Fiscalía Económica solicita sanciones máximas para Biomar, Skretting y Salmofood
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó este martes al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la aplicación de las máximas multas posibles contra las empresas Biomar, Skretting y Salmofood, acusándolas de haber sostenido un acuerdo colusorio entre 2003 y 2015 para fijar los precios de los alimentos para salmones. La sanción requerida asciende a un total de $75.500 millones (US 79,8 millones), argumentando la extrema gravedad y prolongada duración del cartel que afectó a uno de los principales insumos de la industria acuícola nacional.
En una jornada clave para la institucionalidad de la libre competencia en el país, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) expuso sus alegatos finales ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), solicitando sanciones ejemplares en contra de tres gigantes de la industria de alimentos para salmones: Biomar, Skretting y Salmofood. La acusación se centra en la ejecución de un único y continuo acuerdo anticompetitivo que se habría extendido por al menos doce años, entre 2003 y 2015.
Durante la audiencia, el Subjefe de la División de Litigios de la FNE, Eduardo Aguilera, detalló la contundencia de las pruebas recabadas durante un largo proceso de investigación que culminó con la presentación de un requerimiento a fines de 2019. Según la Fiscalía, el cartel operó de manera sofisticada y con la participación activa de los más altos ejecutivos de las compañías requeridas, incluyendo gerentes generales, comerciales y de compras.
La evidencia presentada por la FNE, que incluye una serie de correos electrónicos incautados y declaraciones de los propios involucrados, demostraría que el mecanismo de colusión evolucionó con el tiempo. En una primera etapa, las empresas coordinaban directamente los precios de venta de sus productos, intercambiando listas de valores para asegurar un alineamiento en el mercado. Posteriormente, el acuerdo mutó hacia una coordinación centrada en los costos de las materias primas que cada firma reportaba a sus clientes salmoneros, logrando así influir indirectamente en el precio final del alimento.
Este comportamiento, según la FNE, generó una grave distorsión en el mercado, afectando los precios cobrados a las empresas salmoneras, un sector estratégico para la economía chilena y uno de los pilares exportadores del país.
Un elemento central en la investigación fue el mecanismo de "delación compensada". La empresa Ewos (actualmente Cargill), otro actor relevante del sector, se acogió a este beneficio legal y entregó a la FNE antecedentes cruciales sobre el funcionamiento del acuerdo, sus participantes y su duración. La información proporcionada por el delator fue complementada y corroborada a través de medidas intrusivas de investigación, como la entrada y registro de las oficinas de las empresas requeridas, donde se incautó material probatorio clave.
Basándose en la gravedad de la conducta y la extensa duración del cartel, la FNE ha solicitado al TDLC que imponga a cada una de las tres empresas la máxima multa que permitía la ley vigente al momento de cometerse las infracciones. Esta cifra corresponde a 30.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) para cada una, lo que equivale a más de $24.800 millones por compañía. En conjunto, la sanción económica solicitada alcanza los $75.500 millones, cifra que se traduce en aproximadamente 79,8 millones de dólares.
Con la fase de alegatos concluida, el caso queda ahora en manos de los ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Estos deberán ponderar la robustez de la evidencia presentada por la Fiscalía y contrastarla con los argumentos de las defensas de Biomar, Skretting y Salmofood.
Ver requerimiento.
Fuente información: https://www.fne.gob.cl/fne-pide-al-tdlc-que-aplique-maximas-sanciones-a-productoras-de-alimentos-para-salmones-por-colusion-ejecutada-por-mas-de-una-decada/
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En una jornada clave para la institucionalidad de la libre competencia en el país, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) expuso sus alegatos finales ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), solicitando sanciones ejemplares en contra de tres gigantes de la industria de alimentos para salmones: Biomar, Skretting y Salmofood. La acusación se centra en la ejecución de un único y continuo acuerdo anticompetitivo que se habría extendido por al menos doce años, entre 2003 y 2015.
Durante la audiencia, el Subjefe de la División de Litigios de la FNE, Eduardo Aguilera, detalló la contundencia de las pruebas recabadas durante un largo proceso de investigación que culminó con la presentación de un requerimiento a fines de 2019. Según la Fiscalía, el cartel operó de manera sofisticada y con la participación activa de los más altos ejecutivos de las compañías requeridas, incluyendo gerentes generales, comerciales y de compras.
La evidencia presentada por la FNE, que incluye una serie de correos electrónicos incautados y declaraciones de los propios involucrados, demostraría que el mecanismo de colusión evolucionó con el tiempo. En una primera etapa, las empresas coordinaban directamente los precios de venta de sus productos, intercambiando listas de valores para asegurar un alineamiento en el mercado. Posteriormente, el acuerdo mutó hacia una coordinación centrada en los costos de las materias primas que cada firma reportaba a sus clientes salmoneros, logrando así influir indirectamente en el precio final del alimento.
Este comportamiento, según la FNE, generó una grave distorsión en el mercado, afectando los precios cobrados a las empresas salmoneras, un sector estratégico para la economía chilena y uno de los pilares exportadores del país.
La delación que destapó el cartel
Un elemento central en la investigación fue el mecanismo de "delación compensada". La empresa Ewos (actualmente Cargill), otro actor relevante del sector, se acogió a este beneficio legal y entregó a la FNE antecedentes cruciales sobre el funcionamiento del acuerdo, sus participantes y su duración. La información proporcionada por el delator fue complementada y corroborada a través de medidas intrusivas de investigación, como la entrada y registro de las oficinas de las empresas requeridas, donde se incautó material probatorio clave.
Basándose en la gravedad de la conducta y la extensa duración del cartel, la FNE ha solicitado al TDLC que imponga a cada una de las tres empresas la máxima multa que permitía la ley vigente al momento de cometerse las infracciones. Esta cifra corresponde a 30.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) para cada una, lo que equivale a más de $24.800 millones por compañía. En conjunto, la sanción económica solicitada alcanza los $75.500 millones, cifra que se traduce en aproximadamente 79,8 millones de dólares.
Con la fase de alegatos concluida, el caso queda ahora en manos de los ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Estos deberán ponderar la robustez de la evidencia presentada por la Fiscalía y contrastarla con los argumentos de las defensas de Biomar, Skretting y Salmofood.
Ver requerimiento.
Fuente información: https://www.fne.gob.cl/fne-pide-al-tdlc-que-aplique-maximas-sanciones-a-productoras-de-alimentos-para-salmones-por-colusion-ejecutada-por-mas-de-una-decada/
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