG varía según la oficina local, con criterios dispares que generan confusión y costos adicionales para los productores.
Además, el concejal criticó la carga administrativa impuesta a los agricultores, quienes deben cumplir con exigencias complejas y trámites innecesarios que dificultan la operatividad del sector.
“Se han puesto más papistas que el Papa. El peso de la regulación siempre recae sobre el productor, y cuando se reducen los recursos del SAG, en lugar de eliminar burocracia, podría afectar la fiscalización y control sanitario”, comentó Winkler.
Si bien el recorte es visto como una medida de austeridad fiscal, Gambra y Winkler coincidieron en que es necesario un rediseño profundo del SAG para evitar que la reducción presupuestaria afecte la calidad del servicio. También destacaron la importancia de mantener programas esenciales, como la erradicación de la brucelosis y el monitoreo de plagas, para garantizar la sanidad agropecuaria en Chile.
El debate sobre la eficiencia del SAG y la necesidad de modernizar su gestión sigue abierto. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los trabajadores del servicio, productores agrícolas y exportadores, quienes esperan que este ajuste no comprometa el prestigio internacional del sector agropecuario chileno.
Fuente información: Rocío Gambra
En el último episodio del Política Podcast, conducido por Rocío Gambra, el concejal de Purranque Eduardo Winkler abordó el reciente recorte presupuestario de $4.000 millones al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), medida que ha generado reacciones mixtas en el sector.
La Asociación de Funcionarios del SAG ha anunciado un llamado a paro, denunciando que esta disminución afectará la fiscalización y control sanitario en la producción agrícola y pecuaria, poniendo en riesgo la reputación internacional de Chile en términos de inocuidad alimentaria y exportaciones.
Preocupaciones y efectos del recorte
Winkler explicó que el SAG juega un papel clave en la trazabilidad del ganado, el control de plagas y enfermedades, y la fiscalización del uso de químicos en cultivos. La reducción de recursos podría afectar la capacidad del organismo para realizar estas funciones, impactando tanto la seguridad alimentaria como la competitividad del sector exportador.
A pesar de reconocer la necesidad de ajustar los gastos del Estado en tiempos de crisis fiscal, el concejal de Purranque enfatizó que la falta de una reestructuración interna eficiente ha generado burocracia excesiva, afectando la productividad del SAG y, en consecuencia, a los agricultores y ganaderos.
Burocracia y diferencias en la fiscalización
Uno de los puntos críticos mencionados en la conversación fue la disparidad en la aplicación de normativas en distintas regiones del país. Winkler señaló que la fiscalización del SAG varía según la oficina local, con criterios dispares que generan confusión y costos adicionales para los productores.
Además, el concejal criticó la carga administrativa impuesta a los agricultores, quienes deben cumplir con exigencias complejas y trámites innecesarios que dificultan la operatividad del sector.
“Se han puesto más papistas que el Papa. El peso de la regulación siempre recae sobre el productor, y cuando se reducen los recursos del SAG, en lugar de eliminar burocracia, podría afectar la fiscalización y control sanitario”, comentó Winkler.
¿Reestructuración o retroceso?
Si bien el recorte es visto como una medida de austeridad fiscal, Gambra y Winkler coincidieron en que es necesario un rediseño profundo del SAG para evitar que la reducción presupuestaria afecte la calidad del servicio. También destacaron la importancia de mantener programas esenciales, como la erradicación de la brucelosis y el monitoreo de plagas, para garantizar la sanidad agropecuaria en Chile.
El debate sobre la eficiencia del SAG y la necesidad de modernizar su gestión sigue abierto. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los trabajadores del servicio, productores agrícolas y exportadores, quienes esperan que este ajuste no comprometa el prestigio internacional del sector agropecuario chileno.
Fuente información: Rocío Gambra
