Gendarmería remueve a director regional y suspende a funcionarios tras liberaciones de reos
Este jueves, el director nacional subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez, anunció la remoción del director regional de Atacama y la suspensión de funcionarios en Copiapó y La Serena, además de la formulación de cargos en el sumario por la liberación indebida de un imputado en Temuco. Las medidas responden a una serie de irregularidades y negligencias en el procesamiento de órdenes judiciales que resultaron en la libertad de personas que debían permanecer bajo custodia.
El alto mando de Gendarmería de Chile anunció este jueves 14 de agosto la adopción de drásticas medidas administrativas a raíz de una serie de graves irregularidades que permitieron la liberación indebida de reclusos en las regiones de Atacama, Coquimbo y La Araucanía.
En un punto de prensa, el director nacional subrogante de la institución, Rubén Pérez, confirmó que, tras informar detalladamente al ministro y al subsecretario de Justicia, se ha procedido a la remoción del director regional de Gendarmería en Copiapó y a la designación de un nuevo jefe regional en La Serena, quien asumirá sus funciones la próxima semana.
Estas decisiones se suman a la suspensión de los funcionarios directamente involucrados en los penales de Copiapó y La Serena, quienes, según los antecedentes preliminares, habrían incurrido en negligencias. Pérez calificó estos hechos como una "revisión desprolija de órdenes provenientes de los tribunales de justicia y la falta de cotejo respecto de causas pendientes".
Adicionalmente, la autoridad se refirió al caso ocurrido el pasado 12 de julio en Temuco, donde el imputado por estafa Giovanny Lillo Maltés fue puesto en libertad desde la misma sala de audiencias del tribunal, pese a existir una orden judicial explícita para su ingreso a prisión preventiva. Respecto a este incidente, Pérez informó que el sumario administrativo "se encuentra muy avanzado" y "ya está en etapa de formulación de cargos". A diferencia de los casos del norte, este fue catalogado como una "liberación defectuosa de carácter operativo", que "dice relación con la debida concentración y atención" a las instrucciones de la magistrada.
El caso de Lillo Maltés se remonta a 2021, cuando fue denunciado por estafa en la comuna de Los Lagos. Tras eludir a la justicia y ser declarado prófugo, fue finalmente detenido el 12 de julio en Temuco. El Juzgado de Garantía de Los Lagos había exhortado al tribunal de Temuco para que decretara su prisión preventiva, a fin de que compareciera por videoconferencia. Sin embargo, un funcionario de Gendarmería le retiró las esposas y le permitió abandonar el recinto, siendo encontrado al día siguiente para su audiencia, la cual realizó telemáticamente desde su domicilio.
El director (s) enfatizó que desde que se tomó conocimiento de estas situaciones, se instruyeron los sumarios de rigor y se efectuaron las denuncias correspondientes al Ministerio Público. "Con severa autocrítica, vamos a persistir en aquello [perfeccionar procedimientos] en todas las unidades del país", aseguró Pérez.
Finalmente, la autoridad distinguió estos hechos de otros casos de mayor connotación, como el denominado "caso Sicarios", aclarando que los sujetos liberados en Temuco, Copiapó y La Serena "no pertenecen a organizaciones criminales o al crimen organizado".
Fuente información: Agencia MI / Comunicaciones Poder Judicial
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El alto mando de Gendarmería de Chile anunció este jueves 14 de agosto la adopción de drásticas medidas administrativas a raíz de una serie de graves irregularidades que permitieron la liberación indebida de reclusos en las regiones de Atacama, Coquimbo y La Araucanía.
En un punto de prensa, el director nacional subrogante de la institución, Rubén Pérez, confirmó que, tras informar detalladamente al ministro y al subsecretario de Justicia, se ha procedido a la remoción del director regional de Gendarmería en Copiapó y a la designación de un nuevo jefe regional en La Serena, quien asumirá sus funciones la próxima semana.
Estas decisiones se suman a la suspensión de los funcionarios directamente involucrados en los penales de Copiapó y La Serena, quienes, según los antecedentes preliminares, habrían incurrido en negligencias. Pérez calificó estos hechos como una "revisión desprolija de órdenes provenientes de los tribunales de justicia y la falta de cotejo respecto de causas pendientes".
Adicionalmente, la autoridad se refirió al caso ocurrido el pasado 12 de julio en Temuco, donde el imputado por estafa Giovanny Lillo Maltés fue puesto en libertad desde la misma sala de audiencias del tribunal, pese a existir una orden judicial explícita para su ingreso a prisión preventiva. Respecto a este incidente, Pérez informó que el sumario administrativo "se encuentra muy avanzado" y "ya está en etapa de formulación de cargos". A diferencia de los casos del norte, este fue catalogado como una "liberación defectuosa de carácter operativo", que "dice relación con la debida concentración y atención" a las instrucciones de la magistrada.
El caso de Lillo Maltés se remonta a 2021, cuando fue denunciado por estafa en la comuna de Los Lagos. Tras eludir a la justicia y ser declarado prófugo, fue finalmente detenido el 12 de julio en Temuco. El Juzgado de Garantía de Los Lagos había exhortado al tribunal de Temuco para que decretara su prisión preventiva, a fin de que compareciera por videoconferencia. Sin embargo, un funcionario de Gendarmería le retiró las esposas y le permitió abandonar el recinto, siendo encontrado al día siguiente para su audiencia, la cual realizó telemáticamente desde su domicilio.
El director (s) enfatizó que desde que se tomó conocimiento de estas situaciones, se instruyeron los sumarios de rigor y se efectuaron las denuncias correspondientes al Ministerio Público. "Con severa autocrítica, vamos a persistir en aquello [perfeccionar procedimientos] en todas las unidades del país", aseguró Pérez.
Finalmente, la autoridad distinguió estos hechos de otros casos de mayor connotación, como el denominado "caso Sicarios", aclarando que los sujetos liberados en Temuco, Copiapó y La Serena "no pertenecen a organizaciones criminales o al crimen organizado".
Fuente información: Agencia MI / Comunicaciones Poder Judicial
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