Polémica en el Servicio de Impuestos Internos
El Director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Etcheberry, se encuentra en el centro de la controversia tras revelarse una millonaria deuda de contribuciones asociada a su propiedad, un hecho que ha generado amplio debate y cuestionamientos sobre la probidad en las instituciones públicas. La situación se agrava por la posible pérdida de documentos en el proceso de regularización, lo que ha impedido el cobro retroactivo total de los impuestos adeudados.
Según trascendió, Etcheberry habría construido una ampliación en su vivienda sin los permisos correspondientes, lo que resultó en el no pago de contribuciones durante nueve años. Aunque el Director del SII afirmó haber intentado regularizar la situación a través de las instancias pertinentes, se argumenta que los documentos se habrían extraviado dentro del sistema estatal, una situación que, según Etcheberry, afectaría a varias personas más.
Una vez que Etcheberry asumió su cargo en el SII, instruyó la regularización de la tasación de su propiedad. Sin embargo, debido a la normativa vigente, solo se le pudo aplicar el cobro retroactivo de dos años de contribuciones, pese a que la deuda se extendía por nueve años. Esta limitación legal ha encendido las alarmas sobre la efectividad de los mecanismos de cobro y la fiscalización de las propiedades.
La polémica se intensifica al considerar que el Director del SII, la institución encargada de la fiscalización tributaria y de los avalúos fiscales de las viviendas, se encuentre en una situación de subvaloración de su propia propiedad. Esta situación ha sido calificada de "morbosa" y contradictoria, ya que se espera que los altos cargos cumplan con los estándares mínimos de la institución que representan.
Giovanna Moreira, ex Delegada Presidencial Regional, destacó la necesidad de una profunda modernización del Estado para evitar este tipo de situaciones. Moreira enfatizó que la "permisología" y la lentitud en los trámites burocráticos pueden llevar a que las personas, incluso aquellas con buena intención, se vean impedidas de cumplir con la normativa. Comparó la situación con el avance del Registro Civil, que permite realizar trámites en línea de manera expedita, sugiriendo que el resto de las instituciones públicas deberían seguir un camino similar para reducir las trabas y, con ello, la posibilidad de irregularidades.
La discusión también se ha extendido a la eficacia de la comunicación entre las diferentes entidades estatales, como el Poder Judicial y Gendarmería, cuya "arcaica" interacción fue puesta en tela de juicio en un reciente caso de liberación errónea de un sicario. Rocío Gambra, conductora del podcast, y Giovanna Moreira coincidieron en que la falta de mecanismos de contrapeso y la burocracia facilitan la corrupción y el ingreso de redes de crimen organizado a las instituciones.
Además, se abordó la complejidad de fiscalizar las instituciones públicas, mencionando las dificultades que enfrentan concejales y consejeros regionales para obtener información de municipios y gobiernos regionales que no desean ser fiscalizados. La importancia de que las autoridades fiscalizadoras cumplan su rol y sean respetadas en su labor fue subrayada por Moreira, quien hizo un llamado a la transparencia y al aumento de los controles internos para evitar el aprovechamiento de terceros y el mal uso de los fondos públicos.
Finalmente, el debate se conectó con el "Caso Convenios" en la Región de Los Lagos, que involucra al Gobierno Regional, una institución autónoma desde la reforma constitucional de 2021. Giovanna Moreira explicó que, si bien el Gobierno Central no tiene injerencia directa, el caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en todas las esferas del Estado. La condena al ex tesorero del Gobierno Regional de Los Lagos, José Rigoberto Mora Cárcamo, a penas de presidio efectivo, fue citada como un ejemplo de las consecuencias de la falta de controles y fiscalización en el uso de los fondos públicos.
Fuente información: Rocío Gambra
Según trascendió, Etcheberry habría construido una ampliación en su vivienda sin los permisos correspondientes, lo que resultó en el no pago de contribuciones durante nueve años. Aunque el Director del SII afirmó haber intentado regularizar la situación a través de las instancias pertinentes, se argumenta que los documentos se habrían extraviado dentro del sistema estatal, una situación que, según Etcheberry, afectaría a varias personas más.
Una vez que Etcheberry asumió su cargo en el SII, instruyó la regularización de la tasación de su propiedad. Sin embargo, debido a la normativa vigente, solo se le pudo aplicar el cobro retroactivo de dos años de contribuciones, pese a que la deuda se extendía por nueve años. Esta limitación legal ha encendido las alarmas sobre la efectividad de los mecanismos de cobro y la fiscalización de las propiedades.
La polémica se intensifica al considerar que el Director del SII, la institución encargada de la fiscalización tributaria y de los avalúos fiscales de las viviendas, se encuentre en una situación de subvaloración de su propia propiedad. Esta situación ha sido calificada de "morbosa" y contradictoria, ya que se espera que los altos cargos cumplan con los estándares mínimos de la institución que representan.
Giovanna Moreira, ex Delegada Presidencial Regional, destacó la necesidad de una profunda modernización del Estado para evitar este tipo de situaciones. Moreira enfatizó que la "permisología" y la lentitud en los trámites burocráticos pueden llevar a que las personas, incluso aquellas con buena intención, se vean impedidas de cumplir con la normativa. Comparó la situación con el avance del Registro Civil, que permite realizar trámites en línea de manera expedita, sugiriendo que el resto de las instituciones públicas deberían seguir un camino similar para reducir las trabas y, con ello, la posibilidad de irregularidades.
La discusión también se ha extendido a la eficacia de la comunicación entre las diferentes entidades estatales, como el Poder Judicial y Gendarmería, cuya "arcaica" interacción fue puesta en tela de juicio en un reciente caso de liberación errónea de un sicario. Rocío Gambra, conductora del podcast, y Giovanna Moreira coincidieron en que la falta de mecanismos de contrapeso y la burocracia facilitan la corrupción y el ingreso de redes de crimen organizado a las instituciones.
Además, se abordó la complejidad de fiscalizar las instituciones públicas, mencionando las dificultades que enfrentan concejales y consejeros regionales para obtener información de municipios y gobiernos regionales que no desean ser fiscalizados. La importancia de que las autoridades fiscalizadoras cumplan su rol y sean respetadas en su labor fue subrayada por Moreira, quien hizo un llamado a la transparencia y al aumento de los controles internos para evitar el aprovechamiento de terceros y el mal uso de los fondos públicos.
Finalmente, el debate se conectó con el "Caso Convenios" en la Región de Los Lagos, que involucra al Gobierno Regional, una institución autónoma desde la reforma constitucional de 2021. Giovanna Moreira explicó que, si bien el Gobierno Central no tiene injerencia directa, el caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en todas las esferas del Estado. La condena al ex tesorero del Gobierno Regional de Los Lagos, José Rigoberto Mora Cárcamo, a penas de presidio efectivo, fue citada como un ejemplo de las consecuencias de la falta de controles y fiscalización en el uso de los fondos públicos.
Fuente información: Rocío Gambra
